Roma, Italia. Pocos países no se vieron salpicados por los documentos filtrados y divulgados este mes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Los llamados Papeles de Panamá revelaron que hay unos 12 jefes de Estado, algunos en funciones y otros no, entre los 143 dirigentes políticos, familiares y allegados que utilizaron paraísos fiscales de forma secreta.
En vigor ya la Ley Reglamentaria del primer párrafo del adicionado –por el peñismo– Artículo 6 (no sexto, como dice el decreto publicado en el Diario Oficial, el 4 de noviembre de 2015), contiene, como casi todos los cambios constitucionales de Peña y sus aprobaciones por los Congresos, incluido el de la Unión, muy drásticas violaciones a los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo dispuesto en su Artículo 136.
Detrás de leyes y reformas antipopulares –como la laboral, la energética, la de telecomunicaciones y la educativa– está el oscuro trabajo de los cabilderos. Sin importar el costo, éstos tienen como principal función influir en las decisiones de los legisladores para que se favorezca o se evite algún perjuicio a las industrias, organizaciones o incluso naciones que representan.
Más de 12 mil millones de pesos salieron de las arcas mexicanas para el pago de “contribuciones voluntarias” a organismos internacionales, como la ONU y la OMC, entre otros. A mitad del sexenio, se cierra la llave.
El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares (alrededor de 329 millones de pesos).
Vamos de mal en peor, no obstante lo que diga la propaganda gubernamental
Puntual como acostumbra ser para sus actividades laborales, el secretario de Estado Miguel Ángel Osorio Chong llegó a su cita con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Era la mañana del pasado 28 de junio. Traje oscuro impecable, corbata y zapatos lustrosos vestía el responsable de la política interna del país. En la sala de juntas ya lo esperaban senadores y diputados. Al titular de Gobernación lo acompañaba un equipo mínimo de asesores, de esos que acostumbran a elaborar tarjetas informativas ante preguntas incómodas o difíciles de responder. Sólo un fólder con documentos y notas al margen llevaba el funcionario.
La falta de normatividad en materia de comunicación gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
Si escandalizó a la sociedad la condonación fiscal de 3 mil millones de pesos al grupo Televisa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta igual o más grave la devolución de impuestos por 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes, sólo correspondiente a 2011. Es decir, a esa cifra multimillonaria hay que sumarle lo devuelto en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón.
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
Ante las múltiples campañas de propaganda negra que se han desatado tanto en corporaciones mediáticas como en redes sociales contra la llamada cuarta transformación, el
El informe de derechos humanos que presentó el Departamento de Estado, el pasado 22 de abril, lleva implícito el mensaje de que en el gobierno
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE)
Más de 3 toneladas de polvo blanco –con características similares a la cocaína– fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), cerca de
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