La administración de Felipe Calderón heredó a Enrique Peña Nieto 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados de la República, además de cuatro presas en tres entidades del país. Los proyectos hídricos podrían haber desplazado a más de 170 mil personas, que ahora viven sin acceso a la vivienda digna y a la alimentación
Érika Ramírez, enviada
Temacapulín, Jalisco. Seis hernias en la columna vertebral, amenazas de muerte y una parálisis después de una intervención quirúrgica son el resultado de 40 años de lucha, tras la exigencia de una indemnización “digna” de sus tierras, antes ubicadas en Tuxtepec, Oaxaca.
Juan Zamora González fue desplazado de su propiedad hace 40 años y trasladado al municipio de Uxpanapa, Veracruz, junto con otros 26 mil indígenas chinantecos. Su terreno y el de sus paisanos fueron acaparados por la construcción de la Presa Cerro de Oro, durante la administración de José López Portillo.
Cuatro décadas de viacrucis, marchas, plantones, de tocar puertas gubernamentales para ser escuchado, 2 años de prisión y el deterioro de su salud no le impiden ir a donde sea para exigir el pago de 3 mil 500 millones de pesos que, según indica un peritaje contable, les corresponde a los chinantecos.
Tiene 65 años, camina lento y habla con parsimonia. “Sobreviví en la lucha por mi pueblo y moriré en ella si es necesario”. En entrevista con Contralínea, relata el inicio de su calvario: “Cuando comenzó el proyecto de la presa nos dijeron que nos iban a dar nuestras tierras en otro lugar, para que ellos pudieran construirla. Nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo o no. Muchos aceptaron a cambio de ser indemnizados”.
Ya en tierras veracruzanas, Juan Zamora y miles de campesinos quedaron disgregados: se rompió el tejido de aquella comunidad indígena. Los chinantecos de Oaxaca ya no eran los mismos en Veracruz: “se rompieron muchas costumbres”, lamenta el hombre.
Las tierras que les dieron no tenían el mismo espacio para la siembra. La indemnización prometida no llegó completa, por lo que ahora se lleva una pugna ante el Tribunal Agrario, del distrito XL, de Veracruz.
En 2010, Contralínea documentó que “la construcción de represas en México desplaza a más de 170 mil personas de sus lugares de origen. El país ocupa el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de los grandes diques en Latinoamérica” (edición 209). Expertos en el tema aseguran que las cifras podrían haberse incrementado hasta en un 10 por ciento.
Sin embargo, los números no son claros, pues no existen registros oficiales del número de personas ni comunidades afectadas por los megaproyectos, comenta el abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, Francisco López Bárcenas.
Infografía:
La herencia de Calderón
Los informes del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico –de 2007-2011, con proyectos comprometidos hasta 2025– indican que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa se programaron 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados del país.
Las obras que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad han provocado diversos enconos sociales. Tal ha sido el caso de La Parota, en Guerrero:la hidroeléctrica fue cancelada por el gobierno estatal, aunque permanece en los planes del gobierno federal en el proyecto planeado para el periodo 2011-2025.
Bajo el pretexto del desarrollo regional, los megaproyectos se han caracterizado en México y el mundo por desplazar a comunidades enteras, dejar sin acceso a la alimentación a miles de personas y de carecer de consulta en las comunidades afectadas previo a su ejecución.
Los documentos oficiales indican que Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz son las entidades donde se tienen presupuestados en los propósitos oficiales.
Guerrero, gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero; Jalisco, por el priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; Oaxaca, bajo la administración de Gabino Cué Monteagudo; y Veracruz, al mando de Javier Duarte de Ochoa, son los que más esquemas hídricos presentan.
Además de las hidroeléctricas, la administración panista impulsó la construcción de cuatro presas, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua): El Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en Oaxaca.
El documento Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– indica que además del impacto ambiental, los megaproyectos y la extracción de recursos naturales “generan un amplio abanico de problemas a las personas que viven en áreas afectadas. En el peor de los escenarios, provocan el desplazamiento de los integrantes de la comunidad, se dañan los medios de subsistencia, se destruye la red social y se rompen los lazos culturales con el área geográfica.
“Las personas desplazadas, si no pueden regresar, entonces tienen que luchar para obtener una compensación suficiente y condiciones mínimas para reubicarse en un nuevo lugar, obtener una vivienda y restablecer a la familia; aunque para las personas afectadas, no hay manera de reparar plenamente el daño causado por el desplazamiento forzado.”
