Todo inició para Luis Alberto Delgado, un residente de Houston, Texas, como una simple infracción de tránsito. No usaba el cinturón de seguridad cuando regresaba con su hermano de dejar a una sobrina cerca del lugar donde vivían. Esto fue a mediados de junio.

Los detuvo un oficial del condado de Alice, Texas, quien al ver que los hermanos no hablaban un inglés, fluído, pidió ayuda a la Patrulla Fronteriza.

Al hermano de Luis Alberto le formularon cargos por conducir sin licencia, pero pagó una fianza y pudo salir libre porque además, pudo comprobar que era ciudadano estadounidense. Luis Alberto no, y ahí comenzó la odisea.

Frente a oficiales de la Patrulla Fronteriza mostró un certificado de nacimiento que indicaba haber nacido en el Hospital Ben Taub, de Houston, y una tarjeta de identificación de Texas, pero no fue suficiente pues luego de ocho horas de un inquisidor interrogatorio, no le creyeron y lo hicieron firmar papeles para deportarlo a México.

Y es que Luis Alberto había regresado a Houston hacía tres años, luego de vivir parte de su niñez en México, algo común en la población hispana, de allí la explicación de que su inglés era el mínimo para comunicarse.(1)

Su caso vuelve a retomar la polémica sobre el tema de la inmigración y aunque Texas tiene una gran historia en materia de leyes contra la estadía ilegal, hace unos meses Arizona se llevó las palmas.

El 30 de abril, la gobernadora de ese estado, Jan Brewer, firmó enmiendas a la ley SB 1070 que desató polémica pues las modificaciones eliminaron las restricciones para que cualquier policía de Arizona pudiera usar el perfil racial para detener a cualquier sospechoso de estar ilegalmente en el país.

“Lo sabíamos. Es un paso lamentable, pero sabíamos que Brewer lo iba a hacer”, dijo el director de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los ángeles, Jorge Mario Cabrera, quien en la víspera viajó desde California hasta Phoenix para apoyar a miles de activistas que pedían el veto de la iniciativa patrocinada por los republicanos.

Escape del estado

Pesea a las protestas generadas por la Ley, la gobernadora se salió con la suya y entonces miles de inmigrantes mexicanos debieron empacar rápidamente, vender lo poco o mucho que tenían, despedirse de sus trabajos y huir a otros estados, o de plano regresar a México.

La ley era muy clara: se trataba de expulsar a los indocumentados y desalentar en forma contundente su regreso.

Pero Brewer fue mucho más allá. Declaró que la mayoría de los indocumentados son usados como narcotraficantes para introducir drogas a Estados Unidos.

“Creo que bajo las circunstancias que afrontamos ahora, la mayoría de los intrusos ilegales que están viniendo a Arizona están bajo la dirección y el control de los cárteles organizados de la droga, y que están introduciendo las drogas”. (2)

Millones de personas en Estados Unidos y México protestaron, presionaron, pero no pudieron detener a Brewer cuyo estado no era precisamente el más activo en materia de leyes migratorias.

Supremacía hispana

Según un estudio del Consejo Nacional de Población en Arizona residían cerca de 590 mil mexicanos, que representaban un nueve por ciento de la población total del Estado.

Asimismo, la primacía mexicana entre la población extranjera en Arizona era incuestionable, toda vez que los nativos mexicanos representaban antes de la ley, 62 por ciento del total de inmigrantes, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) basadas en la Current Population Survey (CPS). Además, de los cerca de 500 mil inmigrantes indocumentados que estima el Pew Hispanic Center (PHC), 94 por ciento nació en México. La tasa de participación económica de los inmigrantes mexicanos en el Estado de Arizona resultaba superior a la de los demás inmigrantes y de la población nativa residente (66, 65 y 63 por ciento, respectivamente). Asimismo, alrededor de 90 por ciento de la población mexicana económicamente activa se encontraba ocupada, según la CPS de 2009. Este indicador es revelador de una amplia demanda del mercado laboral de Arizona por mano de obra mexicana; no obstante, resultan insuficientes los canales legales de migración. De acuerdo con estimaciones del PHC, alrededor de 10 por ciento de la fuerza laboral del Estado de Arizona (cerca de 300 mil personas) era indocumentada, y la gran mayoría es originaria de México. El estudio del Conapo con base en los informes de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos (NCSL) colocó a Arizona –(junto con Texas, Georgia y Colorado)– entre los estados de la Unión Americana que presentan más restricciones hacia la migración indocumentada. Sin embargo, la ley SB 1070 era sólo una de las más de 560 leyes estatales relativas a la inmigración y a los inmigrantes promulgadas desde 2005 en Estados Unidos, como respuesta a la inmovilidad a nivel federal en torno a una reforma migratoria.

