Los despachadores de gasolina en la ciudad de México trabajan al margen de la ley. A la precariedad de sus condiciones laborales, se suma la indefensión en la que están ante sus patrones, que recurren a sindicatos de protección y esquemas de subcontratación para evitar ser sancionados. Más de 13 mil no reciben salario; se mantienen de propinas
En México, casi 3 millones de personas laboran sin recibir ningún pago a cambio de su trabajo. Entre ellos se encuentran los despachadores de gasolina, a los que también se les conoce como propineros, porque sus ingresos provienen únicamente de lo que reciben como propinas que la gente les da voluntariamente.
Silvia Márquez Santiago trabajaba como propinera en una estación de gasolina, propiedad de la empresa Servicio Valle de México, SA de CV, ubicada en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Puebla.
Como todos sus compañeros, Silvia se mantenía de las propinas que le daban los automovilistas no sólo por despachar gasolina, sino también por el servicio de lavado de autos que su patrón les obligaba a ofrecer a los clientes. La exdespachadora se queja de que también eran forzados a vender una cuota diaria de “aditivos” y que en caso de no cumplir con ella, los trabajadores tenían que pagar por los productos.
Con sólo la secundaria concluida, madre soltera y único sostén económico de su familia, las posibilidades de Silvia de encontrar un trabajo estable eran limitadas, por eso no dudó cuando su hermana le dijo que en la gasolinera solicitaban personal.
Silvia llevaba casi dos meses trabajando cuando un camión de pasajeros le prensó la pierna derecha al intentar estacionarse en su isla para cargar combustible. En lugar de echar el vehículo en reversa, el chofer la arrolló de nueva cuenta, relata la exdespachadora. A causa del impacto, Silvia perdió la pierna.
Al momento del accidente, la mujer no contaba con seguro social. La atención médica que recibió fue gracias a la aseguradora de la empresa del camión que la embistió. Sin embargo, Silvia tuvo que padecer la indolencia de la agencia de seguros que le “regateaba” los servicios y que se negó a darle la prótesis que necesitaba, arguyendo que era muy costosa. Sólo recibió una indemnización por 12 mil pesos.
Tras el percance, el dueño de la estación de gasolina, Martín Gómez Robledo, dio de alta a Silvia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, Gómez Robledo no informó que la trabajadora había sufrido un accidente, por lo que el IMSS le negó la atención médica y la indemnización, pues no fue notificado del accidente de trabajo.
Abusos y violaciones a la ley
Además de incumplir con la obligación de pagar salarios a los despachadores, las empresas dueñas de las gasolineras también incurren en violaciones a la Ley Federal del Trabajo al no otorgarles complementos al salario, como aguinaldo, vacaciones o utilidades, no garantizar su derecho a la seguridad social, no respetar la jornada máxima laboral que establece la ley ni asegurar condiciones adecuadas de trabajo, señala el doctor Alfonso Bouzas Ortíz, especialista en temas laborales.
“Prácticamente, este trabajo se realiza al margen de lo que la ley establece, [mientras que] el gobierno no hace nada para cumplir su función tutelar”, critica el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal (Stracc), Salvador Arellano, explica que esta “política laboral” de no pagar a los trabajadores se presenta en zonas urbanas o turísticas, que es donde existe una “cultura de la propina” que los dueños de las gasolineras aprovechan para librarse de la obligación de pagar salarios a los despachadores.
Arellano, quien dirige el único sindicato independiente que agrupa a este tipo de trabajadores en la ciudad de México, califica el panorama laboral de los propineros como de “total precariedad e indefensión”, ya que los abusos que padecen los trabajadores son invisibilizados por las empresas a través de esquemas de subcontratación y con ayuda de los sindicatos de protección, que en lugar de defender los derechos de los trabajadores, responden a los intereses de los patrones.
De acuerdo con el líder sindical, en la ciudad de México existen cerca de 13 mil despachadores que laboran en 350 estaciones de gasolina; de éstas, el 40 por ciento pertenece a las empresas Hidrosina y Corporativo Mexicano de Gasolineras (Corpogas). Grupo Gasolinero Mexicano y Gran Premio tienen una participación de entre 3 y 4 por ciento cada una, mientras que el resto de las estaciones de servicio está en manos de pequeñas empresas.
Sandra, despachadora en una estación de gasolina propiedad de Hidrosina, comenta que aunque ella sabía desde el principio que no iba a recibir un sueldo, la empresa “disfraza” la situación, pues les dice a los trabajadores que así les va a ir mejor, que van a ganar más.
La despachadora, que ha trabajado para Hidrosina desde hace cuatro años, dice que ella ya percibe un salario, pero es un derecho que reciben sólo los despachadores, a diferencia de los “colaboradores”, como son llamados los otros trabajadores. Pero todos, sin distinción, son obligados a firmar hojas en blanco al momento de ingresar a trabajar, cuenta Sandra.
Ser despachadora implica mayores responsabilidades, explica Sandra, ya que no sólo tiene que atender a los clientes, sino también se encarga de recibir las pipas de combustible, llevar las cuentas y asegurarse que los colaboradores no carguen consigo mucho dinero. A cambio de esas tareas, ella recibe 56 pesos diarios; no tiene derecho a ninguna otra prestación.
La despachadora, quien tiene a su cargo a cuatro hijos, se queja de que las ventas han bajado en la estación donde se encuentra ahora. Dice que la empresa suele rotar al personal como en un sistema de premios y castigos, donde los trabajadores más reacios son enviados a las estaciones con poca clientela, como una forma de “represalia”.
