30 de enero se cumplen 5 años de la inverosímil sentencia con que los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocaron el amparo concedido a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral, el 13 de septiembre de 2012, que ordenaba al gobierno de Felipe Calderón asumir su obligación como patrón sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para devolver su empleo a 16 mil 599 trabajadores en resistencia.

El perverso fallo emitido el 30 de enero de 2013 quedó registrado en los anales de la jurisprudencia como una de las peores bajezas cometidas en el seno del máximo tribunal, y demostró que en nuestro país el respeto al marco constitucional y al estado de derecho no existen; siendo una irrealidad la autonomía de un Poder Judicial supeditado a los designios del Ejecutivo.

Hasta la fecha, no hay un solo jurista que, en su sano juicio, se atreva a meter las manos al fuego en la argumentación presentada por los ministros Sergio Valls, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez, para justificar tal desaseo jurídico. Debemos recordar que estos personajes tuvieron la desfachatez de asegurar que “los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo”, razón por la cual al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, el expresidente Calderón no era responsable, mediante la Comisión Federal, de asumirse como patrón sustituto, según el torcido criterio de los integrantes de la Segunda Sala.

Refresquemos la memoria a la opinión pública del atropello cometido entonces por quienes juramentaron hacer cumplir la Constitución, pues entre otras tantas aberraciones aseguraron que no existía una subordinación entre las paraestatales y el presidente, y aún cuando la propia Constitución en su Artículo 90 marca las funciones del Ejecutivo, los integrantes de la Tremenda Corte establecieron que esto “no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo federal”.

Por mera curiosidad cabe preguntar a los responsables de este latrocinio jurídico quién designa a los directores de Petróleos Mexicanos y de la CFE. ¿No es acaso el presidente de la República? ¿Desde cuándo los titulares de las paraestatales –hoy empresas productivas del Estado– se nombran y mandan solos?

La lista de atropellos cometidos por los integrantes de la Corte a los intereses del pueblo de México y de la clase trabajadora son numerosos y gran parte de los problemas económicos que actualmente aquejan a millones de mexicanos recaen en la complicidad de los ministros a favor de una política neoliberal que ha favorecido al gran capital nacional y extranjero, olvidando el sentido estricto de la aplicación de la justicia a favor de las mayorías.

Los efectos devastadores de las reformas laboral y energética pudieron evitarse, o al menos aminorarse, si los miembros de la Suprema Corte hubieran valorado los 3 millones de amparos que se presentaron para frenar a la primera y los 5 millones de firmas para someter a una consulta nacional a la segunda.

No está de más recordar que los altos magistrados no pueden ser los garantes de la puntual aplicación de las leyes que emanan de nuestra Constitución porque sus cargos son propuestos y apoyados desde los mecanismos del poder público. Mientras sea el presidente de la República quien designe a los aspirantes a la Corte para ser ratificados –en mero trámite– por el Senado, la autonomía de este órgano de justicia existirá sólo en la teoría.

Los 11 ministros han terminado coptados por toda una serie de privilegios que los hace estar en deuda con la clase política que los ha colocado en su exclusiva zona de confort, desde la cual se autoasignan lo que les viene en gana para su beneficio personal. Por ejemplo, a pesar de que la reforma constitucional de 2009 estableció que ningún servidor público debe ganar más que el presidente de la República, los encargados de hacer cumplir la ley han hecho caso omiso de la misma y cobran sueldos mensuales promedio de 350 mil pesos.

En diciembre pasado, por concepto de aguinaldos, prima vacacional de fin de año y bono de riesgo cada ministro se llevó alrededor de 1 millón de pesos para redondear sus ingresos anuales en 6 millones 700 mil pesos, en promedio. Ni en 100 años un obrero de salario mínimo podría ganar tal cantidad. Eso sí, como una más de sus canonjías, los miembros de la Corte se aseguran de ribete un retiro digno: su pensión mensual asciende a 258 mil pesos al mes.

El pueblo de México está pagando caro por tener un alto tribunal que no defiende sus intereses. Citemos otra de las tantas anomalías cometidas contra los ciudadanos y, en particular, a los usuarios de la energía eléctrica a quienes los ministros les negaron el derecho a ampararse por los altos y arbitrarios cobros de la CFE, al ponerles como condición “primero pagar” para tramitar un amparo.

Pero no conformes con no aplicar la ley en la defensa de los que menos tienen, algunos exmiembros de la Corte que en su momento fueron tapaderas y cómplices de las pillerías cometidas por el expresidente Felipe Calderón ahora son “candidateados” para formar parte de probables gabinetes en caso de que partidos como Movimiento de Regeneración Nacional ganen la elección presidencial.

Tal es el caso de la exministra Olga Sánchez Cordero, aspirante a secretaria de Gobernación; misma que al igual que sus excompañeros ignoró los reclamos de la ciudadanía y se negó a hacer justicia a los trabajadores.

En este año electoral en que muchos personajes como Sánchez Cordero ya se frotan las manos buscando recuperar y acrecentar sus canonjías, es necesario hacer un recuento de su paso por el máximo tribunal del país, para demostrar que no le asiste calidad moral alguna para pedir el voto de aquellos a quienes afectaron con sus manipuladas y tendenciosas decisiones.

De cara a los comicios, los electores deben preguntarse si vale la pena otorgar su sufragio por esos senadores y sus partidos que siguen avalando que 11 selectos y exquisitos ministros vivan como reyes contribuyendo con sus fallos a acrecentar la pobreza y desigualdad del país.

Martín Esparza Flores*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN]

Contralínea 575 / del 29 de Enero al 03 de Febrero 2018