A pesar de la creciente cooperación internacional que ha recibido el Estado mexicano, su estrategia de seguridad pública colapsó. No detuvo la escalada delictiva pero sí sometió su agenda a intereses extranjeros

La creciente sensación de temor que llega al pánico hizo de la inseguridad un eje del debate político y social en México. En este clima, se estimuló la cooperación con otros Estados y organismos financieros internacionales. México mantiene con distintos países e instituciones financieras cerca de 133 acuerdos, tratados y convenios de cooperación en seguridad pública; sin embargo, tal cooperación internacional no se ha traducido en una percepción de mayor seguridad entre los ciudadanos de este país.

“México se convirtió en el campeón mundial en la firma de esos instrumentos internacionales, pero hay un ‘tratado madre’, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que fortaleció la dependencia y la subordinación policiaco-militar de este país”, explica el investigador en seguridad nacional José Luis Piñeyro.

Combatir a la delincuencia organizada –cuyos efectos más nocivos a nivel cuantitativo se expresan en el narcotráfico o en el terrorismo– es el objetivo aparente de esos acuerdos firmados particularmente con Estados Unidos. No obstante, la aplicación de esos instrumentos no garantiza la reciprocidad que establece el derecho internacional. Resulta impensable que funcionarios mexicanos supervisen cómo se controla el flujo de armas o las campañas antidrogas en Estados Unidos, señala el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En su opinión, la estrategia criminal que ha emprendido el gobierno federal “cojea por muchas partes”. La principal: que el crimen organizado no sólo se combate por la fuerza pública, sino que debe incorporar cinco principales tácticas: acompañar sus acciones con una campaña permanente de reducción del consumo de drogas y otra campaña para rehabilitar a los miles de adictos. De forma paralela, debe emprender acciones contra el ámbito financiero del crimen organizado, así como contra su patrimonio y, finalmente, incorporar la participación social en esta estrategia.

El juego perverso

El actual escenario de la seguridad pública muestra que México quedó a la zaga de América Latina en este tema, pues fue de los últimos en abordar esta cuestión de forma separada al concepto de seguridad nacional, aprecia la doctora Jesica María Vega Zayas. En las postrimeras del siglo pasado, los organismos financieros internacionales comenzaron a influir en los Estados (totalitarios o dictaduras) para avanzar hacia la democracia; las instituciones comenzaron a abrirse a la participación social.

Esto implica un “juego perverso”, porque el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones ofrecieron más recursos a los gobiernos a cambio de realizar diversas reformas. El “juego perverso”, abunda Vega Zayas, radica en que muchos de los Estados comenzaron a manipular los indicadores de bienestar, pues no estaban convencidos de los beneficios que les acarrearía la democracia.

Les atraían los recursos que les ofrecían esos organismos y el “juego” de esos regímenes se centró en hacer parecer que los problemas se atendían, como el de la seguridad pública. Señala Vega: “Todo terminó siendo superficial en una figura por la que aparentemente se realizaron acciones, pero que no permearon en los ciudadanos”.

Al desmantelarse el esquema totalitario de algunos regímenes, los espacios de poder que ocupaba antes el Estado fueron sustituidos por nuevos actores. En algunos países, no siempre lo hicieron los actores “más adecuados, más constructivos y propositivos, sino la delincuencia organizada”. Ese escenario es el que agudizó la polarización social, característica común de América Latina.

Según Vega Zayas, la seguridad pública se convirtió entonces en un “círculo vicioso”, pues quienes no tenían algo tuvieron más oportunidad de obtenerlo, y para lograrlo emplearon las estrategias que tenían a la mano. Este proceso no fue aprovechado por los sectores más pobres, sino por quienes tuvieron más recursos para escalar en la violencia.

Actualmente, es necesario lograr la transparencia en la acción de las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública. Esa rendición de cuentas, como parte de la legalidad, requiere construir más ciudadanía, afirma la autora de la investigación La seguridad pública en la era moderna y contemporánea.

El secreto

La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que nació en 2001 luego de que su misión se separó de la Secretaría de Gobernación, opera, como una de sus atribuciones, los pactos internacionales y lo hace a través de su Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI). Conforme al artículo 20 del Reglamento Interior de la SSP (del 12 de marzo de 2007), corresponde a esa Dirección promover la interlocución internacional de la SSP para ejecutar acciones en políticas públicas y operativas.

Además, ese ordenamiento la faculta para obtener y generar información confiable en temas de interés estratégico, así como establecer y operar canales de comunicación y vinculación del secretario con agencias gubernamentales y policiales extranjeras, para facilitar el flujo internacional de información, entre otros. Esa actividad también se contempla en el “Eje rector 1” del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece convenios de colaboración en el ámbito internacional para hacer más eficiente el combate al crimen organizado y prevenir la impunidad.

