El efecto Trump y el gasolinazo agudizan la crisis económica de México. El gobierno tiene dos rutas: profundizar el neoliberalismo al tiempo que reprime las protestas o cambiar el modelo para incentivar el mercado interno. La balanza se inclina a la primera opción

En medio del estancamiento, dos factores vuelven casi inviable la economía mexicana para lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto: el llamado gasolinazo –impulsado por la administración federal– y las políticas en contra de México que promueve Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Ambos factores se insertan en un contexto nacional de deterioro de las condiciones económicas, explica a Contralínea la doctora en economía María de la Luz Arriaga Lemus. También, condicionan los próximos 2 años a una crisis que resentirán los bolsillos de las mayorías.

“Realmente no hay crecimiento económico: estamos en alrededor de un 2 por ciento, cuando la población crece más; tenemos un gran desempleo; una pérdida del poder adquisitivo no sólo en términos del salario directo, sino del salario social, con restricciones en los gastos en salud, educación, etcétera; además de una creciente concentración de la riqueza y una gran desigualdad.”

La tendencia regresiva en México es preocupante, pues se conduce hacia niveles de desigualdad e inequidad similares a los de 1935, “cuando alrededor del 75 por ciento del ingreso nacional le correspondía a los ingresos por capital, mientras que el restante 25 por ciento era repartido entre la población trabajadora”, indica el Informe anual del Observatorio de Salarios 2016. Los salarios y la desigualdad en México, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

Según el análisis, de 1976 a la fecha el salario mínimo ha perdido el 80 por ciento de su poder de compra impactando a toda la estructura de trabajadores. Además, de 2005 a 2016, la población asalariada mostró una tendencia a adquirir menos canastas alimentarias.

La doctora Arriaga Lemus explica que la actual crisis se debe a que quienes han gobernado el país promueven políticas para que la economía sea más vulnerable y dependiente de la de Estados Unidos.

Para la investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, “la apertura de la economía ha sido intencional: darle facilidades al capital trasnacional para que entre irrestrictamente en cualquier rama de la industria, en cualquier servicio e incluso en la educación y la salud. Eso es intencional”.

Así es como se explica la tendencia a profundizar el modelo neoliberal con políticas públicas dañinas para la mayoría de los mexicanos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las llamadas reformas estructurales, en particular la energética.

Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía, explica a Contralínea que la subordinación de México a Estados Unidos es resultado de un proceso que se inició a fines del siglo XX: “una integración subordinada que terminó convirtiéndose en una dependencia increíble: hemos perdido la capacidad de ser autosuficientes en elementos muy importantes para cualquier país, como en los alimentos (el campo está devastado; los únicos que han ganado son pequeños núcleos de agroexportadores, en los cuales están metidas las corporaciones extranjeras), la energía, el mercado laboral (bajos salarios y una expulsión enorme de fuerza de trabajo al extranjero) y el sector financiero”.

De este último punto, advierte que los destinos del uso de los flujos de capital están determinados casi en 90 por ciento por bancos extranjeros, que cobran altas utilidades porque aseguran que tienen un gran riesgo, a pesar de que están subsidiados. “La banca se extranjerizó, se remató y, con todo y eso, se sigue pagando el famoso rescate”.

El gasolinazo

A este deterioro de las condiciones económicas se suman los efectos negativos del alza al precio de los combustibles –producto de la anticipada liberalización– y de las políticas de Trump.

“El gasolinazo es la gota que derrama el vaso. Es el ejemplo claro de cómo deprimieron la producción de gasolinas: las refinerías están funcionando al 40 por ciento de su capacidad en un momento en el cual estamos importando [la mayoría del consumo]. Eso es carísimo”, señala en entrevista la doctora Arriaga Lemus.

En su ensayo El gasolinazo: atraco al pueblo en plena luz del día, el doctor en economía Alejandro Álvarez Béjar señala que el adelanto de la liberalización del precio de los energéticos es el primer paso para la apertura al capital privado, nacional y extranjero, del mercado interno de petrolíferos. El negocio ronda los 70 mil millones de dólares anuales.

Para el investigador y académico de la UNAM, con este nuevo esquema de alza de precios, el gobierno recaudará –a través de los impuestos especial a la producción y los servicios y al valor agregado–casi 300 mil millones de pesos, además de beneficiar a grandes grupos monopólicos privados, nacionales y extranjeros.

El alza de los precios de los combustibles afecta directamente el mercado interno, al alterar los precios de productos –en especial los de primera necesidad: canasta básica y medicamentos– y servicios. La afectación es para los consumidores finales, que además tienen un salario pulverizado.

