Las alianzas entre fuerzas políticas divergentes, sin importar ideologías, principios morales ni códigos éticos, han dado resultados inmediatos en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los más recientes procesos electorales: la oposición le arrebató las gubernaturas de dos estados priistas por tradición: Oaxaca y Puebla.
Esos acuerdos entre quienes parecían enemigos irreconciliables avanzan también en otros terrenos distintos al ámbito electoral. Ahora, los amarres políticos empiezan a operar en el campo judicial: se intenta llevar a juicio a mandatarios estatales bajo señalamientos de vínculos con el crimen organizado, concretamente narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
Tal es el caso del proyecto de denuncia penal que analizan en el Distrito Federal las áreas jurídicas de cuatro grupos políticos: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Convergencia y Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia).
El propósito de dicha querella, de ser firmada por los cuatro líderes nacionales Jesús Ortega, César Nava, Luis Walton Aburto y Manuel Camacho Solís, respectivamente, es presentarla en los próximos días ante la Procuraduría General de la República (PGR) y someter a proceso penal al todavía gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, quien el próximo miércoles 15 termina su gestión y ya prepara maletas para irse lo más lejos posible del país. Quienes lo conocen aseguran que ya habría comprado residencias en Norte y Suramérica y que algunos de sus familiares habrían ya viajado a Canadá.
Previsor, el equipo de prensa de Hernández Deras ha evitado que la prensa se acerque al político duranguense, que es duramente criticado al interior del estado, en donde los partidos de oposición le cuestionan las cuantiosas inversiones en obras públicas, una deuda del erario por miles de millones de pesos, la imposición a cualquier precio de su sucesor Jorge Herrera Caldera y la adquisición de bienes inmuebles por conducto de “prestanombres” que dejarían a Durango sin recursos públicos.
Como es costumbre, la sucesión en las gubernaturas se ha vuelto de máxima importancia para los funcionarios salientes, quienes buscan protegerse de cualquier indagatoria en su contra. Bajo esta lógica, el gobernador de Durango tuvo una activa participación en las elecciones pasadas, en donde su prioridad fue heredar el cargo a su subalterno Herrera Caldera, quien sabe mucho de las cuentas del gobernador al haber ocupado la Secretaría de Finanzas. Este supuesto candidato ganador espera sólo el fallo del Tribunal Federal Electoral, en donde la coalición de las cuatro fuerzas políticas denunció múltiples irregularidades ocurridas en el proceso de elección.
De obtener el triunfo definitivo, a Herrera Caldera le espera un gobierno complicado, pues tendrá que explicar a los duranguenses los manejos de miles de millones de pesos que la oposición asegura fueron malversados, además de que la dependencia a su cargo servía de lavadero de recursos procedentes del tráfico de drogas. Los señalamientos tendrán que ser probados por la autoridad federal, si quiere proceder en contra de un gobernador priista.
Mientras en Durango hay un revuelo por la violencia generada por bandas del crimen organizado que se disputan ese territorio estratégico por la distribución de estupefacientes hacia los estados del Norte del país, en la PGR ya se prepara el expediente para acusar al gobernador priista saliente por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Éste sería el segundo proceso penal contra un gobernador priista por supuestos vínculos con el narcotráfico, concretamente con el cártel del Pacífico que comanda el intocable Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.
El caso de Hernández Deras recuerda al recién extraditado exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien hace varios años, días antes de concluir su gestión, huyó del estado para tratar de eludir la justicia, pero meses más tarde fue capturado y encarcelado por sus nexos con el narcotráfico. Después de purgar su condena en penales de máxima seguridad en México, Villanueva fue enviado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos penales por los mismos delitos.
En abono a ese trabajo investigativo de la PGR, los dirigentes nacionales de cuatro fuerzas políticas han decidido que su alianza en contra del PRI vaya más allá de las simples contiendas electorales y puedan poner en jaque al Revolucionario Institucional mediante procedimientos jurídico-penales que sometan a caciques y mandatarios acostumbrados a robar el erario en medio de la impunidad, negligencia y omisión de los órganos de control.
Esta nueva denuncia penal en contra de Hernández Deras y varios de sus excolaboradores, entre otros Víctor Sánchez Sariñana, Jorge Sarabia Castrillón y Abraham Moreno García, se preparó en las oficinas estatales del PAN, PRD, Convergencia y grupo Dia. Los dirigentes locales se han reunido por los menos en dos ocasiones con el procurador General de la República y con el secretario de Gobernación para denunciar verbalmente el escandaloso enriquecimiento del gobernador de Durango y sus presuntos vínculos con cárteles de la droga. Una vez concluido su trabajo de integrar la acusación, la enviaron a las oficinas nacionales de los partidos para su aprobación y firma.
Ante las graves acusaciones, el Ministerio Público federal recopiló información financiera y fiscal en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que ya conoce las cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias de dinero del gobernador Hernández Deras.