De acuerdo con el PND, al suscribir diversos instrumentos internacionales, México también contribuye a la seguridad internacional. Cuando la SSP federal pone en práctica los conceptos que establece esa red de relaciones entre Estados y organismos, se crean políticas públicas. No obstante, al revisar el índice de expedientes que esa Secretaría ha reservado, se muestra que esos vínculos no son totalmente transparentes.

Ahí se aprecia que, desde 2006, la DGAI ha puesto bajo reserva 40 expedientes, todos por 12 años, que contienen información relacionada con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, como indica el expediente reservado DGAI/01. También, en materia de asuntos relativos a la Asociación de Agregados de Policía y de las discusiones del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, en el expediente DGAI/22.

Tampoco son notorios algunos vínculos de la SSP con la Organización Internacional de Policía Criminal –la mayor organización contra el crimen internacional creada en 1923 para facilitar la cooperación policiaca transfronteriza; congrega a 188 países–. Esto se constata con la reserva del expediente DGAI/2007/25, que se abrirá hasta 2019.

Otra información no transparentada es la relativa a las relaciones de la SSP con la Cruz Roja Internacional, que contiene el expediente DGAI/13; ni la que existe con la Organización de Estados Americanos, del expediente DGAI/30, o la que aborda ciertos aspectos de cooperación con la Organización de Naciones Unidas, que resguarda el expediente DGAI/31.

Si los vínculos entre la SSP federal con los organismos internacionales en materia de combate al crimen no son diáfanos, la oscuridad se profundiza cuando se examinan las relaciones con las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos.

Un número importante de expedientes reservados por esa dependencia resguardan hasta 2019 los acuerdos, acciones conjuntas, visitas de información o reuniones de trabajo con el Departamento de Seguridad de la Patria; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la Oficina Federal de Investigación; el Servicio de Inmigración y Aduanas, y la Sección de Temas para Narcóticos.

De igual forma, ciertos aspectos de las relaciones internacionales de la SSP con países con los que colabora en políticas anticrimen están vetados a la mirada pública. Los expedientes reservados abordan los rubros “Asuntos con Colombia”, “Asuntos con Centroamérica y el Caribe”, “Asuntos con España”, “Asuntos generales con Estados Unidos” o “Asuntos con Gran Bretaña”. Todos ellos serán accesibles hasta finales de la siguiente década.

Asimismo, los documentos que tratan temas de seguridad pública internacional –lavado de dinero, control de armas, delitos cibernéticos, frontera Norte, la reunión preparatoria para la Cumbre de Líderes 2009 o la visita a Ottawa de un funcionario de esa dependencia– son reservados.

La secreta inteligencia

Además de los intercambios y acuerdos que ha establecido la SSP con gobiernos extranjeros en materia de seguridad pública, las acciones preventivas que esa dependencia ha lanzado en el ámbito de la inteligencia también se alejan de la mirada pública. Por la naturaleza “sensible” de esta materia, no toda la información es accesible; sin embargo, cuando Francisco Niembro González, subsecretario de Tecnologías de la Información, manifestó, el 1 de septiembre, que la red nacional de interconexión Plataforma México (PM) avanza, se comprobó que se mantienen ocultas gran parte de las actividades que se desarrollan en el marco de esa herramienta preventiva.

La PM es un instrumento de prevención que comparte información con instituciones y dependencias vinculadas con la seguridad mediante la interconexión de redes. Su alcance se extiende por “más de 176 localidades” coordinadas en 34 comandancias de región, 27 aeropuertos, 105 comisarías de sector y más de 10 divisiones de investigación, según Niembro González.

En el marco del Cuarto informe de actividades de la SSP, Niembro González declaró que la PM suma ya 400 millones de registros a través del Sistema Único de Información Criminal. Además, señaló que ese sistema ha ejercido, hasta septiembre de 2010, un presupuesto de 1 mil 500 millones de pesos.

Se constató que al 11 de septiembre de 2010, la SSP federal había reservado 306 expedientes a través de la Coordinación General de la PM. El tema blindado es el de “Tecnologías y servicios de la información con relación a la Plataforma México”.

A los primeros nueve expedientes clasificados el 19 de abril de 2006 por esa Coordinación y respecto de la PM, se les asignaron seis años de reserva; tal es el caso de los archivos CFPM/DS/001/2006, CGPM/DS/SY/001/2006 y CGPM/DS/EX/001/2006, Tomo 1. Todos ellos bajo el rubro “Panorama informativo”. Después de ese año, el periodo de tiempo por el que la información pública se reservó aumentó a 12 años, en la mayoría de los casos.

