Entre los legisladores federales de Estados Unidos circula un memorándum elaborado por el Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso) sobre la libertad de
Dos hechos ocurridos en días recientes evidencian el grave encono del poder político hacia la prensa. Se trata de la campaña mediática a propósito del Cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de la desafortunada, pero reveladora, declaración de la secretaria de Estado Rosario Robles.
En vigor ya la Ley Reglamentaria del primer párrafo del adicionado –por el peñismo– Artículo 6 (no sexto, como dice el decreto publicado en el Diario Oficial, el 4 de noviembre de 2015), contiene, como casi todos los cambios constitucionales de Peña y sus aprobaciones por los Congresos, incluido el de la Unión, muy drásticas violaciones a los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo dispuesto en su Artículo 136.
La libertad de expresión está constantemente en asedio, ya sea con más regulaciones propuestas desde los grupos de poder e instrumentadas por un obediente Congreso de la Unión, o cuando a grupos o personas (léase políticos, funcionarios y empresarios, principalmente) les molesta la crítica y se quejan de violaciones a sus derechos humanos, cuando en realidad lo que no desean es la libertad de expresión que se traduce en la opinión de cualquiera sobre las acciones y actos de otros.
En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.
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