La aplicación de reformas y políticas relacionadas al modelo extractivo, así como la creación indiscriminada de megaproyectos y planes de desarrollo sin consulta ni consentimiento previo de pueblos y comunidades indígenas, ha ocasionado que el derecho a la consulta en México sea sólo un instrumento de simulación gubernamental.

El incumplimiento de este derecho, atenta directamente a la autodeterminación de los pueblos y a la posibilidad de definir sus prioridades de desarrollo en sus territorios, como lo señalan diversos órganos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales.

De acuerdo con el informe Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 2017, la Constitución de nuestro país sujeta el contenido del derecho a la autodeterminación, a la autonomía y otros derechos de pueblos y comunidades indígenas a “las constituciones y leyes de las entidades federativas”, lo que ha ocasionado que los gobiernos estatales apliquen su legislación local, aunque ésta sea menos garantista, ocasionando violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades.

El documento explica que un patrón recurrente es que los procesos de consulta se inicien con permisos ya otorgados o con obras construidas y en operación. Con lo cual se vulneran medidas para asegurar las condiciones adecuadas para la consulta, al igual que se desarrollan en contextos de criminalización y violencia en contra de defensores de los derechos humanos o voceros de las comunidades.

 “Es frecuente que las autoridades responsables y empresas quieran imponer los tiempos y ritmos de la consulta o entreguen información insuficiente, contradictoria e inaccesible para las comunidades”, añade el informe.

Rodrigo Ek