Los problemas venían de mucho antes. Pero al incendio que ya era México, se le echó gasolina: se ordenó la militarización del país. Hoy se
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Más de 1 millón de hectáreas del campo mexicano podrían ser liberadas para la siembra de transgénicos. Las trasnacionales Monsanto y Pioneer Hi-Bred International solicitan permisos a la administración federal para la siembra comercial de maíz genéticamente modificado. De aprobarse, en las tierras cultivables de Sinaloa y Tamaulipas germinará el maíz MON 603 que provocó tumores, daños hepatorrenales, envejecimiento prematuro y trastornos en el sistema reproductivo de los roedores alimentados con el producto.
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
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