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La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.

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Muchos mexicanos esperan que este gobierno panista que concluye sea sometido a una escrupulosa revisión del gasto público, y los funcionarios responsables de delitos como peculado, abuso de poder y tráfico de influencias sean sometidos a la aplicación de la justicia, pues se presume que el gobierno de Felipe Calderón se manejó con deshonestidad y permitió una de las mayores corrupciones de las que se tengan memoria, tal vez apenas similar a la padecida en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Vicente Fox y Marta Sahagún.

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