Si con los gobiernos de Lula y de Rousseff Brasil logró un crecimiento económico con mejoras para los trabajadores, con Temer sólo hay crisis y despojos de derechos laborales. Se trata de “un retroceso de 200 años” considera investigador

Brasilia, Brasil. Miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Brasil tiene por delante la enojosa tarea de rendir cuentas ante el Comité de Aplicación de las Normas de la entidad, en particular sobre la aplicación de la Convención 98.

Dicho acuerdo trata del derecho de sindicalización y de negociación colectiva y, según denunciaron el pasado año centrales sindicales brasileñas, el mismo fue violado con la aprobación de una reforma laboral impulsada por el gobierno que encabeza el presidente no electo Michel Temer y bendecida por el Congreso de la nación.

La OIT invitó al gigante suramericano a presentar informaciones sobre el tema en el ámbito de la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, que sesionó en Ginebra, Suiza, desde el 28 de mayo y el próximo 8 de junio, y el convite desagradó a los palacios de Planalto, sede del Ejecutivo, y de Itamaraty, donde tiene  su asiento la Cancillería.

En un boletín, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que “no hay razones técnicas urgentes que fundamenten el referido pedido de informaciones”.

También dijo que el gobierno dirigió al director general de la OIT cuestionamientos y preocupaciones respecto a lo que considera una “politización” del proceso de selección de los países que deben rendir informaciones al referido Comité, cuando éste debería obedecer sólo a criterios técnicos.

Brasil, recordó además, es miembro fundador de la OIT; aplica desde 1953 la Convención 98, y procede siempre “de forma activa y propositiva en la organización, buscando el continuo perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema multilateral de normas laborales”.

El país presentará las informaciones solicitadas, en el entendimiento de que el proceso es benéfico para el fortalecimiento de la OIT y del debate sobre normas laborales internacionales, admitió.

De vuelta al siglo XIX

La invitación de la OIT está relacionada con la aprobación en julio del pasado año por el Congreso brasileño de una reforma laboral impulsada por Temer en nombre de la “modernización” de las leyes en ese ámbito y que organizaciones sindicales aseguraron devolverá al país al siglo XIX.

El texto modificó más de 100 acápites de la Consolidación de las Leyes del Trabajo vigente desde el 1 de mayo de 1943 y que permitió a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores) crear más de 20 millones de empleos y colocar a la economía nacional entre las más pujantes del planeta.

La naturaleza devastadora de la reforma fue denunciada en su momento por el director técnico del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socieconómicos (Dieese), Clamente Ganz Lúcio, quien sostuvo que el propósito de la misma era ampliar la protección a las empresas y desproteger al trabajador.

Según el especialista, la modificación en la legislación laboral “crea instrumentos para legalizar prácticas que precarizan el trabajo, reducen o impiden la protección sindical y dejan al trabajador expuesto a la coerción de las empresas en la definición de sus derechos”.

Mientras, el presidente nacional de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Claudio Lamachia, señaló que la reforma atacaba la Constitución Federal y todo el sistema normativo vigente, y pretendía crear subclases de trabajadores con pocos derechos, contratos precarios y remuneraciones indignas.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo, Guilherme Feliciano, coincidió con los sindicalistas en que la reforma laboral provocará un retroceso de 200 años.

La llamada modernización de la legislación laboral contiene –a juicio de Feliciano– varias inconstitucionalidades, la más notoria de las cuales es el hecho de privilegiar lo negociado (entre trabajadores individuales y patronos) sobre lo legislado, lo cual tiende a deteriorar las condiciones de trabajo.

La reforma resulta especialmente perjudicial para las mujeres. Tanto es así que en su articulado admite que embarazadas y lactantes puedan trabajar en lugares insalubres; léase: en contacto con productos químicos, agentes biológicos, radiación, exposición al calor, ambientes hospitalarios de riesgo, frío intenso y otros.

Fija también para el acoso moral y sexual un costo acorde con la condición social de la víctima, al prever que ésta sea indemnizada de acuerdo con el salario que percibe.

Asimismo, permite que tanto mujeres como hombres puedan ser sometidos a jornadas laborales de 12 horas, con 36 de descanso; introduce el trabajo intermitente, con lo cual el empleado carece de vínculo con la empresa, no tiene horario fijo, pero queda a disposición del patrón todo el día, aun cuando sólo recibirá un pago por las horas trabajadas.

Una vergüenza internacional

Para el sociólogo brasileño Ruy Braga, la inclusión de Brasil en la “lista sucia” de la OIT junto a otros 23 países cuyos gobiernos son considerados violadores sistemáticos de los derechos laborales, constituye una “vergüenza internacional”.

A juicio del también catedrático universitario, se trata de un hecho muy preocupante, pues en realidad “estamos lidiando con una inminente condena por parte de la OIT”, lo cual es absolutamente nefasto.

Braga remarcó en declaraciones al periódico Brasil de Fato que el país se encuentra en esa situación exactamente porque la contrarreforma laboral avanzó sobre los derechos de los trabajadores y eso tiene impacto internacional.

Mas, por si no bastara la impugnada ley de “modernización”, a fines del pasado año el Ministerio del Trabajo de Brasil echó por tierra dos décadas de exitosa trayectoria en el combate y la fiscalización del trabajo esclavo al editar una norma que reinterpretó –hasta dejarlo casi vacío– el concepto de trabajo análogo a la esclavitud.

Al reducir la concepción de trabajo análogo a la esclavitud a aquellas situaciones de restricción de movimiento y el empleo de escolta armada, el gobierno de Temer materializó una vieja pretensión de los esclavistas, denunciaron entonces en un documento investigadores de 14 estados brasileños especialistas en el tema.

De hecho, advirtieron, este “ataque fulminante” a la política de combate al trabajo esclavo justamente por el órgano estatal que debería preservarla y fortalecerla “representa un salvoconducto para la práctica impune del esclavismo moderno”.

Con la valoración coincidió incluso la propia Secretaría de Inspección del Trabajo (SIT) del ministerio, que en una nota técnica solicitó la revocación de la ordenanza por registrar “diversas inconsistencias” y contener dispositivos “manifiestamente ilegales”.

Incluso la OIT se manifestó y alertó que la gravedad de la situación radicaba en el posible debilitamiento y en la limitación de la efectiva labor fiscalizadora, con el consecuente aumento de la desprotección y la vulnerabilidad de una parte de la población brasileña, que de hecho está ya muy fragilizada.

Moisés Pérez Mok/Prensa Latina

[INVESTIGACIÓN][LÍNEA GLOBAL]