[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/08/seguridad-nacional-plx1.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional. Así lo revela la Agenda Nacional de Riesgos –elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reservada por 12 años–, con copia en poder de Contralínea.
El saldo para todos y cada uno de estos movimientos –así como los opositores a la minería o a los proyectos de infraestructura; también para los que se encuentran en defensa del territorio y medio ambiente y las policías comunitarias– ha sido ser víctimas de represión, espionaje, acoso, abuso de poder, congelamiento de cuentas, detenciones, judicialización y criminalización de la protesta social, encarcelamiento, desaparición, asesinato.
En la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.
La versión de este análisis, para el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoce que las reformas educativa y laboral son de los ejes principales que han movilizado al país. Focaliza los movimientos desde 1999, con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los estudiantes que se opusieron al cobro de cuotas en la universidad pública más importante del país.
En 2013, el capítulo “Ingobernabilidad por movimientos sociales” se encontraba en el escaño sexto de la lista de temas revisados por el Cisen –bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert–; sin embargo, el acceso a los escalafones de la Agenda de 2015 permite observar que la movilización social se ha convertido en el segundo tema de importancia para el gobierno de Peña Nieto, sólo por debajo de la “delincuencia organizada”.
Martín Esparza Flores, secretario general del SME, dice en entrevista que el acoso en contra de los movimientos sociales es “histórico, hay antecedentes en el país de la forma en cómo buscan acabar con un movimiento: primero, se meten, lo dividen, criminalizan y cuando ven el momento ocupan la fuerza del Estado. Recientemente vimos Nochixtlán, vimos la desaparición de los 43 normalistas, mineros asesinados, electricistas golpeados; ¿cuántos dirigentes sociales indígenas en la cárcel o asesinados?”
Riesgo para la seguridad nacional, “así nos han catalogado”, dice el líder de los electricistas, quien asegura que hay un seguimiento permanente del Cisen contra todos los dirigentes, los movimientos y organizaciones sociales.
Esparza Flores expone: “En nuestro caso, hay un expediente grandísimo del Cisen, nos tienen identificados como un riesgo para la seguridad nacional de este país. Cada que se detenía a un compañero [después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en 2009], las primeras fotos que le pasaban en la cárcel era mía o de los otros compañeros del Comité; incluso, buscaban que los trabajadores dijeran que habíamos sido nosotros que los mandábamos a una movilización. Lo hacían para poder escalar en las averiguaciones contra del Comité Central del sindicato. A algunos les ofrecían trabajo en CFE [Comisión Federal de Electricidad], casas, bienestar para sus familias, con tal y que declararan en contra. Afortunadamente, los trabajadores muy conscientes decían categóricamente: no somos delincuentes, nos estamos manifestando y es un derecho que tenemos para exigir que nos regresen nuestro trabajo”.
Con un nivel de riesgo medio (3.6), el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas.
“El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad.”
El documento de inteligencia hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el documento– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic).
Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección XVII de la CNTE, hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el sector educativo desde 2012: “ha habido un sin número de compañeros detenidos de la disidencia magisterial, manifestaciones que han llegado a la muerte en Chiapas y Oaxaca (Nochixtlán).
Además, suma el conflicto “histórico” de las normales rurales [cada año, los alumnos de estas escuelas salen a las calles en reclamo de mayor presupuesto y mejoría en los espacios que ocupan y la ampliación de la matrícula] y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
“Por defender la educación pública, 64 luchadores sociales han estado en la cárcel. México ya vive una condición difícil; demandamos que el gobierno federal cese la represión, que se busque una solución distinta a la agresión y se deje de golpear al movimiento social para que se pueda ver cómo se resuelve el conflicto”, comenta Zavala Hurtado.