El “Sistema de infracciones al autotransporte y tránsito federal”, en los archivos CGPM/DS/SY/003/2006, CGPM/DS/EX/003/2006, Tomo 1, y CGPM/DS/BD/003/2006, respectivamente, están reservados. De igual forma, la información relativa al “Registro nacional de personas extraviadas”, que resguardan los archivos CGPM/DS/BD/005/2006, CGPM/DS/SY/005/2006 y CGPM/DS/EX/005/2006, Tomo I, es inaccesible.

Los datos relativos a la PM vinculados con los Sistemas de Gestión Ciudadana y Sistema Penitenciario que incluyen los archivos SEDI/CGPM/DSGC y SP/005/2008, respectivamente, sólo estarán accesibles en 10 años. Adicionalmente, los expedientes SEDI/CGpM/DSI y LP/001, que custodian datos sobre los sistemas de Inteligencia y Logística Policial, están reservados por 12 años.

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En lo que va de 2010, la Coordinación General de la PM había reservado 29 expedientes. Al 11 de septiembre, estaba blindada gran parte de la información relacionada con telefonía, radio y redes; sistemas de gestión ciudadana y del sistema penitenciario, dictámenes de factibilidad técnica, así como operación y calidad de los servicios. Hasta 2022 serán accesibles.

Este proceso de reserva de información en la SSP federal ocurría a pesar de que Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal, informó, el 1 de septiembre, sobre el nuevo modelo bajo el que trabaja la Policía Federal (PF): captación de información, planeación, análisis y explotación; es decir, las cuatro etapas del ciclo de inteligencia.

Rosas manifestó que las tres instalaciones estratégicas de la PF son el Centro de Mando en la delegación Iztapalapa, que incluye un hangar, centros de entrenamiento para diversas armas y acciones antiterroristas; le sigue el Centro de Inteligencia de la PF en el complejo de Constituyentes, con cuatro módulos: seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. El tercer inmueble es el Centro de Mando, ubicado en Ciudad Juárez, que alberga a 2 mil 400 elementos uniformados y 250 de inteligencia.

Sin embargo, expedientes de la PM que también cruzan información con temas que se relacionan con la PF están fuera del escrutinio público. Tal es el caso del expediente CGPM/DS/BD/007.

De igual forma, están clasificados como reservados los expedientes CGPM/DS/EX/007, relativos al “Desarrollo del proyecto Centro Nacional de Evaluación Varsovia”; así como el expediente “Estación de Policía Iztapalapa Contel”, archivo SSP/SEDI/DIT/004-B/2007. Otra información no accesible es la que se refiere al “Proyecto del edificio de Inteligencia Policial”, del expediente SSP/SEDI/DIT/005”; igual que el expediente SSP/SEDI/DIT/008, del Centro Nacional de Crisis. Todos están reservados hasta 2020.

Otro rubro sobre el que la SSP mantiene gran discrecionalidad es el de “Procedimientos constitucionales”. Hasta septiembre de 2010, la dirección correspondiente había reservado 14 mil 10 expedientes sólo en el ámbito jurídico; es decir, se trata de los asuntos relativos a juicios laborales, dictámenes y procedimientos administrativos ante la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial, entre otros.

Esta práctica ocurre en una dependencia responsable de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos mexicanos. Es una institución cuyo gasto total pasó de 10 mil 638 millones de pesos en 2006 a 32 mil 437 millones de pesos en 2010. Esto significa un incremento del 205 por ciento y que privilegia los rubros: creación de una corporación federal bajo el “Nuevo modelo policial”, la red nacional de interconexión PM, la ejecución de un “Plan maestro de infraestructura inmobiliaria” para el despliegue en todo el territorio nacional de la PF, el crecimiento en la infraestructura penitenciaria, así como los apoyos a entidades federativas.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), plantea un incremento de 28 por ciento en los recursos que ejercerá la SSP. El presupuesto total del gobierno asciende a 3 mil 350 billones de pesos (equivalentes a unos 235 mil millones de dólares).

Entre las críticas más notables a ese proyecto, destacó la del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, que en el marco del foro Diálogos por la Seguridad, que organizó el Ejecutivo federal, manifestó: “Estamos siendo atacados por bandas que tienen un alto poder de fuego, con lanzacohetes, granadas, vehículos blindados, y tenemos que dotar a las policías de estas capacidades”.

Conforme al proyecto de la SHCP, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal tendrá una reducción el próximo año de 70 millones de pesos, comparado con el que ejerció en 2010. Esto significa que estados y municipios dispondrán de menos recursos para esa materia si se aprueba el presupuesto que propuso la SHCP.

