Con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia de protección ambiental, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para presentar ante la Cámara de Diputados la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental.
Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, explicó que esta iniciativa tiene como finalidad actualizar la Ley General de Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente, vigente desde 1988 sin que se le haya realizado una modificación.
Indicó que es necesario adaptar la ley a los nuevos desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos y de las costas para crear una “nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza”.
La funcionaria detalló que la medida cuenta con distintos mecanismos como un programa de restauración ecológica que “no estaba en la ley anterior”, así como la incorporación del concepto de cambio climático que tampoco estaba incluido porque el planteamiento inició con la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, es decir, posterior a la publicación de la ley.
Destacó que la propuesta busca además otorgar mayor certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones, particularmente en aquellos territorios donde pueden surgir conflictos socioambientales.
Otro de los componentes de la iniciativa será la incorporación de los avances científicos, la innovación y las nuevas tecnologías, entre ellos los relacionados con la economía circular, así como los nuevos conocimientos sobre flora, fauna y biodiversidad.
Bárcena Ibarra destacó que estos conocimientos deberán complementarse con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, al considerar que la protección ambiental no puede desvincularse de los conocimientos tradicionales de las comunidades. “No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”.
Asimismo, señaló que otro de los cambios centrales consiste en fortalecer la prevención y restauración ambiental con participación ciudadana. Explicó que anteriormente las políticas ambientales se concentraban en la conservación y preservación mediante mecanismos como la creación de reservas, pero sin necesariamente incorporar a las comunidades que habitan esos territorios.
La titular de Semarnat subrayó que también se busca garantizar el acceso a un medio ambiente sano expresado en el Artículo 4 de la Constitución, “para proteger la salud de las niñas, niños, que es el futuro, también nuestro presente, pero cautelamos el futuro”.
La iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental se sustenta en 10 principios que, de acuerdo con la secretaria, deberán orientar las políticas públicas en la materia:
- El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
- No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
- Prevenir antes que reparar.
- Conservar y restaurar para construir futuro.
- Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
- Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
- Propiciar una cultura ambiental.
- Pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha.
- Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
- Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.
Con estos principios, el gobierno federal busca sustituir un enfoque centrado únicamente en la conservación por uno que incorpore prevención, restauración, participación comunitaria, justicia ambiental, ciencia y protección de los derechos de las personas.
