En 1968 estalló una revolución en el sistema-mundo que cimbró las estructuras de poder político, si convenimos en el análisis de Immanuel Wallerstein en su ensayo “Estudios sociológicos de mayo-agosto de 1989”, publicado en la revista de El Colegio de México; y después en su libro Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos (Akal, 2004). En ese movimiento los estudiantes demandaron a quienes detentaban los poderes de la democracia representativa: “hechos, no palabras”. Fue “efectivamente una revolución, y una sola. Se vio marcada por manifestaciones, desórdenes y violentos disturbios en muchos países del mundo […] no fue casual que la principal fractura en el Tercer Mundo se produjera en México, el país con el más antiguo movimiento de liberación nacional [y] la importancia real de la revolución de 1968 está menos en su crítica del pasado que en los interrogantes que planteó sobre el futuro”.

 

Lo anterior es a propósito de que en los últimos 6 sexenios, de Carlos Salinas a Enrique Peña, los reclamos del pueblo siguen sin ser atendidos. Continúan las retóricas, la palabrería de las ideologías derechistas, centristas e izquierdistas sobre los problemas nacionales que se acumulan precisamente por no ser atendidos y resolverlos; característica principal de los gobiernos oligárquicos que desprecian los actos-peticiones de las reivindicaciones sociales. Para efectuar un repaso de los regímenes, asomarse a La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, de Norberto Bobbio.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que con Raúl González inició con ímpetu democratizador la tarea de ese órgano autónomo del Estado y tajantemente independiente del gobierno, para atender las exigencias de respetar y hacer respetar los derechos humanos plasmandas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, como que ha aflojado su paso. Hay declaraciones. Algunas recomendaciones y solicitud a los gobernantes de acatarlas. La retórica presidencial peñista, con palabras no con hechos, asegura comprometerse con la defensa de los derechos humanos. Pero, individualmente, los abusos de los gobernantes a los mexicanos han seguido; llegando a su máxima expresión contra los periodistas. La reportera Laura Poy (La Jornada, 7 de junio de 2015) destacó del comunicado de la CNDH –mismo que debió ser un acto público– “que si bien ha de reconocerse el avance normativo en materia de libertad de expresión, también debe señalarse que en este campo México atraviesa por una de las etapas más críticas, en que han aumentado la frecuencia y gravedad de amenazas y agresiones directas contra periodistas y medios informativos”.

 

El pasado 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión en México. También fue día de elecciones (y del circo futbolero), donde la sorpresa la dieron los candidatos independientes y el ascenso del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que casi pasó inadvertida la fecha. Y la palabrería sobre la despenalización de los hasta ahora delitos contra las libertades de prensa: difamación y calumnia, utilizados por los gobernantes para censurar y sancionar a los periodistas, siguen amenazantes contra las libertades de escribir, publicar e informar en todos los medios de comunicación. El boletín de prensa (¡en el Día de la Libertad de Expresión!) de la CNDH, más palabras que con hechos al respecto, tiene en sus registros 100 periodistas víctimas de homicidio. En los periodos panistas y la mitad del actual priísta-peñista, han sido privados de la vida 20 comunicadores. Otros 20 periodistas están desaparecidos. Y se cuentan 45 atentados contra instalaciones periodísticas. Más 464 quejas por amenazas cumplidas y no cumplidas para atemorizar a quienes ejercen las libertades de prensa.

 

Hay una violencia generalizada en el país contra los mexicanos. Una parte de ella, dirigida principalmente contra los periodistas –sobre todo reporteros– para infundir miedo y que no cumplan con su deber-tarea de informar; que incluso ha llegado a los homicidios, donde Veracruz se lleva el récord macabro con 14 comunicadores asesinados, sin que el desgobernador Javier Duarte de Ochoa, echado hacia adelante por la corrupción y su mal gobierno, esté siquiera en capilla para responder de sus actos, más que omisiones. Por todo el país, funcionarios y personajes privados han estado agrediendo, con hechos y palabras, a los periodistas. Y las embestidas de toda clase no cesan. Y no es solamente obligación de las autoridades garantizar el trabajo de estos mexicanos y de todos los demás que sufren la violencia sangrienta, de terror por los secuestros, las desapariciones forzadas y el sinnúmero de agresiones. También es obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estar alerta ante esos hechos donde la palabrería oficial no puede ni debe sustituir a los hechos de cuidar y vigilar que ningún mexicano padezca violación de sus derechos y en ellos están incluidos los periodistas.

 

Es fundamental que los funcionarios acaten las recomendaciones de la CNDH. Y es que la impunidad a los actos contra los periodistas no debe ser ni la regla ni la excepción.

 

*Periodista