Conforme al documento Información sobre el fenómeno delictivo en México, que elaboró el gobierno federal, Nuevo León y Tamaulipas son las entidades que registran mayor tasa de homicidios. El impacto del próximo presupuesto, de ser aprobado por el Poder Legislativo, en la seguridad pública de esas entidades será muy fuerte.

Para José Luis Piñeyro, la inseguridad pública es un problema que ya no se concentra en uno o dos estados del país: “Vemos que México es un territorio donde la delincuencia organizada tiene numerosas bases de apoyo”.

Mientras tanto, “se tiene a una población aterrorizada por la ola de violencia y se le exige su participación para resolver este problema. ¿Cómo hacerlo si existe una gran desconfianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y en las que imparten justicia, así como en los magistrados?”, pregunta el especialista en Fuerzas Armadas y temas de gobernabilidad.

La Policía Federal

• 7 mil 54 elementos se formaron en 2009 y comienzos de 2010; egresaron con nivel de investigador en su carrera profesional.
• En septiembre de 2010, la Secretaría de Seguridad Pública tenía 35 mil 386 elementos; 12 mil en de diciembre de 2006. Ese total debe ponderar a 3 mil 200 que causaron baja por no cubrir sus obligaciones policiales o que no se ajustaron a los esquemas de operación”. También, 1 mil 20 elementos a quienes se les inició un procedimiento por no aprobar los exámenes de control de confianza y 464 a los que se les da “atención administrativa”, según Facundo Rosas.
• Al 1 de septiembre de 2010, la Policía Federal registró 43 mil 556 detenciones.
• Entre el 9 de abril y el 1 de septiembre, cuando la PF asumió el mando de la policía estatal y municipal en Ciudad Juárez, hubo 1 mil 817 detenidos.
• 38 mil 942 indocumentados detenidos.
• 856 secuestros atendidos con 711 víctimas liberadas bajo el esquema de crisis y negociación; 1 mil 156 presuntos secuestradores detenidos integrantes de 137 bandas.
• Se aseguraron 428 toneladas de marihuana, 30 toneladas de cocaína, 1.5 toneladas de cristal, 571 kilogramos de semilla de marihuana, 1 tonelada de efedrina, 14 toneladas de seudoefedrina, 559 mil pastillas sicotrópicas, y se desmantelaron 50 laboratorios.
• En todo el país, la PF realizó 13 operativos coordinados. Aseguró 9 mil 749 armas: 4 mil 821 cortas y 4 mil 928 largas, más de 1 millón de cartuchos y 1 mil 359 granadas.
• Se aseguraron 7 mil 29 equipos de comunicación, 253 mil 359 millones de dólares y 72 mil 122 millones de pesos.
• Se recuperaron 13 mil 198 vehículos con reporte de robo y se cerraron 18 mil 528 laboratorios dedicados a la piratería.

Fuente: SSP, Cuarto informe de actividades, 1 septiembre de 2010

La política anticrimen del BID

A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene reservada información relativa a los apoyos y recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, como en el caso del expediente DGAI/04, apenas el 19 de marzo de este año el presidente de ese organismo financiero, Luis Alberto Moreno, ofreció aportar una ayuda económica a los países de América Latina: entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, para promover programas que combatan a la delincuencia.

No obstante, ese monto representa 3 mil millones de dólares menos que lo que aportó el año anterior. Luis Alberto Moreno, ciudadano colombiano, reconoció el combate que emprendió el Ejecutivo mexicano contra la delincuencia organizada, particularmente en su expresión del narcotráfico. “Lo más importante en esa lucha es encararla”, señaló el representante de ese organismo al tiempo en que expresó que en Colombia el problema de la inseguridad, que frena el desarrollo, empezó a cambiar “el día en que todos los colombianos decidieron hacerle frente”.

Moreno exhortó a propiciar un cambio radical en las conciencias de los “mexicanos y los ciudadanos del planeta” para fortalecer la idea de que este problema debe encararse directamente.

De la actuación de éste y otros organismos financieros internacionales en la seguridad pública, la doctora Jesica María Vega Sayas explica que éstos impulsaron mayor eficiencia en las instituciones estatales. En los dos últimos lustros, propusieron mayor eficiencia a las instituciones encargadas de combatir al crimen y, al mismo tiempo, que se promoviera la participación ciudadana.

Estima que esas iniciativas se consolidaron a mediados de la década de 1990, cuando la prensa comenzó a difundir las cifras relativas al creciente número de delitos que se cometían en el país e incorporó en la agenda pública este tema.

Contralínea 202 / 05 de Octubre de 2010

Publicación en papel: Contralínea 202 / 03 de Octubre de 2010