En los próximos días, la Cámara de Diputados designará al próximo titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia, en sustitución de Roberto Michel Padilla, quien cumple en abril dos periodos (ocho años) al frente de ese importante órgano de vigilancia.
Hace cuatro años, Michel y su equipo de 70 expertos auditores investigaron al entonces auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, a quien un grupo de legisladores acusó de incumplimiento de obligaciones, fraude de funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y encubrimiento de los hermanos Bribiesca Sahagún –hijos de Marta Sahagún e hijastros de Vicente Fox– por operaciones irregulares de su empresa Construcciones Prácticas con el IPAB. Ese expediente impidió que González de Aragón fuera reelecto al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta hace unos años, la ASF era una de esas instituciones de las que se conocía poco su actuar, al igual que los resultados de su trabajo. Sobre todo, se desconocía a quién le rendía cuentas. En aquellos años, los medios de comunicación esperaban sacar la nota con el tan aclamado día del auditor, cuando éste entregaba el informe de las auditorías. Entonces sí provocaba el tumulto de periodistas para saber cómo habían salido las cuentas del gobierno.
Pero eso ha cambiado en buena medida porque algunos legisladores, más allá de su visión partidista, determinaron que todos deberían rendir cuentas, incluido el auditor, y que la información de las auditorías debería ser pública, como públicos también serían los informes del seguimiento a las irregularidades determinadas.
Ahí entró un nuevo actor: la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y, especialmente, la UEC, cuyo próximo titular será nombrado en dos semanas por los diputados. Esta Unidad se ha convertido en la vigilante de las acciones del auditor, la que lo controla y vigila. Y es el único órgano al que las dependencias auditadas pueden acudir en caso de excesos de la ASF.
La Comisión de Vigilancia, que preside la perredista Esthela Damián, tiene en ese organismo un instrumento valioso para mantener el control sobre la actuación de la Auditoría, pero también para ayudarle a mejorar su trabajo y que se reduzcan los niveles de corrupción que se han convertido en el principal problema del país y del gobierno.
De ahí el interés que seguramente tendrán los partidos políticos en el nombramiento del futuro jefe de la Unidad. En ese terreno de la disputa política por el control de la UEC, los priistas van por todo. Ya controlan la ASF, pues su titular, Juan Manuel Portal, fue subordinado del líder de la bancada priista Francisco Rojas. Este legislador buscará también dirigir el órgano encargado de vigilar a la Auditoría Superior. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará así tener una UEC a modo, lo que representaría un grave retroceso en los pocos avances que tenemos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Hace poco más de un año, en noviembre-diciembre de 2009, Juan Manuel Portal Martínez fue elegido en un discutido proceso como auditor Superior de la Federación, en sustitución de González de Aragón. Incluso, los propios concursantes cuestionaron cómo se integró la terna final y la votación, de la cual resultó “ganador” el candidato propuesto por el priista Francisco Rojas.
Diversos medios han comentado los frenos impuestos a los excesos que llegó a cometer la ASF, cuando su titular era González de Aragón, a quien, por cierto, se le sancionó por el caso del despacho de sus hijos, calificado como un claro conflicto de intereses.
Y es que en la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el exauditor y operado por sus hijos, auditó la Presidencia de la República. El contrato se ha renovado con el actual gobierno, encabezado por Felipe Calderón, sin importar que estuvieran sujetos a un proceso de investigación por hechos de supuesta corrupción.
Según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, elaborado por la UEC, González de Aragón fue “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.
El encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas en 2001, 2002 y 2003, había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, del que el entonces auditor Superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores.
Ahora, el auditor Juan Manuel Portal enfrenta la actuación de la UEC por irregularidades descubiertas en su gestión. Por ello es previsible que el jefe de la bancada del PRI en la Cámara, Francisco Rojas, cuide sus espaldas y haga lo posible por evitar que la Unidad caiga en manos de un auditor independiente que luche en contra de la corrupción.
Por lo pronto, ya se mencionan algunos nombres y se habla del exdiputado priista Manuel Galán como un posible candidato de Francisco Rojas. Este aspirante sería un auditor a modo para el PRI, pues fue colaborador de Rojas cuando se desempeñó como titular de la desaparecida Secretaría de la Contraloría General de la Federación en la década de 1980. Aunque parece aventurada esa estrategia del PRI, no se dude de que este partido intente, por todos los medios, controlar la Unidad de Evaluación.
Hay que estar atentos a lo que hagan los diputados de la Comisión de Vigilancia y, en particular, su presidenta, la perredista Esthela Damián Peralta, para evitar que sean intereses partidistas los que controlen los órganos de vigilancia como la UEC.
*Periodista
