Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.
Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos comenta el fuerte enojo de la funcionaria experredista porque el presidente Enrique Peña Nieto la cambió a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Enfurecida por la decisión presidencial, Robles ordenó vaciar la oficina que ocupó hasta ese 28 de agosto y cuando llegó su sustituto, José Antonio Meade, no había una silla donde sentarse ni tampoco un escritorio que le permitiera despachar en su primer día como titular de la Sedesol.
No es el tercer año, sino los 2 anteriores de este sexenio –al que desgraciadamente le falta la mitad– los que han mostrado que el peñismo no ha sabido resolver los problemas de su competencia. Ha sido éste un mal gobierno. Y no porque los anteriores hayan sido mejores. Nada de eso, pero lo que está en cuestión es el presente, que de esto trata la política responsable. En todos los frentes de sus obligaciones, Enrique Peña y su grupo han resultado ineficaces. Se agudizan esos problemas. La pobreza aumenta y ya debe haber más de 55 millones que, con comedores dizque gratuitos que no atienden ni a 2 millones de mexicanos necesitados, busca el peñismo paliar el hambre. Y todo porque crece el desempleo, al no saber Peña cómo convencer a los empresarios para que su capitalismo genere ocupación.
En 2015 se perpetraron, al menos, 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República. La mayoría ocurrió en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. La mayor parte de los casos se cometieron contra defensores de la tierra y el territorio. El 58 por ciento de los perpetradores fueron actores estatales.
Sin importar la filiación política (priístas, panistas o perredistas), en los últimos años hemos visto cómo la corrupción se ha convertido en un cáncer imposible de extirpar y que penetra e invade todos los sectores de la sociedad. Desgraciadamente, ese fenómeno social, que primordialmente afecta a la burocracia, ha alcanzado también a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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