Quito, Ecuador. La línea de crédito aprobada recientemente para Ecuador, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), desató opiniones encontradas y dos bandos claros: quienes la defienden desde el marco empresarial y los que temen mayor retroceso social.
El anuncio lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien saludó los 4 mil 200 millones de dólares que recibirá el Estado para los próximos 3 años, tras asegurar: “El trabajo que viene realizando el gobierno nacional, rinde sus frutos. La comunidad internacional apoya este plan de prosperidad que hemos diseñado”.
Según aclaró, el financiamiento va a permitir a las autoridades enfocarse en el gasto social, sobre todo en las personas que menos tienen y quienes más necesitan, así como garantizar la sostenibilidad económica.
El tema del acuerdo con la instancia data de 2017, cuando en noviembre de ese año el entonces titular de Economía, Carlos de la Torre, aseguró a medios de comunicación, tras una reunión con funcionarios del Fondo en el Palacio de Carondelet, que Ecuador no trabajaba en ningún acuerdo o asistencia con el ente.
Sus declaraciones tuvieron lugar 1 mes después que el dignatario, Lenin Moreno, habló públicamente de la posibilidad de acudir al FMI para renegociar la deuda externa de este territorio andino, lo cual despertó preocupación entre algunos entendidos de la historia económica nacional y parte de la población.
Casi 1 año más tarde, en septiembre de 2018, el actual ministro, Martínez, volvió a rechazar la idea de un acuerdo cercano entre las partes. Sin embargo, la situación cambió en enero de este año, cuando el mismo secretario de Estado reveló que no se descartaba un convenio, “siempre y cuando el Fondo acompañe el Plan Económico”.
Una reunión entre el mandatario y la directora gerente de la institución financiera, Christine Lagarde, a propósito del Foro Económico Mundial de Davos, abrió las puertas hacia la concreción de la idea, convertida en realidad el 11 de marzo.
El retorno del FMI se materializó luego de más de 10 años de estar ausente, pues durante los dos períodos del expresidente Rafael Correa, extendidos desde 2007 hasta 2017, no tuvo cabida en el quehacer económico nacional.
Para muchos, las medidas de reajuste económico implementadas por el ejecutivo, todas dañinas al sector trabajador, preparaban el camino hacia la asistencia.
Recortes presupuestarios para 2019, alza en los precios a las gasolinas, la reducción en 10 por ciento del personal de las empresas públicas o las remisiones y exenciones tributarias, son algunas de las acciones tomadas.
Ya lo había alertado Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, a cuyo juicio las negociaciones con el FMI no hacen bien al país, pues aplica recetas generalmente asociadas a los llamados paquetazos (despidos, eliminación de subsidios, más impuestos).
El legislador envió un pedido formal a la presidenta del parlamento, Elizabeth Cabezas, con copia a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, para que el acuerdo sea conocido y analizado por el pleno, y cuente con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, como indica la Carta Magna.
Similar opinión tiene el exvicecanciller Kintto Lucas, quien recalcó que los pactos con el FMI, al igual que los Tratados de Libre Comercio, requieren de esa aprobación y llamó a no permitir la vulneración de la Constitución.
Sobre la actual cooperación, el historiador Juan Paz y Miño consideró que “no se diferenciará, en nada, con las cartas de intención que Ecuador suscribió entre 1983 y 2003, porque las medidas de ajuste van en la misma línea de reducir o achicar al Estado, estrangular el gasto público y flexibilizar las relaciones laborales”, entre otras.
Además señaló que el acuerdo es un instrumento para apuntalar el nuevo modelo empresarial de desarrollo, definido como política de Estado por el Ejecutivo, dejando de lado tanto el programa de gobierno inicial como el régimen económico contemplado en la Constitución.
“El país verá aclararse el misterio de las definiciones y las palabras en próximas medidas concretas, que llegarán después de concluido el proceso electoral del 24 de marzo, pues en medio de las elecciones los anuncios resultarían inconvenientes”, vaticinó en un artículo publicado en su blog “Historia y Presente”.
Como él, muchos coinciden en que la medida sólo ayudará a impulsar los negocios, nunca a solucionar los problemas sociales y laborales de la mayor parte de la población.
El exdignatario Correa también reaccionó ante el anuncio del acuerdo, sobre lo cual advirtió: “No es ningún logro. El impacto en bienestar va a ser terrible”.
En entrevista con la emisora La Voz de Tomebamba, explicó que no beneficiará al pueblo ecuatoriano, sino a banqueros, dueños de capital financiero y a países hegemónicos, que tendrán más margen en el sector privado.
Y aunque el ministro Richard Martínez insiste en que no hay condiciones para el financiamiento, Correa llamó a la reflexión: “Busquen en qué país del mundo el FMI da 20 centavos de dólar sin condicionamientos”.
Mientras el debate entre ecuatorianos, a favor y en contra, crece en las redes, en los próximos días llegará el primer aporte de 652 millones de dólares, que forma parte de los 10 mil 279 millones gestionados con ese y otros organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial.
Sinay Céspedes Moreno/Prensa Latina
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