Desde el 15 de mayo pasado, el magisterio adherido a la CNTE se encuentra en paro de labores a nivel nacional. Líderes de la disidencia magisterial, como Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –principal bastión de la CNTE–; Francisco Villalobos, de Organización; Aciel Sibaja, de Finanzas y Heriberto Margarito López, representante regional del Istmo de Tehuantepec, fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, y luego trasladados a Cefereso de Mengolí, en Miahuatlán, Oaxaca. Entre los cargos que se les atribuía: lavado de dinero. De éstos, los últimos en ser liberados fueron Núñez Ginés y Villalobos, el pasado 12 de agosto.
La agenda también menciona que supuestamente hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales como el magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de los derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales”.
Indica que existe una percepción social de ausencia de autoridad por la inacción gubernamental ante acciones radicales de movimientos sociales en determinadas zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estos últimos gobernados por el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, el priísta Fausto Vallejo Figueroa y el aliancista Gabino Cué Monteagudo, respectivamente.
Añade que ha habido una “provocación de la violencia como argumento para actualizar el discurso sobre la ‘regresión autoritaria’”. Además, de que hay una “tendencia creciente a transgredir el estado de Derecho como mecanismo de presión hacia las autoridades” (sic).
Ejemplifica con el conflicto magisterial en Guerrero y Oaxaca; así como de normalistas, en Michoacán (previo a la realización de esa Agenda, en octubre de 2012 se habían detenido a 176 estudiantes de las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío; la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías y delincuentes).
El documento del Cisen incluye los “actos vandálicos” del 1 de diciembre de 12 (cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República) y la toma de instalaciones de la UNAM.
Según el Cisen, los principales movimientos frentistas antigubernamentales son: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Éste es uno de los pasajes que se pueden apreciar en la Agenda. Los líderes de cada uno de estos movimientos han sido criminalizados y judicializados.
Leonel Rivero, abogado y coordinador general de la organización Defensa estratégica en derechos humanos, AC, dice que desde hace varios años ha llevado la defensa de algunos luchadores sociales, como los de la huelga de la UNAM (1999); luego, en el 2006, acompañando a Atenco, y ahora, con los líderes de la CNTE, se han percatado de que “el Estado ha venido perfeccionando sus métodos de contención de la protesta social: criminalizándola a partir de establecer acusaciones con base en delitos que en su momento han generado gran impacto social en toda la población, como la utilización de la imputación de secuestro. Acusar a un activista de secuestro lleva como objetivo el despertar o revivir en la sociedad experiencias que ha pasado y eso tiene un fuerte impacto de condena mediática”.
En su análisis, dice que “esa situación es sumamente complicada, es grave la forma en cómo se ha utilizado el secuestro y la asociación delictuosa. A ello, se suma que los envíen a cárceles de alta seguridad y a lugares que están como mínimo a mil kilómetros de distancia, lo que implica sacarlos de su base social y desarraigarlos de su gente; por ejemplo, el encarcelamiento de los líderes de la CNTE”.
De la defensa del territorio a las reformas estructurales, comunidades y organizaciones se han manifestado y los intentos por desbaratar los movimientos sociales han dejado muertos, sangre y encarcelamiento.
Sofía de Robina Castro, abogada del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice en entrevista que en defensa de los derechos humanos, podemos ver cómo las movilizaciones sociales son un reflejo de lo que vive el país, de la crisis en la que estamos, y cada vez más las calles se convierten en un espacio en donde se vierte todo ese descontento social.
“Vemos, tristemente, la respuesta que hay de parte del Estado: una respuesta autoritaria. Lejos de permitir que se desahoguen y se ventilen todas las problemáticas, de atenderlas y de resolver, se generan mayores violaciones a través de detenciones arbitrarias, incluso muertes y ejecuciones, como en Nochixtlán [Oaxaca]. Se limita el espacio social. Nos preocupa que ante una situación de crisis la respuesta del Estado sea tan autoritaria”, comenta la defensora de derechos humanos.