Desplazados
La maestra en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica Olvera Molina, argumenta en su tesis de maestría que “el uso del agua con fines hidroeléctricos requiere una transformación espacial inminente, cientos o miles de personas, principalmente indígenas, son desplazadas forzosamente de sus territorios para emplazar la obra; operación política que caracteriza la historia de la construcción de grandes presas”.En Conflictos por el uso del agua en las políticas de escala de la configuración territorial de grandes presas hidroeléctricas en México, Olvera Medina explica que se despoja del agua a las comunidades y pueblos: esta escasez afecta su reproducción social y es tangible en la falta de alimento y salud, porque el río pierde la vida al pasar por la turbina, y en el proceso que continúa a la producción de la hidroelectricidad.
Agrega: “la memoria de pueblos y comunidades, a raíz de esta producción espacial, nutre las luchas en oposición a la construcción de más presas hidroeléctricas”.
Es así, dice la geógrafa de la UNAM, que “los conflictos por los usos del agua son procesos políticos; en su dimensión espacial implican una forma jerárquica de las relaciones sociales, que establecen el consumo de volúmenes y calidad de ciertos usos del agua, para determinados territorios, con base en la disponibilidad tecnológica, la cual responde a los intereses de un modelo de inversión específico de capital; éstas condiciones marcan la temporalidad y transformación del conflicto”.
Pueblos despojados, sin consulta
Juan Zamora es uno de los hombres que, además del despojo, ha padecido la cárcel tras el reclamo de su “justa indemnización”. El 3 de mayo de 1997 –relata–, entre los límites de Oaxaca y Veracruz, fue detenido tras un “impresionante dispositivo policiaco”.Viajaba rumbo a la Ciudad de México con más de 1 mil indígenas, en autobuses, para instalar un plantón en el centro del Distrito Federal. “Nomás traspasamos el Río Caracol, del lado de Veracruz, nos estaban esperando más de 100 patrullas de policías preventivos”.
Juan viajaba en el cuarto autobús. Los oficiales comenzaron a bajar a todos sus compañeros del primero, buscándolo. Los formaron a todos en la carretera, de rodillas y con las manos en la nuca.
“Me hallaron y dijeron: ´a usted lo andamos buscando’”, recuerda. Y comenzó la “golpiza”. Lo llevaron junto con otra persona a un cañaveral, los hincaron por más de 2 horas.
El hombre rememora las palabras de sus captores y el tiempo que transcurría lentamente: “¡Cuidadito si te mueves!”. Regresaron a los compañeros en el mismo transporte que habían alquilado para su traslado al Distrito Federal. A él y a su acompañante los ataron y golpearon; los subieron a una patrulla, “amarrados y vendados como puercos”.
Tras los golpes y el deambular de una prisión a otra fue llevado al entonces Penal de Allende, en Veracruz. Ahí estuvo preso 2 años, acusado de intento de homicidio contra funcionarios del estado, secuestro, sabotaje, daño a la nación, daño al patrimonio nacional y estatal, más otros ocho delitos que no alcanza a enumerar.
“Mi esposa y mis hijos sufrieron más que yo. Ella andaba de arriba para abajo, en busca de abogados y apoyo. Fue una tragedia, ni borracho había ido a la cárcel. Me dolía, me preguntaba cómo es posible que esté pasando por esto. A mis compañeros los intimidaron, nadie quería atestiguar a mi favor. Todos huían porque ya tenían la amenaza de que si me defendían los iban a detener e iban a pasar años en la cárcel, hasta que surgieron cuatro compañeros que se atrevieron a decir que yo no había hecho nada”, relata.
La exposición de su caso, a través de la organización Amnistía Internacional, apresuró su liberación: “Al cabo de 2 años fui absuelto de todo; obtuve mi libertad. Salí. Fue un gran triunfo”.
Sin embargo, la lucha por salvarse y el pleito con las autoridades continúan. “Por razones naturales, mi vida se ha ido extinguiendo. Además de todos los golpes que he ido recibiendo. Pero sigo con una convicción firme, no puedo descansar mientras no termine mi compromiso”.
Pueblos, ignorados
El abogado mixteco Francisco López Bárcenas dice que el Estado no ha tomado en serio los derechos de los pueblos indígenas, en la mayoría de los casos en donde se ejecutan los megaproyectos.
“No hay una mínima voluntad en decir que hay pueblos indígenas. Hay gente que tiene derechos muy específicos por su diferencia cultural y se deben atender; de lo contrario, inician una serie de violaciones de derechos que empieza con la de ser pueblos.”
La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas señala en sus primeros artículos que todo pueblo tiene derecho a “existir”, “al respeto de su identidad nacional y cultural” y a “conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión” (artículos 1, 2 y 3, respectivamente).
