La muerte de más de 6 mil alumnos indígenas canadienses en escuelas residenciales del país, cerradas en 1996, es una mancha en el expediente de derechos humanos de ese país.
Lo reconoce la jueza principal de la Corte Suprema de Justicia, Beverly McLachlin, quien además ha dicho recientemente que Canadá intentó cometer un genocidio cultural contra los pueblos nativos y desarrolló una política de exclusión y aniquilación cultural de estos habitantes.
La Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación (CVRC, por su sigla en francés) publicó un informe a principios de junio pasado sobre el caso, en el que recoge testimonios de 6 mil 750 sobrevivientes y exempleados de esos centros educacionales para la población aborigen, y esboza cerca de un centenar de propuestas para los diferentes niveles del gobierno.
Entre las recomendaciones está un llamado a que las autoridades canadienses adopten de forma integral la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Originarios de la Organización de las Naciones Unidas como base para las nuevas relaciones con estas comunidades.
El problema radica en que Canadá, junto con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda son reacios a adoptar este documento, con el pretexto de que lo apoyan sólo como una aspiración que no tiene un mandato obligatorio. De acuerdo con el reporte de la CVRC, “el gobierno canadiense llevó a cabo esta política de genocidio cultural porque quería desligarse de sus obligaciones legales y financieras con la población aborigen y tomar control de las tierras, los recursos y arrebatarles los derechos a estas personas”.
Este panel fue conformado en 2009 con el mandato de explorar la historia y el legado de las escuelas internas, pero, según el diario The Globe and Mail, el proceso atravesó por múltiples dificultades, en particular enfrentamientos con el gobierno federal para la obtención de los documentos, así como el reemplazo de miembros de la Comisión.
Según el juez Murray Sinclair, quien encabeza ese grupo de trabajo, la cifra de los infantes muertos es apenas un estimado, y es probable que haya muchas más víctimas en estos centros que fueron establecidos en el siglo XIX.
Pensamos que no seremos capaces de revelar la cantidad exacta de fallecidos porque los registros oficiales sobre el tema son muy inexactos, señaló Sinclair al programa Power and Politics, de la CBC.
Este magistrado, que fue el primer juez indígena de la provincia de Manitoba, señaló que entre el 24 y 42 por ciento de los aborígenes que asistían a esos centros internos murieron allí o poco después de que se graduaron o abandonaron los estudios.
Cálculos anteriores a este informe de la CRVC estimaban en 4 mil el número de niños aborígenes que fallecieron en esas instituciones, pero algunos integrantes del panel alertaron que aún está bajo pesquisa el destino final de otros 46 mil pequeños que permanecen en el anonimato.
Un informe anterior de la CRVC reveló versiones de que algunas de las víctimas fueron enterradas en tumbas anónimas aledañas a los centros y en muros, porque el gobierno no quería pagar el envío de los cadáveres a casa y, en muchos casos, los padres nunca supieron las causas reales de los decesos.
Las escuelas de este tipo funcionaron desde 1883, bajo la dirección del gobierno y la Iglesia con el fin de “educar” a los menores reclutados en los usos y costumbres de la sociedad occidental, y las últimas que cerraron en 1996 fueron Saint Michael’s Indian Residential School y Gordon Indian Residential School, ambas en Saskatchewan.
Otros estudios paralelos señalan que al menos 150 mil infantes originarios permanecieron recluidos durante años en esos centros donde se les obligaba a trabajar entre 10 y 12 horas.
El objetivo era “civilizarlos” bajo el lema de “matar al indio en el niño” mediante torturas, abusos sicológicos y físicos. Estos estudiantes eran internados en contra de su voluntad y las de sus familias.
Muchos padres conocían los crímenes que se cometían en las escuelas, pero no podían negarse a entregar a sus hijos porque estaban en riesgo de que se les impusieran duras penas criminales.
De acuerdo con McLachlin, las leyes nacionales prohibieron, por ejemplo, las tradiciones religiosas y sociales del grupo en las instituciones residenciales, en las que los niños fueron separados de sus padres; se les prohibió hablar su lengua materna, fueron obligados a prácticas religiosas cristianas y sometidos a abusos sexuales.
El exprimer ministro liberal Paul Martin utilizó el calificativo de genocidio hace 2 años al describir los malos tratos en estos centros internos para niños nativos, cuando testificó ante la CVRC.
Al respecto, un artículo reciente del diario The Globe and Mail menciona numerosos programas del gobierno federal encaminados a forzar un cambio en las costumbres y tradiciones de la población aborigen, con el pretexto de “asimilarlos”, que dieron lugar al genocidio cultural.
La mayoría de los niños fallecieron por graves afecciones de malnutrición o enfermedades de diversos tipos.
Algunos alumnos que estuvieron allí en las décadas de 1940 y 1950 fueron objeto de experimentos científicos patrocinados por las autoridades federales canadienses e incluso por el gobierno de Estados Unidos, en los que eran privados de nutrientes esenciales y cuidados odontológicos.
Las denuncias sobre estos abusos constituyen una muestra adicional de la situación de este segmento de la sociedad canadiense, pues los aborígenes integran cerca del 4 por ciento de los habitantes de esa nación, pero, por ejemplo, conforman casi 24 por ciento de la población penal.
Roberto García Hernández*/Prensa Latina
*Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
[OPINIÓN]
Contralínea 444 / del 06 al 12 de Julio 2015
