La dos caras de la violencia, la de los delincuentes y quienes los combaten, en esta guerra de todos contra todos y el regreso al estado de naturaleza, sobre las cuales nos advirtieron primero Thomas Hobbes (1588-1679) y después Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), se hayan implantadas en nuestro país y tienen sitiada a la nación. Es una doble violencia sangrienta, que en el sexenio de Felipe Calderón arrojó más de 100 mil homicidios; y en 1 año del de Enrique Peña, 21 mil homicidios; que lleva a millones de mexicanos, de los más de 114 millones que somos, a toda clase de desgracias, angustias, miedo e inseguridad, en un contexto de creciente ingobernabilidad.

No hay paz pública. Y no es la ley lo que impera. El estado de derecho se desmorona. Y son tan graves las consecuencias, que por todas partes los ciudadanos las están asumiendo (con las armas, la defensa de sus casas, sus calles y sus comunidades, porque las policías se han corrompido tanto que actúan más como delincuentes que como servidores de la sociedad) para hacer valer las libertades constitucionales. Y al abusar de sus facultades y no cumplir con sus obligaciones, los funcionarios contribuyen a la violencia generalizada que sofoca la convivencia, y ante el sálvese quien pueda, recurren a esas “autodefensas”, al parecer, para enfrentarse a Los Caballeros Templarios, a Los Zetas, a los sicarios y a los que cobran “impuestos”, todos actuando en la ilegalidad, porque los que deberían actuar con legalidad se han corrompido y sirven solamente a sus intereses.

En ese contexto, los periodistas también son víctimas, pues al ejercer sus derechos para los fines de su trabajo, como otros cientos de miles de compatriotas, son agredidos por los representantes de esa doble violencia, encarcelados y hasta asesinados. Como el resto de la población, unos pocos presentan denuncias que se acumulan sin que concluyan, porque los agentes del Ministerio Público son ineficientes y todo se arregla mediante sobornos. Y por eso es que 493 averiguaciones están en curso en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la todavía Procuraduría General de la República (PGR). De ellas, más de 100 homicidios tuvieron lugar en los 2 sexenios anteriores y 10 que ocurrieron en el primer año del peñismo.

Es más que cierto que toda la población nacional vive presa del miedo por el choque de esas dos violencias y es cierto que está inmersa en tal angustia; lo mismo pasa con los periodistas en su labor de reporteros, pero van a los hechos para recabar la información y ofrecerla a los lectores de la prensa escrita, de la radio y la televisión. La que además llega a columnistas y analistas para su crítica. En ese desempeño son agredidos (como ha sucedido en la capital del país por las policías defeñas y federales) y reciben lesiones, por lo cual presentan sus denuncias. Éstas se acumulan en las agencias del Ministerio Público, sin que lleguen a pasar a los tribunales para deslindar responsabilidades.

Las casi 500 averiguaciones permanecen almacenadas en la PGR. Y el reportero-corresponsal Carlos García (La Jornada, 2 de marzo de 2014) nos informa que solamente 130 siguen el curso de investigación y que 43 apenas están en manos de algún juez, sin que se vea la posibilidad de que sean resueltas para consignar al funcionario, y que éste pase de presunto responsable a imputado de una sanción. Es el caso de las cientos de miles de denuncias del resto de los mexicanos. Un porcentaje mucho mayor no presenta denuncias porque o no prosperan o los agentes del Ministerio Público trafican con ellas, y a cambio de sobornos entregan los datos y los acusados van a los domicilios para ejecutar la venganza por haber sido denunciados.

La corrupción ya invadió todo en nuestro país para llevar el capitalismo del neoliberalismo económico hasta sus últimas consecuencias, es decir, el capitalismo como botín. Y pescar en el río revuelto de esa descomposición institucional, donde lo único que cuenta es el favoritismo y los sobornos para hacer justicia a favor del que puede comprar a funcionarios del Poder Judicial. Igual pasa con los periodistas, pues como sus denuncias son contra funcionarios, la PGR, por medio de su titular y de común acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siguiendo instrucciones de Peña, mantiene las averiguaciones en eternas investigaciones.

Como las serpientes, esa PGR está a punto de cambiar de piel para llamarse Fiscalía de la Federación. Es sólo un cambio de nombre –como el del Instituto Federal Electoral– para presumir de instituciones antes y después de Peña. Pero las denuncias presentadas por periodistas de las entidades no prosperan. Siguen apiladas y archivadas en trance de averiguaciones. Una y otra vez los reporteros las ratifican, llevan más pruebas y amplían sus declaraciones. Y nada pasa. Los agresores y matones permanecen en la impunidad o capturan chivos expiatorios (como pasa en Veracruz, con el duartismo) a quienes declaran culpables sin serlo, mientras los auténticos responsables son puestos en libertad. Es la clásica maniobra urdida en las entrañas de los poderes públicos para hacer creer que se investigan los delitos contra periodistas.

*Periodista

Contralínea 379 / 30 de marzo al 5 de abri