CIDH ordena a Estado mexicano medidas cautelares en favor de Contralínea

Redacción - 03 Ago 2014 a las 12:02 am

Por considerar que “el daño potencial no permite demoras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares a favor de Contralínea y de su equipo editorial. Tras la más reciente agresión de la que fue objeto en junio pasado, la Comisión considera que el caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. “Se ha establecido prima facie que los derechos a la vida e integridad personal de los miembros identificados de la revista Contralínea se encontrarían en una situación de riesgo”, determina la instancia de la OEA; por ello, solicita al Estado mexicano que adopte medidas necesarias para preservar esos derechos e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar las agresiones en contra de los denunciantes

 
 
El 18 de julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la medida cautelar 252-14 a favor de la revista Contralínea y de su equipo editorial, tras analizar la grave situación de riesgo que éstos  enfrentan derivada de los más recientes allanamientos, tanto a las instalaciones de la publicación (24 de junio) como a la vivienda de su director (18 de abril).
 
Aunque generalmente el organismo multilateral solicita información al Estado antes de adoptar una decisión sobre una solicitud de medidas cautelares, ha considerado que el caso de Contralínea se enmarca en una situación de excepción, donde “la inmediatez del daño potencial no permite demoras”.
 
Y es que, indica, “tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los miembros de la revista Contralínea se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en un estado de riesgo inminente”.
 
Por ello, en su resolución 21/2014, la CIDH solicita al Estado mexicano que  adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los miembros identificados de la revista Contralínea; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
 
La Comisión también solicita al gobierno de Enrique Peña Nieto que le informe, dentro de un plazo de 15 días, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualice dicha información en forma periódica.
 
Para la Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos, el caso de Contralínea reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento, que establece que la “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; la “urgencia” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
 
Al respecto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, “en vista de las presuntas amenazas y actos de violencia que atentarían contra la vida e integridad personal de los miembros de la revista Contralínea, en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
 
“En particular, la información aportada sugiere que varios de los presuntos hechos estarían orientados a obstaculizar el libre ejercicio de la profesión periodística de los miembros de Contralínea, en vista de una serie de reportajes e investigaciones sobre la presunta participación del sector público y privado en la comisión de delitos relacionados con corrupción, abusos de poder y violaciones de derechos humanos, entre otros.
 
“Al respecto, en adición a las presuntas amenazas, adquiere particular relevancia los presuntos saqueos ocurridos recientemente en las instalaciones de la revista Contralínea, en los cuales se habría hurtado información importante relacionada con el trabajo del medio de comunicación.”
 
Respecto del requisito de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido, “en la medida de los recientes presuntos hechos que habrían ocurrido en las instalaciones de Contralínea y en el domicilio de su director, los cuales se enmarcarían en los presuntos antecedentes de violencia que habrían enfrentado sus miembros y que sugieren que los presuntos perpetradores conocen sus domicilios. En tal sentido, la continuidad y proximidad de las situaciones de riesgo en el presente asunto determinarían la necesidad de una protección inmediata.
 
“En este escenario, la Comisión toma nota que, según los solicitantes, el Estado presuntamente habría adoptado ciertas medidas para proteger a los miembros de Contralínea. Sin embargo, la CIDH observa que, según la información presentada y de conocimiento público, las medidas presuntamente adoptadas no serían efectivas, en vista de que no se habría proporcionado un marco de protección eficaz, tomando en consideración la naturaleza del trabajo de los miembros de Contralínea, la visibilidad de los reportajes e investigaciones que estarían realizando y los alegados antecedentes de violencia que habrían enfrentado anteriormente.
 
“Adicionalmente, la Comisión observa que los solicitantes han alegado que presuntamente no existiría un resultado sobre las investigaciones realizadas, lo cual podría permitir o estimular la repetición de los presuntos hechos de violencia en el futuro.”
 
En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, “en la medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad constituye la máxima situación de irreparabilidad”.
 

El contexto

 
Al analizar el caso de Contralínea, la CIDH tomó en cuenta la particular situación de riesgo que enfrentan ciertos periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación en México, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Información que la propia Comisión ha incorporado, de manera continua, en sus informes anuales
 
Sobre este punto, el organismo multilateral recuerda que en su Informe anual 2012, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que “desde hace varios años los periodistas de Contralínea […] han enfrentado una serie de demandas civiles y penales interpuestas por las empresas Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine, hechos que han provocado expresiones de preocupación por parte de esta Relatoría Especial, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
 
Por ello, estima que “se ha establecido prima facie que los derechos a la vida e integridad personal de los miembros identificados de la revista Contralínea se encontrarían en una situación de riesgo”.
 

Los hechos analizados

 
Acompañada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC, y la Casa de los Derechos de los Periodistas, AC, Contralínea expuso a la CIDH que, desde su fundación en 2002, ha enfrentado una serie de ataques que han puesto en riesgo la integridad de sus colaboradores en diferentes momentos. Las agresiones han incluido la judicialización de la labor periodística, el allanamiento a sus instalaciones, el robo de las herramientas de trabajo, la intimidación, la amenaza.
 
 
 
Casos revelados
 
A lo largo de su existencia, Contralínea ha revelado casos de corrupción de trascendencia nacional, así como hechos de interés social. Entre los más relevantes se encuentran los siguientes reportajes:
 
 
 
 
Agresiones y acciones de defensa
 

 

 

 

 

El juicio se desahogó sin que se notificara a los demandados ninguna de las instancias procesales. Se dictó sentencia condenatoria por daño moral a pesar de la violación al debido proceso. El amparo promovido fue negado.

 

Esta demanda se derivó en el arresto de Miguel Badillo (por 11 horas en enero de 2009) y la orden de aprehensión contra Ana Lilia Pérez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que en el punto 790, la Relatoría de la CIDH anota: “Preocupa además a la Relatoría que en el marco de los procesos mencionados en el párrafo anterior, un juez civil dictó una medida provisional contra los periodistas y la empresa prohibiéndoles referirse a los demandantes ‘a través de insultos’ en sus notas periodísticas, medida que equivaldría a una censura previa. Adicionalmente, según la información recibida por la Relatoría, en el marco de dichos procesos civiles, el director de Contralínea fue detenido en circunstancias cuestionadas por la CNDH. Asimismo, según información de la CNDH, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y varios civiles que según información de la revista, se identificaron como representantes de los demandantes, se introdujeron intempestivamente en las instalaciones de dicha revista el 11 de febrero de 2009. La Relatoría expresa su preocupación ante estos hechos, que revelarían un intento de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a periodistas”.

 

 

 

 

 

 

Por este caso intervino la Secretaría de Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH). Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicita al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, se investigue “la presunta violación a los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.

 

En el documento oficial se hace referencia a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en las que se documentó la violación al debido proceso en que incurrió el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de Gobernación solicita al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”.

 

En su comunicación, la Secretaría de Gobernación le recuerda al Poder Judicial del Estado de Jalisco –representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.

 

La CNDH, por su parte, también abrió un expediente en el que documenta los más recientes agravios en contra de la revista Contralínea y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech Rodríguez, dio entrada a la queja presentada por Contralínea.

 

 

 

 

 
 
Redacción

 

 

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