Los programas de intercambio de armas por aparatos electrodomésticos y despensas impulsados por la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que entre la sociedad mexicana circulan miles de armas de fuego; muchas de éstas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como fusiles de asalto y lanzagranadas.
Desde la antigüedad (Historia de la guerra del Peloponeso, donde se cuenta la historia, política y estrategias de Tucídides) hasta las épocas moderna y contemporánea, no hay guerra, externa o intestina, en la que participen las Fuerzas Armadas como ejércitos que no tengan como agenda o plan de acción las tácticas y, sobre todo, las estrategias. Sin ellas, no hay guerras. A lo mucho son simples represiones que, sin una finalidad, provocan baños de sangre. Los autócratas en el poder las usan para intereses particulares (como la preparación de golpes de Estado, por ejemplo) y, si acaso, para combatir a un enemigo de afuera o de adentro sin el mayor de los éxitos.
El 25 de marzo pasado arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el buquetanque Texistepec, una de cuatro embarcaciones adquiridas por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la coreana SPP Shipbuilding Group, para su subsidiaria Refinación. Ésta es una de las 12 embarcaciones que la petrolera mexicana compró al cierre del sexenio de Felipe Calderón, de manera triangulada y sin licitación de por medio en los mercados internacionales.
La noche del 10 de octubre de 2009 en que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores, incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.
El reportaje del diario The New York Times –firmado por Ginger Thompson, Randall C Archibold y Eric Schmitt sobre la presión estadunidense para impedir la designación del general de División Moisés Augusto García Ochoa como secretario de la Defensa Nacional– reveló los niveles de desconfianza, temores y presiones que persisten en la relación México-Estados Unidos, y al mismo tiempo la prolongada sospecha de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) sobre la corrupción en la cúpula militar mexicana.
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