López Bárcenas agrega que el derecho a consulta es procedimental y no se ha llevado a cabo, lo que significa la primera violación. “En México tenemos un grave problema, no tenemos legislación sobre el derecho a ésta [la consulta]. Sin embargo, sí hay, a nivel internacional, normas, jurisprudencia, opiniones de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo que dicen que por lo menos debería haber en principio una consulta de buena fe, que no es un asunto moral sino jurídico”.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán de consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Entre las condiciones mínimas que se requieren para hacer esta consulta, explica el abogado, se debe de otorgar información previa, pactar con los consultados qué mecanismos se van a usar, cómo se van a hacer las consultas, de qué medios se van a valer para allegarle a la gente información que les haga tomar una decisión libre y, finalmente, ver qué se hace con los resultados.
López Bárcenas dice en entrevista que, de acuerdo con el derecho internacional, los resultados de la consulta son cuatro: que acepten el proyecto, lo rechacen, lo acepten parcialmente y entonces se tenga que modificar o lo acepten con condiciones. “Nada de eso se ha observado en ninguno de los casos que se han hecho en México y ésa es una violación sistemática de derechos humanos”, observa.
Sin acceso a la vivienda
Miloon Kothari, exrelator de Vivienda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegura que una de las violaciones que también se ejecutan sobre los pueblos indígenas es la falta de acceso a una vivienda digna. “Hay una total falta de sensibilidad del gobierno para atender este problema”.
En 2003, el entonces relator de la ONU recomendó al gobierno de Vicente Fox que, en vista de las condiciones precarias en que viven muchos de los pobres, hiciera hincapié en que la “solución a los problemas de la vivienda en México deben basarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos combinado”.
Sugirió la creación de un “fondo humanitario nacional para la vivienda”, que podría estar coordinado por el comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda y proporcionar fondos a los institutos estatales a fin de resolver problemas urgentes, no sólo de las comunidades afectadas por inundaciones o terremotos, sino también de las personas que carecen de un alojamiento o de materiales adecuados y que han quedado sin hogar debido a los desalojos y los desplazamientos”.
La cuestión de los desalojos mereció atención particular en México y exigió al gobierno panista que “se apliquen criterios multisectoriales que cuenten con el aporte de muchos interesados” y recomendó la creación de un grupo de trabajo encargado de examinar esta problemática. A la fecha, no hay avance en la materia.
Monti Aguirre, activista de International Rivers, comenta en entrevista que estos megaproyectos han significado un jugoso negocio para las trasnacionales y bancos internacionales, lo que ha impedido interponer los intereses de la sociedad ante el capital.
La experta explica que la financiación de estos proyectos se dio desde 1950 hasta parte de 1990 en América Latina, a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Situación que ha cambiado hoy en día debido a la presión de la población que se ha visto afectada.
Comenta que a partir de ello, el Banco Mundial disminuye en todo el mundo el financiamiento de estos proyectos y adopta las políticas de salvaguarda. Sin embargo, a partir de 2000 comenzaron a salir nuevos proyectos y no ha sido fácil identificar las fuentes de financiaciación.
“Hoy vemos –dice– empresas grandes españolas, italianas, bancos con capitales superiores a los del Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Central de Brasil. Hay mucho dinero de por medio y toda una política energética de expansión internacional”.ea para exigir el pago de 3 mil 500 millones de pesos que, según indica un peritaje pericial contable, les corresponde a los chinantecos.
El impactoEn el documento Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México –que analiza el impacto de las presas, minas y autopistas– indica que los megaproyectos generan daños ambientales que impactan sobre los ecosistemas diversos del país, liberan elementos contaminantes al aire, al suelo y al agua y pueden transformar el paisaje físico natural.“Si bien las represas suelen describirse como una forma de energía limpia y como una alternativa al abastecimiento de agua, éstas pueden tener consecuencias ambientales devastadoras para el área circundante. El daño ecológico más obvio de la construcción de represas es la inundación permanente de los bosques, el lecho de los ríos y la vida silvestre. Las cuencas de los ríos y el hábitat en las zonas inundables constituyen algunos de los ecosistemas más diversos del mundo, que albergan, además, tierras agrícolas de excelente calidad. Cuando se construyen represas, estas áreas cambian de ecosistemas ribereños a embalses, lo que altera la composición del medio ambiente en su totalidad”, dice el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas:Artículo 1. Todo pueblo tiene derecho a existir.Artículo 2. Todo pueblo tiene derecho al respeto de su identidad nacional y cultural.Artículo 3. Todo pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión.Artículo 4. Nadie puede ser, debido a su identidad nacional o cultural, objeto de masacre, tortura, persecución, deportación o expulsión, o ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o la integridad del pueblo al que pertenece.
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Fuente: Contralínea 318 / enero 2013
