Desarrollo inmobiliario estadunidense se implanta en Baja California Sur. Ya desarrolla un proyecto exclusivo en detrimento del medio ambiente y de las comunidades de pescadores de la región. Con anuencia de las autoridades, se ha apropiado de un área mayor a la autorizada y ha acaparado el agua potable.
El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, explica que nunca se ha realizado un combate real a la pobreza que padece la Montaña de Guerrero. En entrevista con Contralínea, explica que quienes ganan con los programas asistencialistas son contratistas, funcionarios y algunas empresas; nunca los indígenas. A las comunidades sólo llegan limosnas que sirven para remozar alguna fachada, pero nunca para acabar con el hambre o garantizar la educación de los niños.
El eslogan “Vivir mejor” se tradujo, para las comunidades montañeras, en arcos de bienvenida a la entrada de los pueblos, curatos e iglesias de concreto, un corral para jaripeos y remozamiento de las fachadas de las comisarías. Los niños siguen creciendo, famélicos y con andrajos, tan pobres como sus padres y más aun que sus abuelos. La violencia del narcotráfico cerca a las comunidades más pobres
En las comunidades de la Montaña de Guerrero, los abuelos no tienen acceso a servicios médicos; tampoco a vivienda digna ni alimentación sana. Trabajan más de 12 horas al día y consiguen menos de 7 pesos por jornada. Programas para Vivir Mejor prefirieron remozar fachadas y construir curatos antes que establecer el primer hospital para los na’saavi, me’phaa y nahuas de la región.
Hartos del abandono y corrupción oficiales, en complicidad con líderes de la zona, indígenas triquis decidieron declarar su autonomía para impulsar procesos de desarrollo desde 2007. La violencia, inseguridad e injusticia han puesto en jaque el proyecto autonómico en los años transcurridos; sin embargo, sus líderes aseguran que sigue vigente
En esta región indígena, la zozobra en la que viven sus habitantes también repercute en las necesidades básicas de su desarrollo. Cifras de la Sedesol muestran que el 93.16 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud y el 75.99 por ciento de la población tiene la educación básica incompleta
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