A la par de la liberalización del mercado de combustibles, el académico Juan José Dávalos observa que hay una problemática vinculada a los créditos que propició la reforma energética. “El mayor error estuvo en que auguraron que ese modelo de reforma energética, además de darles ingresos a los privados, daría recursos al gobierno y, optimistamente, se pusieron a contratar deuda e inflaron las expectativas. Y la realidad es que ese modelo fracasó”.

Trump quebrará el neoliberalismo mexicano

Vigente desde 1982, el modelo neoliberal aplicado en el país –que sólo ha beneficiado entre el 3 y el 5 por ciento de la población– tiene efectos desastrosos, como el hecho de que el trabajo informal se acerca a un 60 por ciento del total de la población económicamente activa, observa el doctor en estudios sociales José Valenzuela Feijóo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su ensayo Unidad nacional: ¿para qué y entre quiénes?, advierte que “las perspectivas [económicas] para los próximos 2 años [los últimos del gobierno de Peña Nieto] son aún peores”.

Ello, porque a partir de la política proteccionista y de reestructuración del TLCAN, el triunfo de Trump en Estados Unidos podría provocar un serio quebranto en el funcionamiento del neoliberalismo mexicano. Para el académico de la UAM, la política económica del presidente estadunidense dañará seriamente ese modelo económico que tanto ha beneficiado a la cúpula neoliberal mexicana.

En lo que resta de este gobierno, “no vamos a crecer, no va a haber más riqueza, no va a haber mejores pensiones ni mayor intervención del Estado, a menos que los mexicanos peleemos y tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra economía, en una integración respetable para México y un replanteamiento del desarrollo en América del Norte”, dice en entrevista, el economista Juan José Dávalos.

“Lo que viene es una situación de abuso: es la precariedad de dos terceras partes de la población mexicana”. Para los próximos meses se espera un empeoramiento de la economía, advierte. “Eso ya lo estamos viendo con el ahorcamiento presupuestal del gasto del Estado para el presupuesto 2017, que tiene que ver en gran medida con el pago de deudas al extranjero”.

La doctora María de la Luz Arriaga considera que “lo que nos espera en los próximos 2 años va a ser un periodo muy difícil: va a prevalecer la incertidumbre de hasta dónde Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio, que ya era adverso para México y que ahora va a ser peor”.

Y es que, explica, en vez de crear muchos empleos, el Tratado “nos hizo más dependientes. Muchas de las empresas productoras se convirtieron en comercializadoras: ya no hay fábricas y eso nos hace más dependientes. El campo mexicano está igual: dependemos mucho de la compra de alimentos”. Actualmente, el gobierno admite que el 94 por ciento de las semillas que se consumen en México son importadas.

“El TLCAN abrió totalmente nuestra economía buscando que hubiera mayor exportación de manufacturas a Estados Unidos pero, por las asimetrías que hay entre la economía mexicana, estadunidense y canadiense, lo que hizo fue que las pocas empresas mexicanas que fabricaban con niveles de alta productividad empezaran a quebrar, y lo que hubo fue fusiones con las grandes empresas trasnacionales. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Las trasnacionales, como la industria automotriz”.

Profundización del abuso, ruta que escoge el gobierno

Ante este panorama crítico, el gobierno federal tendría dos salidas: la primera de ellas, que es hacia la cual se está inclinando, desfavorece al pueblo al profundizar el neoliberalismo por la vía autoritaria; la segunda, es abandonar el actual modelo económico para incentivar el mercado interno.

Para la doctora Arriaga Lemus, la salida totalmente autoritaria se daría en un contexto en el cual aumenta la protesta social. Esta vía podría propiciar una reactivación de la política neoliberal mucho más agresiva. “Es decir, que nos deje en peores condiciones de dominio sobre nuestros recursos frente a economías como Estados Unidos. Y hacia eso están caminando [los representantes del gobierno federal]”.

La académica advierte que la nueva Ley de Seguridad Interior –que aún se discute en el Congreso–, que busca justificar que el Ejército esté en las calles, es parte de esa ruta autoritaria.

“Si siguen apostando a un mayor despojo, pues la gente ya no está en condiciones de soportarlo. Las protestas frente al gasolinazo fueron una llamada de atención fuerte. Porque ni siquiera con las protestas de los maestros los últimos 3 años se vieron tan preocupados. Ahora sí era la población en general y en todo el país.”

Para México, la otra salida –que está siendo ignorada por el gobierno– consiste en una reformulación del modelo que apueste al mercado interno en el desarrollo económico, y debe estar empujada desde los sectores populares, indica la doctora en economía.