A lo anterior, el secretario general del Stracc abona que los despachadores no cuentan con ningún tipo de protección, a pesar de lo riesgoso de su trabajo; además de que, en algunas estaciones, tienen que pagar “derecho de piso” para que los dejen trabajar.
Subcontrataciones y “sindicatos”
El dirigente del Stracc señala que las dueñas de las gasolineras se protegen de ser sancionadas al recurrir a los esquemas de subcontratación. Es decir, que las mismas compañías dueñas de las franquicias montan “empresitas” para contratar a los despachadores a través de ellas. De esta manera, en caso de que las autoridades hagan una inspección en las estaciones de servicio, los dueños pueden argumentar que los despachadores no son sus empleados y, por lo tanto, ellos no están incumpliendo la ley.
“Es una forma de simular que ellos no tienen trabajadores y que los están contratando por otra vía, cuando en realidad ellos generan la empresa”, expone Arellano. Al recurrir a este esquema, los dueños también pueden decidir cuándo desaparecer la empresa subcontratadora, con lo que los trabajadores no tendrían ante quién reclamar sus derechos si dicha compañía fuera disuelta.
A las violaciones a los derechos laborales señaladas por Arellano, se suma la falta de libertad sindical. El líder sindical refiere que la mayoría de las gasolineras tienen sindicatos de protección, lo que sitúa a los despachadores en una absoluta desprotección “porque tienen toda esta problemática que nadie puede defender”.
El representante del Stracc considera que la existencia de los sindicatos de protección es un problema que se genera desde el nivel federal, dado que el gobierno favorece su existencia.
Por tal razón, Arellano desestima que las demandas ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto local como federal, así como los emplazamientos a huelga que son promovidos por estos sindicatos, sean indicadores fehacientes para dimensionar el problema de los propineros.
El doctor Bouzas Ortíz, experto en sindicalismo y contratos de protección, señala que desde que una estación de gasolina es instalada, firma contrato colectivo con un sindicato que le otorga protección a la empresa. “Yo diría que ese sindicato se vuelve el socio ideal para el fraude”, pues en lugar de trabajar en la defensa de los trabajadores que supuestamente representa, se dedica a evitar que éstos puedan hacerlo.
El investigador de la UNAM indica que al imponer un sindicato, el patrón impide a los trabajadores demandar la formación de otro sindicato, con lo que están imposibilitados para organizarse y reivindicar sus condiciones de trabajo.
En una estación de gasolina ubicada al Norte de la ciudad de México, propiedad de Corpogas, los despachadores comentan que sí están sindicalizados, pero desconocen el nombre de su sindicato; tampoco saben quién es su representante sindical.
Sus condiciones de trabajo coinciden con lo denunciado por Arellano: no reciben salario, son obligados a vender tres aditivos por día, no tienen ningún tipo de prestación laboral; en caso de accidentes, la empresa no responde por ellos.
“Pero qué hacemos, de algo tenemos que trabajar”, contesta una despachadora, cuya menuda figura luce más pequeña de lo que es dentro del overol verde que usa como uniforme y al que lleva cosido un parche con el logotipo de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pemex, “responsable solidario”
En las condiciones generales que establece Pemex para el otorgamiento de las franquicias, señala que los franquiciatarios tienen que cumplir con los requerimientos establecidos por las leyes mexicanas.
Tanto Bouzas Ortíz como Arellano consideran que, por tanto, la paraestatal debe exigir el cumplimiento de las condiciones laborales que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que la hace responsable de salvaguardar los derechos de los despachadores de gasolina.
Sin embargo, señala Bouzas Ortíz, la situación actual de abusos e indefensión es “entendida y aceptada por Pemex como parte del juego”, en el que las gasolineras aumentan sus ingresos al establecer condiciones laborales por debajo de lo que marca la ley. “Hay una tolerancia a estas violaciones muy ad hoc con la política de [Javier] Lozano de que tengan trabajo, aunque sean malos trabajos”, critica el investigador.
Silvia demandó al dueño de la estación de gasolina donde trabajaba; su demanda también fue dirigida contra Pemex, al considerarlo “responsable solidario” de su situación laboral.
Tras cuatro años, Silvia sigue esperando que su expatrón y la paraestatal la indemnicen por el accidente que le cambió la vida, como ella expresa. Mientras tanto, se emplea ocasionalmente en un taller de costura, donde le pagan 50 centavos por cada pieza que corta.
Quejosos, “los menos afectados”: Profedet
Cifras de la oficina local de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) muestran que, en los primeros nueve meses de este año, se presentaron 45 casos relacionados con despachadores de gasolineras, la mayoría por despido injustificado.
La subprocuradora de Atención a Mujeres, Ana María Loeza Espinosa, refiere que los casos registrados corresponden a “los menos afectados”, ya que el 80 por ciento de ese escueto volumen pertenece a quejosos que han podido comprobar que perciben un salario (que en algunos casos es de 57 pesos, en otros de 71 pesos) y cuentan con seguridad social.
“Aquí, la situación complicada es el universo que se dedica a prestar servicios a las gasolineras y que no son reconocidos como trabajadores; ése para mí es el problema. Los que vienen aquí de alguna manera ya están reconocidos. Hay un acuerdo en donde yo te pago un salario, prestas un servicio y te doy seguridad social. Es lo menos a lo que tiene derecho un trabajador”, considera la funcionaria local.
Sin embargo, los procedimientos de la Profedet no favorecen a los despachadores más desprotegidos, pues en los procesos conciliatorios que lleva a cabo, los trabajadores tienen que presentar documentación que acredite su relación laboral, de la que muchos carecen.
