Por fin, los partidos políticos llegaron a un acuerdo y nombraron a sus aspirantes para llenar los cinco huecos de quienes salieron, incluido Sergio García Ramírez, renunciante desde julio pasado.
Las autoridades afirman que la reprivatización del petróleo y la energía eléctrica es para “modernizar” las paraestatales, pero de esa cantaleta mediática no hay una sola evidencia. Ninguna privatización o reprivatización ha sido en beneficio de la sociedad. Ni siquiera un caso pueden exponer los porristas oficiales. Lo cierto es que los grandes empresarios vienen por los recursos energéticos de México y el gobierno se impacienta por entregárselos. Le apuestan a que la sociedad, atomizada o dormida, lo permitirá.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
Un juez federal, Carlos López Cruz, absolvió el pasado 19 de julio a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos. Imposible desligar a Raúl de su hermano, el expresidente Carlos, y a ambos del brutal abuso de poder, del tráfico de influencias y del delito de peculado que cometieron a partir de que este último asumió la Presidencia de la República.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
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Estados Unidos determinó acciones contra Autistici/Inventati (A/I Collective), Palestine Action y Masar Badil, organizaciones a las que el gobierno de Donald Trump acusa de formar
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