En 2006, la defensa del territorio en San Salvador Atenco, Estado de México, y la entrada de la policía a las tierras del poblado, provocó la muerte del estudiante de Economía de la UNAM Alexis Benhumea, y el encarcelamiento de los líderes del FPDT. Las sentencias impuestas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo (opositores a la construcción del aeropuerto en sus tierras) llegaron a rebasar los 100 años. La lucha por la excarcelación duró 4 años y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe a la población fue dado durante la administración de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, impactó en 66 mil empleados de la compañía estatal. El sindicato, considerado uno de los más fuertes del país y con mayor tradición en la defensa de los derechos laborales, perdió a 27 mil 401 de sus agremiados, porque logaron dividirlos. La base fue reducida a 16 mil 599 trabajadores, ante el acoso permanente que se llevó a cabo a través de campañas mediáticas, el cierre de los empleos y amenazas de imposibilidad de reinsertarse en el campo laboral.
La relación de las administraciones priístas y panistas en el gobierno con sindicatos o movimientos sociales es la misma, afirma Esparza Flores, porque mantienen la misma política económica, “el objetivo es el mismo: se ocupa la fuerza del Estado para reprimirte, hacerte a un lado, criminalizarte y administrar los conflictos”.
La Agenda Nacional de Riesgos hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.
Asimismo, manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.
Hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.
Nestora Salgado, líder y comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue encarcelada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro.
En entrevista con Contralínea, dice que ha sido muy difícil pelear contra el Estado, que “es quien te acusa y fabrica delitos. Yo nunca debí pisar la cárcel, porque nunca cometí un delito, nunca estuve fuera de la ley. La policía comunitaria en Guerrero es reconocida y respaldada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.
“La policía comunitaria es algo que necesitamos en los estados y las comunidades. La delincuencia organizada está matando a nuestra gente y ha rebasado al Estado. No nos queda más que protegernos, buscar la forma de defender a nuestra gente y a nuestras familias.”
Considera que México está atravesando una “terrible crisis”, y en todo el país se vive abuso de autoridad y violación a los derechos humanos. “El Ejército y el gobierno mismo están violando todas las leyes; nos está fallando el Estado, nos está matando, nos está reprimiendo por ejercer el derecho a la vida, a la educación, a la salud”, dice.
La Agenda Nacional de Riesgos también califica como tema de seguridad nacional la “violencia derivada de las pugnas por tierras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca)”.
Los conflictos socioambientales se han incrementado en los últimos años. Analistas han contabilizado más de 300 en todo el país; y aseguran que su detonante es la amenaza de despojo a la que se enfrentan comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos, principalmente.
El investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, indica que las causas de estos conflictos son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. “Ante ello, los organismos estatales, por lo general se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.
El investigador identifica que hasta el momento afectan a 180 municipios en todo el país. Los casos de conflictos socioambientales se pueden dividir de la siguiente forma: biotecnológico, nueve; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12; y urbano, 17.
Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza, se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo (Contralínea 493).
El documento del Cisen indica que hay una débil capacidad de administración y gestión de gobiernos estatales y municipales para atender conflictos sociales y políticos (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca).
Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, asegura que se ha intensificado la violación de derechos humanos en el país. “Es doblemente preocupante, la gente está reaccionando. Cuando vemos los bloqueos que están haciendo en Oaxaca, no solamente es por Oaxaca, hay que darle la lectura clara de que hay un ejercicio muy injusto de la distribución de la riqueza, del uso y el derecho para el disfrute de las garantías, nos queda claro que los vacíos van aumentando”.
Con respecto de la participación de las organizaciones no gubernamentales en los movimientos sociales dice: “es claro que incomodamos, no sólo con el gobierno federal, también con el local. Si las cosas siguen así, todo este contexto de violencia nos va a rebasar. Como organizaciones somos útiles, pero estorbamos [al poder]. Las organizaciones somos el eslabón, la línea fronteriza de lo que está pasando”.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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Contralínea 503 / del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 2016
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