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Negligencia en PGR

Al descrédito y desgaste acumulados en que metieron a la Procuraduría General de la República (PGR) en los primeros 3 años de gobierno, cuando su entonces titular Jesús Murillo Karam inventó la “verdad histórica” de Ayotzinapa sobre los 43 normalistas rurales desaparecidos (que afortunadamente le valió su renuncia), ahora se suma el injustificado acoso que la sucesora Arely Gómez ha ordenado en contra de la actriz Kate del Castillo, por reunirse con Joaquín Guzmán, el Chapo, en busca de una producción fílmica, así como la nueva arbitrariedad de abrirle un expediente penal al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por el supuesto delito de fraude por 2 millones de dólares.

Las quejas de Vidal Soberón

Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.

Las evasiones de penales federales que oculta el gobierno

Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

Periodistas protegidos contra funcionarios y delincuencia

En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.

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