El informe Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia documenta que en México los megaproyectos se imponen sin consulta previa y, por tanto, entrañan abuso de poder.

“Hay un uso abusivo del poder, tanto desde el punto de vista del derecho internacional –que México se ha comprometido a respetar– como desde la perspectiva de resoluciones judiciales que disponen proteger a los pueblos, pero que son ignoradas por las autoridades, en un abierto desprecio hacia el Estado de derecho y la justicia”, dijo la autora Isabel Madariaga, exfuncionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La experta presentó sus conclusiones en Santiago de Chile, mientras que en México organizaciones como Serapaz (Servicios para la Paz) entregaron el informe completo a la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli-Corpuz, quien actualmente realiza una visita de observación en el país.

El informe estudió los casos de la autopista Toluca-Naucalpan, la siembra de soya transgénico en Campeche y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y encontró que todos están “marcados por la desprotección y la injusticia hacia las comunidades afectadas”

Por ello, la autora Isabel Madariaga, experta en derechos humanos y quien estuvo en el país para investigar esos tres megaproyectos, ha recomendado “fortalecer los derechos indígenas en la legislación agraria y obligar a autoridades y empresas a respetar sentencias judiciales”.

Una de sus conclusiones principales es que las autoridades mexicanas imponen los megaproyectos sin considerar las afectaciones a las personas que viven en sus alrededores. Además, refiere el informe que a los pueblos indígenas afectados no se les reconoce el derecho a la libre determinación, a pesar de estar consagrado en la Constitución y en el derecho internacional. En ningún caso existió consulta libre, previa e informada, señala.

De acuerdo con Serapaz, Isabel Madariaga resaltó que “el gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples pero cruciales para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos”.

Entre ellas: “fortalecer la legislación agraria, que actualmente desprotege a los pueblos indígenas; respetar su derecho al consentimiento y a definir sus prioridades de desarrollo; y obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales cuando éstos no les convienen”.

El informe detalla las violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido el gobierno, en sus tres niveles, en los casos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que afecta directamente a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, Campeche; y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos, en el Estado de México.

Nancy Flores