“Tiene que cambiar el modelo económico. No es fácil: modificar la estructura productiva que se tenía para hacernos más vulnerables, hoy dependientes, tomó 25 años. Regresar o mover el modelo para que haya una producción para el mercado interno, pues va a tardar; no es una solución de corto, sino de mediano plazo. Puede ser menos de 25-30 años, y hay medidas inmediatas que ayudarían a cambiar el modelo, como invertir en la industria de la refinación de petróleo.”

La doctora Arriaga Lemus indica que la inversión debe ser pública, porque la privada no genera empleos ni hace más productiva la economía mexicana: “llega nada más a fusionar, a comerse a las empresas que ya están establecidas. No crea nuevas empresas”. Además, recorta personal.

“El mercado interno no quiere decir sólo que haya más producción, sino que para que el mercado interno funcione tiene que haber consumo y para eso debe haber poder adquisitivo: aumentos salariales, empleo. Y para que haya empleo tiene que  haber inversión: es un círculo y no va a venir del sector privado, tiene que venir del público.”

Para que eso pase, dice, “tienen que dejar de mentir, dejar de decir que no hay dinero, porque sí hay: México genera mucha riqueza. Pero, dónde está: tenemos una deuda pública externa e interna que se lleva la riqueza al extranjero o a la especulación financiera. Quienes han ganado son precisamente los capitalistas que están en esos sectores; esto es muy importante, porque sí hay dinero”.

Ante la crisis que se avecina, la preocupación que muchos tienen es qué hacer, detalla la doctora Arriaga Lemus. “Hay que luchar. No hay de otra.  Hay que organizarse, porque en lo individual puedes encontrar algunas salidas –no endeudarte en dólares, no aceptar créditos en dólares o con tasas movibles de interés; comprar dólares o divisas; invertir en bienes raíces por la volatilidad–, pero estas soluciones tienen un límite muy acotado y no son suficientes porque este problema nos rebasa”.

Gobierno recorta 118 mil millones a programas prioritarios de desarrollo social

Los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación y otros subsidios destinados a los mexicanos más pobres sufrieron un severo recorte en el Presupuesto de Egresos 2017. Entre éstos, destaca el Seguro Popular, que tiene como principal objetivo dar cobertura en salud a los millones de personas en situación de miseria.

Pese a ser considerado como fuertemente prioritario por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a dicho programa se le destinará un presupuesto 6 mil 734.7 millones de pesos menor al de 2016, revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

También catalogados como prioritarios, otros programas afectados por la “austeridad” gubernamental son: Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, al que se le aprobaron 6 mil 567.7 millones menos que el año pasado; Tratamiento de Aguas Residuales, al que definitivamente no se le asignaron recursos directos para 2017, pues fue fusionado con el primero.

A la lista de programas altamente prioritarios que registran reducciones en sus asignaciones presupuestales se suman los programas de Infraestructura, con 5 mil 300 millones de pesos; Seguro Médico Siglo XXI, con una reducción de 729.9 millones de pesos; de Apoyo a la Vivienda, con un presupuesto menor en 500 millones; Pensión para Adultos Mayores, con un déficit de 486 millones; PROSPERA Programa de Inclusión Social, con un recorte de 143.2 millones; y Comedores Comunitarios, con una merma de 91 millones de pesos.

Para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, destaca la reducción al Programa de Infraestructura Indígena –catalogado por Coneval como ligeramente prioritario–, al que se le recortaron 5 mil 326.5 millones de pesos. La importante contracción presupuestal se da a pesar de su contribución a la creación de infraestructura básica, considera el análisis, “pues su objetivo es brindar apoyos para la construcción de obras de infraestructura, principalmente de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades indígenas”.

De acuerdo con el análisis, los recursos de 2017 para desarrollo social prácticamente se mantuvieron igual que los de 2016, “pues el monto aprobado se redujo sólo en 0.1 por ciento en términos reales”. No obstante, los recursos aprobados para pensiones y jubilaciones aumentaron a tasa real 16.1 por ciento y los recursos para los programas sujetos a reglas de operación y otros subsidios cayeron, en términos reales, 18.1 y 35.6 por ciento, respectivamente.

Estos últimos  pasaron de un presupuesto de 478 mil 735.9 millones de pesos en 2016, a uno de 360 mil 602.4 millones en 2017, esto es que se redujeron sus recursos en 118 mil 133.5 millones, lo que en términos reales significa una caída del 27.1 por ciento.

Nancy Flores

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CAPITALES]

Contralínea 527 / del 19 al 25 de Febrero 2017