La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En México el derecho constitucional de todo individuo a recibir educación representa una de las obligaciones primigenias del Estado. Para realizar la función educativa pública, el Estado adopta diversas formas de organización administrativa: de manera directa; en forma centralizada y desconcentrada –por conducto de la Secretaría de Educación Pública– a través de organismos descentralizados; o bien delega la responsabilidad, especialmente en educación media superior y superior, a las universidades e instituciones autónomas por ley.
Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra) reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de “engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como diría Manuel Bartlett.
Por los pelos. Los medios informan que Chipre se ha salvado por el canto de un duro de su expulsión de la Eurozona. ¿Salvado? La crisis, también en Chipre, es consecuencia directa de las maldades neoliberales: financiarización de la economía, baja fiscalidad, descontrol de movimientos financieros, opacidad bancaria, especulación… Y con completa certeza podemos afirmar que tales perversidades no han sido enmendadas, ni siquiera reconocidas como tales.
Las “más de 800 modificaciones” que ha sufrido la Constitución Mexicana, desde su promulgación en 1917, “erosionan su estabilidad y legitimidad”, criticó la presidenta de
Con el proyecto Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México, se está impulsando el uso de
Kuala Lumpur. En Filipinas, un grupo de cuatro barangays (barrios) insulares en Tubigon, situado en la región centro-sur de Bohol, se están hundiendo, debido a
Tras la solicitud que han realizado diversos funcionarios canadienses para renegociar el T-MEC con Estados Unidos sin incluir a México –pues acusan al país de
CONTRALINEA.COM.MX
© Contralínea 2023
