La crisis de deuda de la década de 1980 marcó un punto de inflexión en los esquemas de integración bajo la perspectiva cepalina (haciendo alusión a la teoría económica desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, desde 1950). De una estrategia basada en la industrialización sustitutiva de importaciones y la ampliación del mercado intrarregional se pasó a otra sustentada en las exportaciones extrarregionales impulsada por un proceso de liberalización comercial creciente que culminó con la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés). Así, ya en la década de 1990, la Cepal hizo del regionalismo abierto la doctrina para la “transformación productiva con equidad” con fundamento teórico en el equilibrio walrasiano-paretiano: máxima optimización de los recursos con base en las señales del mercado de libre competencia.

El planteamiento central de la Comisión consistía en hacer compatibles las políticas de integración regional (acuerdos preferenciales) con las de apertura (libre flujo de bienes, servicios y capitales) para aumentar la competitividad. Sin embargo, este enfoque omitió nociones elementales de poder y conflicto, tópicos fundamentales para comprender la dinámica de las relaciones económicas internacionales bajo el capitalismo: eliminó de facto el dilema del desarrollo en un mundo económicamente interdependiente y jerarquizado; hizo abstracción del contexto económico de la etapa (mundialización del capital dirigida por empresas trasnacionales); y suprimió el análisis de los efectos de la integración sobre el capitalismo periférico. En suma, la concepción desarrollista de integración se transformó en un mecanismo de subordinación al mercado mundial abandonando así sus funciones como instrumento compensatorio de las tensiones de la industrialización periférica en curso.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ejemplifica claramente este giro. Para México, según la Cepal, el TLCAN permitió “un acceso más estable a su principal mercado [Estados Unidos], reforzó la credibilidad de sus políticas y garantizó la incorporación del país al proceso de globalización” (Cepal, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe, 1994, http://bit.ly/1kjTjST). Luego de 20 años de su entrada en vigor, la prospectiva cepalina quebró: la recuperación estadunidense tras la crisis de 2007-2008 permanece incierta, y con ello su “efecto de arrastre” sobre la economía mexicana; la “credibilidad política” (equilibrio fiscal, control de la inflación, contención salarial, etcétera) derivó en una distribución regresiva del ingreso y, finalmente, la “incorporación a la globalización” quedó reducida a la emigración masiva de mano de obra hacia Estados Unidos y la extranjerización de la planta productiva.

Iniciado el nuevo milenio, Washington intentó consolidar el libre comercio para el conjunto de América Latina a través de un “TLCAN ampliado”: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Si bien la iniciativa estadunidense logró frustrarse en Mar de Plata, Argentina, en 2005, como resultado de una fuerte oposición popular y el ascenso de gobiernos de centro izquierda, Estados Unidos se abrió paso con la firma de acuerdos de libre comercio bilaterales con Centroamérica y el Caribe y sumó varios aliados en Suramérica. En este sentido, la Alianza del Pacífico (lanzada en Lima, Perú, en abril de 2011) que integra a Chile, Colombia, México y Perú, constituye hoy una especie de mini-ALCA y la continuidad del regionalismo abierto. En el plano económico, representa el 35 por ciento del producto interno bruto, 50 por ciento del comercio y 41 por ciento de la inversión extranjera de América Latina. En agregado, las cuatro economías constituyen la octava economía mundial y la séptima potencia exportadora. En el plano geopolítico, el bloque se amolda bien a los intereses estratégicos estadunidenses: hace avanzar de otra forma el libre comercio con las Américas; disputa hegemonía regional con otros procesos de integración (la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, etcétera); y articula una estrategia subregional con gobiernos neoliberales afines para hacer frente al desafío económico chino a través de su apéndice global, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés).

En febrero de este año, bajo el marco de su VIII Cumbre, la Alianza del Pacífico concretó la eliminación arancelaria sobre el 92 por ciento de los bienes y servicios, y la adhesión de Estados Unidos en calidad de nuevo Estado observador junto con 13 países, sumando un total de 29. Adicionalmente, Costa Rica acelera los trámites para ingresar como miembro pleno y no se descarta que Washington pueda hacerlo en breve. Con todo, el éxito de la Alianza no está asegurado. El regreso de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile y su deseo de “recuperar” las relaciones con Brasil y Argentina (miembros del Mercado Común del Sur), “revisar exhaustivamente” el TPP y “reforzar” sus vínculos con China (Xinhua, 12 de marzo de 2014) podría poner en cuestión los términos de la Alianza y acotar las ambiciones económicas y geopolíticas de Estados Unidos en la región.

*Miembro del Observatorio Económico de América Latina, y del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014