Liliana Torres / Ciudad Victoria, Tamaulipas

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, está en problemas. Recientemente, algunos me-dios de comunicación evidenciaron el presunto proselitismo que está realizando con recursos y vehículos oficiales a favor del Partido Acción Nacional y el exalcalde de Reynosa, Francisco García Cabeza de Vaca.

Ante ello, el funcionario federal enfrenta una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), que podría llevarlo a la cárcel hasta por nueve años, en caso de que logre acreditarse su participación en estos hechos.

El capacitador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Pepade), de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Enrique San Román de la Torre, explicó que tras la denuncia interpuesta por Humberto Canales Guerra habrá que seguirse una investigación y, dependiendo de los resultados, el todavía delegado federal podría ir a parar a la cárcel, además de que tendría que pagar una multa de hasta 400 días de salario mínimo.

“Depende de la investigación, dependería efectivamente de la investigación que se pudiera acreditar el delito y, efectivamente, la sanción a cualquier servidor público que cometa un delito electoral es de 200

a 400 días de multa y la prisión es de 1 a 9 años”.

Y es que el exempleado de Sedesol, Humberto Canales Guerra, acudió a la subdelegación de la PGR en Ciudad Victoria para presentar una denuncia en contra de Mejía García por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y delitos electorales.

En su querella, Canales Guerra aportó pruebas que espera sean consideradas suficientes para que se investigue y en su momento se castiguen los delitos denunciados, ya sea con cárcel o multa.

En ese sentido el capacitador de la Fepade, Enrique San Román de la Torre, detalló que de acuerdo a la ley las sanciones son las mismas para cualquier funcionario público sin importar su nivel y dependerá del juez determinar la sanción que le corresponda al culpable.

“Ahí es donde entra el tipo de funcionario, el cargo que tiene y la responsabilidad que tiene”, dijo.

 

 

El escándalo se dio cuando salieron a la luz pública una serie de fotografías que evidencian a Mejía García como el principal operador político tanto del Partido Acción Nacional como del exalcalde de Reynosa, Francisco García Cabeza de Vaca, quien aspira a conseguir una candidatura al senado.

Las acusaciones surgieron con unas fotografías que muestran al delegado bajando de un vehículo oficial de la Sedesol, en el cual se puede observar la propaganda de Cabeza de Vaca.

El vehículo es un Nissan Tiida 2011, placas MJJ-9444, del Estado de México, mismo que de acuerdo a la dependencia fue asignado a la titular del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol, Dulce A. Rocha.

Una segunda serie de fotografías muestran que Mejía García estaría violando la ley al promocionar al PAN en vehículos oficiales, ya que varios vehículos que pertenecen a la Sedesol cuentan con calcomanías tanto del PAN como de la precampaña de García Cabeza de Vaca.

Entre los automóviles oficiales donde se puede observar la propaganda partidista se encuentran un auto marca Thida, color blanco sin placas, que tiene en el vidrio trasero tanto el logo del gobierno federal como la propaganda del exalcalde de Reynosa.

También está una camioneta blanca con placas WH-65-941, del Estado de Tamaulipas, con logotipos de Sedesol federal y una calcomanía con las siglas del PAN.

 

 

Tras la difusión de estas fotografías las reacciones no se hicieron esperar y mientras partidos como el PRD y PT exigían la renuncia de Luis Alonso Mejía, el IFE, en voz de su presidenteconsejero, Arturo de León Loredo, advirtió que la ley es clara y los servidores públicos tienen prohibido usar bienes o recursos oficiales para apoyar a partidos o candidatos, condicionar servicios públicos y bienes por participación e inducción en determinado sentido lo que es motivo de responsabilidad y castigo.

“Eso está clarísimo, no tiene porqué andar ningún vehículo ni los bienes orientados a un fin distinto, no tienen porqué andar en campaña”, indicó.

De León Loredo explicó que la Constitución, en su Artículo 134, establece principios por los cuales deben de conducirse los servidores públicos, como lo son la eficacia e imparcialidad.

Recordó que de acuerdo al calendario electoral federal está prohibido cualquier acto de proselitismo político hasta el 30 de marzo de 2012, así como también condicionar los servicios y bienes por votos.

“Condicionar servicios, bienes por voto o participación en determinado sentido es motivo de responsabilidad, no cualquier señalamiento es motivo de denuncia, por otro lado también tienen derecho a participar políticamente y es algo que debemos tener en cuenta, tiene obligaciones y derechos”, indicó.

 

 

Tras las publicación de las fotografías, el delegado federal culpó a su propio partido, el PAN, de “fuego amigo” en su contra, al asegurar que todo fue un “circo” para “golpearlo políticamente” ante la cercanía del proceso electoral del año 2012.

“Todo es un golpeteo, incluso puede ser hasta ‘fuego amigo’, no se crean nada, puede ser del contrario, pude ser hasta interno, pero todo esto es electorero, no me quita el sueño nada de eso porque nada de eso es real”, expresó a los reporteros.

Manifestó que todas estas acusaciones son “publicidad gratis”, aunque no tiene pensado competir por algún puesto público en las próximas elecciones.

Respecto a las peticiones del PRD y PT a que renuncie a su cargo “al menos por vergüenza luego de la balconeada”, Luis Alonso Mejía García aseguró que respeta las manifestaciones de las fuerzas políticas.

“Hay la libertad total de cada quien de expresarse, yo lo que les puedo decir es que no necesito publicidad”.

Incluso el delegado federal aseguró que iba a interponer una denuncia penal contra quien resultara responsable de la “siembra” de esta propaganda.

“Voy a presentar la denuncia contra quien resulte responsable donde se ve claramente quién fue el que hizo todo eso, es un exempleado de la Sedesol”, dijo.

Sin embargo, a la fecha el funcionario no sólo no ha interpuesto ninguna querella, sino que se ha rehusado a hablar con los medios de comunicación después de que se enteró que ya está siendo investigado por las autoridades federales.