Más de 30 actas de inspección de seguridad e higiene revelan que en la zona carbonera del país hay minas en las que “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis
Una “expansión repentina de aire comprimido” desprendió de inmediato el carbón de la Minera Siderúrgica de Coahuila, el 6 de agosto de 2009. También, desprendió la vida de dos hombres que ahí trabajaban: Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres. El derrumbe en la mina Lulú ocurrió justo en medio del proceso de supervisión que llevaba a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La concesión para la explotación del mineral fue avalada por la Secretaría de Economía (SE) en 2001, con vigencia hasta de 50 años, bajo el título 214430, según muestra la Dirección General de Minas, adscrita a la SE.
Un mes más tarde, la muerte de Ramón Flores Juárez ocurrió en el Pocito Ferber, de la empresa Constructora Ferber. El hombre de 23 años de edad fue víctima del desprendimiento de una roca del techo de la mina, el 11 de septiembre del año pasado.
A esta mina ya se le había realizado una inspección por parte de los funcionarios de la STPS. El 13 de agosto de 2009, la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila dictaminó que la empresa no cumplía con 59 medidas de seguridad, indica el cuarto informe Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias de Pasta de Conchos. Otros casos, otras minas, la misma muerte, editado por el Centro de Reflexión Laboral (Cereal).
Entre las observaciones, se destaca que no se cumplía con los numerales que obligan a las empresas del ramo a que “deben preverse, para cada sitio de trabajo en el interior de la mina, dos salidas, cada una de las cuales deberá estar conectada a medios distintos en la salida a la superficie”; dotar a los trabajadores de autorrescatadores y cinto de seguridad para el autorrescatador; dotar al personal responsable de hacer mediciones de gases en el interior de la mina de un metanómetro debidamente calibrado, entre otras.
Las inspecciones
Organizaciones civiles tuvieron acceso a los documentos oficiales de la STPS en los que se demuestra que la tragedia de Pasta de Conchos podría repetirse debido a que no hay condiciones “óptimas” para que los trabajadores extraigan el mineral con seguridad.
La propia STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país, según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera.
El Cereal indica que, como resultado de la revisión de 32 actas relacionadas con las condiciones de seguridad e higiene de las minas del carbón, en 17 de ellas (que incluyen una mina subterránea, un tajo y todos los pocitos, excepto uno) “la STPS ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón debido a que las condiciones en que se está operando ponen en riesgos su integridad y su vida”. Lo anterior, en lo que va de 2010.
El informe Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias de Pasta de Conchos señala que después del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hasta el 11 de febrero de 2010, la organización civil ha registrado un saldo de 28 mineros muertos y 59 heridos sólo en las operaciones de extracción de carbón. “En el resto de las operaciones vinculadas a la extracción de carbón, la cifra es de 13 trabajadores fallecidos y 32 heridos”, dice.
Las inspecciones –actualmente se encuentran en una mesa de revisión en la Secretaría de Gobernación, por lo que no se ha hecho público el listado– detallan que a 14 empresas propietarias de estas minas, los inspectores les solicitan exámenes médicos de inicio y de seguimiento a la salud de los mineros: 13 no los tienen; no los hacen.
Hay otras 25 empresas, indica la información del Cereal, “a las que se les solicitó que exhibieran los contratos: una tiene contrato colectivo de trabajo; nueve, contratos individuales escritos por tiempo indefinido, temporal o por obra; y 15 tienen contratos verbales. “De las 32 empresas, sólo uno de los trabajadores está sindicalizado”.
A 19 empresas se les solicitó información sobre el reparto de utilidades: 13 de ellas no lo hacen y ocho no presentan declaraciones anuales. Además, sobre el pago de aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales, ocho de 14 empresas dijeron no dar estad prestaciones que por derecho corresponden a los trabajadores, entre otras, indica el Cereal.
Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), critica que, en México, “hay una legislación laxa que no protege a los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo no da la posibilidad de que un trabajador pueda suspender labores en caso de que se sienta en peligro, sin que haya perjuicio para él.
En consecuencia, dice el presidente de la ANAD, “cuando una empresa recibe una multa (luego de ser inspeccionada), tiene la posibilidad de recurrir ante diversas instancias, tribunales de lo contencioso, y después de dos o tres años, las multas quedan sin efecto por no cumplir”.
La STPS
Entre las empresas que destaca la información oficial, se encuentran Rodamientos y Derivados del Norte; Laura Lres Rodela; El Fénix Tecnoservicios; Kronos Mining Proyectos Industriales y Representaciones de Coahuila; Libramientos Regenta, y Servicios Administrativos de Sabinas.
La misma Secretaría, a cargo de Javier Lozano Alarcón, indica, en su informe, que se detectaron 45 presuntas violaciones en materia de condiciones generales de trabajo. Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.
Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.
Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
La industria
El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México (Canimex), indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.
Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6 por ciento del producto interno bruto, según la organización encabezada por el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.
Luévanos Sánchez indica en su informe que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8 por ciento frente a los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.
No obstante las crisis económicas, en los próximos dos años se invertirán 13 mil 83 millones de dólares, “lo que significará que, en el periodo 2007-2012, nuestra industria habrá invertido 21 mil 753 millones de dólares, monto histórico para el sector minero”, precisa el documento.
La Canimex dice que esos más de 21 mil millones invertidos en el periodo administrativo de Felipe Calderón Hinojosa se destinarán en nuevos proyectos de exploración, ampliación de operaciones mineras, inversiones en capacitación laboral, equipo de tecnología de punta y programas de seguridad laboral, entre otros.