Promulgar leyes, deporte nacional

Según datos de la NCSL, entre 2005 y 2008 los Estados de la Unión Americana promulgaron 402 leyes relacionadas con la inmigración: 24 Estados legislaron en 2005, 32 en 2006, 46 en 2007 y 39 en 2008. A partir de 2007, legislar en materia de inmigración es una practica difundida a lo largo y ancho de Estados Unidos. Las legislaturas estatales han decidido regular una gran variedad de temas relacionados con la inmigración. En el período analizado, las primeras leyes estatales promulgadas en la materia tuvieron como objetivo el combate del tráfico ilícito de personas y de las formas modernas de esclavitud (las disposiciones criminalizaban dichas prácticas y establecían penas y sanciones), pero en la medida en que el número de leyes se ha multiplicado, la agenda se diversifica hacia todos los aspectos de la vida diaria de los inmigrantes indocumentados y sus familias. Sin embargo, el balance del período confirma que más de 20 por ciento de las leyes promulgadas tiene qué ver con requisitos para obtener licencias de conducir, la actividad laboral (17 por ciento ) y el acceso a ventajas y beneficios públicos.

El sentido de las leyes

El estudio señala que la mayoría de las poco más de 400 leyes promulgadas en materia de inmigración e inmigrantes en el período considerado es de índole favorable (59 por ciento), al reducir y, en algunos casos, eliminar restricciones y criterios de elegibilidad, expandir ventajas y beneficios públicos. Según el documento de Conapo, la circunstancia de los inmigrantes autorizados ha tendido a mejorar sustancialmente: casi 80 por ciento de las leyes promulgadas en los Estados que tienen como objetivo específico a dicha población concede oportunidades y ventajas que antes implicaban necesariamente acreditar la ciudadanía o una larga estancia legal en el país. Además, menciona el estudio, entre las leyes de vocación desfavorable predominan las disposiciones que tienen efectos prácticos poco significativos en la vida cotidiana de los inmigrantes y sus familias, como leyes relativas a cuestiones electorales o al derecho de portar y tener armas de fuego. Aun así, añade, existen algunas disposiciones absolutamente restrictivas, reverberación de la coyuntura local, cuyo impacto final depende del perfil de la población inmigrante en el Estado, por ejemplo: en Wyoming se promulgó en 2005 una disposición que niega específicamente a los no ciudadanos financiamiento público para su carrera universitaria.

Como se puede observar, la legislación en materia de inmigración tiene muchos aristas que no van a resolverse pronto y menos con intervenciones desafortunadas como las de Arnold Schwarzenegger, quien señaló, durante la polémica de Arizona, que no pisaría ese estado, a pesar de ser invitado a una charla universitaria, porque tenía miedo de que por su acento extranjero lo fueran a deportar.

Así le pasó a Luis Alberto Delgado, un adolescente norteamericano, nacido en Houston, deportado de su propio país de naciemientopor hablar poco inglés.

El terror de los migrantes de Arizona

Al más puro estilo de las películas del oeste, a este tipo le gusta jugar al rudo.

Es un cazador de indocumentados e inventor de una prisión en la que se vive en tiendas de campaña a 50 grados a la sombra.

Es una figura en Arizona y en todo el país. Se llama Joe Arpaio y lo primero que hay que hacer, según este vaquero de ascendencia italiana, es meter a la cárcel a todos lo que se salten la valla (la frontera con Estados Unidos).

En Maricopa, Arizona, donde Arpaio es la ley, no pocos lo tachan de racista, “es una lástima que no me quieran”, dice.

“Lo primero que hay que hacer… es meter en la cárcel a los que saltan ésta valla (en la frontera con México) que costó 1 mil millones de dólares”.

La popularidad de Arpaio, de 77 años, es tan grande que hasta se rumoreó que iba a presentarse para gobernador del estado en las próximas elecciones, pero descartó esa posibilidad porque aseguró que quiere seguir sirviendo a su gente.

“Si tienes el apoyo de la gente puedes mover montañas y creo que lo he probado durante 18 años como sheriff”, explicó.

Sus críticos, igual de feroces que sus partidarios, aseguran que bajo su aparente eficiencia yace un racismo latente, en un estado que antes de la ley SB 1070 tenía unos 460 mil indocumentados, la gran mayoría de ellos hispanos.

El costoso Joe

Joe Arpaio se considera “el sheriff más duro del oeste”. Ha sido desde 1996 el enemigo número uno de los indocumentados, con el apoyo de la mayoría de sus votantes que lo reeligieron en 2000, 2004 y 2008.

El año pasado la nueva administración Obama lo despojó de su autoridad de arrestar a indocumentados por violación de leyes federales. Pero él lo ignoró y siguió haciendo redadas migratorias en barrios latinos y centros de trabajo en nombre de leyes estatales.

Los únicos que pueden destituir al shérif son los ciudadanos del condado y no se ve que quieran jubilarlo a pesar de que el condado Maricopa ha tenido que pagar más de 30 millones de dólares por veredictos judiciales que encontraron a Arpaio culpable de violar derechos civiles de detenidos.

Además, paga cinco millones de dólares anuales en seguro contra demandas judiciales, cinco veces más que hace diez años.

Actualmente enfrenta más de mil quejas en su contra interpuestas por detenidos, 50 veces más que en Los Angeles, Chicago y Nueva York juntos.

Pero a Joe eso no le interesa, “eso no me perturba, yo seguiré encerrándolos (los inmigrantes ilegales) a todos y los llevaré hasta la frontera con México”.