La Habana, Cuba. La activación por Estados Unidos del capítulo III de la Ley Helms-Burton levanta indignación entre los cubanos, que rechazan la intención de esa legislación extranjera de arrebatarles lo construido y conquistado durante 60 años de revolución.

Desde el 2 de mayo el referido capítulo abre la posibilidad de que cortes del país norteño acojan reclamaciones contra empresas cubanas y extranjeras, bajo el argumento de que “trafican” con propiedades estadunidenses que Cuba nacionalizó.

Resulta el pretexto para aplicar por completo la Helms-Burton, aprobada en 1996, y que codifica y resulta toda una enciclopedia del complejo entramado con el que Washington ejerce el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla caribeña. Pero desde entonces sucesivos presidentes estadunidenses suspendieron la activación del capítulo III, sobre todo para evitar controversias con países aliados de Washington con negocios e inversiones en Cuba.

El propio 2 de mayo en el Tribunal Supremo Federal de Miami se interpuso la primera querella contra la Empresa de Cruceros Carnival, por el uso de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba.

Al día siguiente, otra demanda fue presentada en una corte federal del distrito de Columbia por la compañía petrolera Exxon Mobil contra las empresas cubanas CUPET y CIMEX.

La Exxon Moil reclama compensaciones para las refinerías y otras instituciones que le fueron nacionalizadas al negarse a refinar el petróleo soviético adquirido por Cuba, luego de que el gobierno estadunidense cortara el suministro del combustible a la isla.

Y es que el capítulo III pende como una espada de Damocles en la intención de despojar a los habitantes de Cuba de la vivienda donde habitan, los centros laborales donde trabajan, las escuelas de sus hijos, los hospitales donde curan su salud e incluso las tierras que labran miles de agricultores.

Si no, que lo diga Nick Gutiérrez, un abogado cubano-estadunidense que no nació en Cuba, pero pretende hacerse con la propiedad de miles de hectáreas en la provincia de Cienfuegos, en el centro-sur de la ínsula, donde su abuelo levantó un emporio económico en contubernio con la dictadura de Fulgencio Batista.

Gutiérrez fue de los impulsores de la Helms-Burton (y uno de sus redactores) como parte del lobby  que sobre todo desde Miami impone la política agresiva contra el país de sus ancestros. Su fobia incluso lo llevó a defender ante la Casa Blanca y el Congreso que los cubanos residentes en Estados Unidos sólo pudieran visitar a sus familias en Cuba una vez cada 3 años.

Ahora, al calor de la activación del capítulo III, Gutiérrez se frota las manos con el manifiesto propósito de desterrar de sus tierras a numerosas familias cienfuegueras, muchas de las cuales las recibieron por títulos otorgados por la Revolución Cubana, que tuvo en la Reforma Agraria uno de sus primeros actos de justicia social.

“No hay necesariamente que botarlos [a los campesinos], yo podría llegar a un acuerdo con ellos; el único problema es que me deben 50 años de alquileres, pero podríamos llegar a un acuerdo para que me vayan pagando todo lo que me deben y a partir de ahora vuelven a pagarme los alquileres, porque el dueño soy yo, y mi familia”,  dijo recientemente a la prensa.

Pero en la ciudad de Cienfuegos, la capital de la provincia de igual nombre, sus moradores rechazan las pretensiones de este ciudadano estadunidense, y auguran que resulta impracticable aplicar en Cuba una ley que, además de lesiva a la soberanía nacional, es extranjera. El repudio también recorre la oriental ciudad de Santiago de Cuba, pero no interrumpe las operaciones en su terminal portuaria. Ello a despecho de que en Estados Unidos pretendan arrebatarles el puerto Guillermón Moncada a los trabajadores de la Empresas de Servicios Portuarios del Oriente (ESPO). Desde allí se lanzan voces de condena, según publicó el diario cubano Trabajadores, que recuerda que esa rada fue fundada en 1494 por Cristóbal Colón y bautizada como Puerto de Rey.

“Lo que aquí tenemos es patrimonio de los cubanos, que a nadie se le ocurra nada contra esto porque se va a arrepentir. Argumentos, derechos y coraje nos sobran para defenderlo, y no dudaremos en sacarlos a flote si fuera necesario”, argumentó Jorge Ramis, quien trabaja allí desde hace casi 30 años.

“¿Qué van a reclamar? ¿Los viejos tinglados de madera de antes de 1959? Eso no existe desde hace mucho tiempo ya”.

El “Guillermón Moncada” es hoy uno de los puertos más modernos del país. Su actual infraestructura resulta incomparable con lo que había en sus predios antes del triunfo de la Revolución, suscribió el diario de circulación nacional.

La rada santiaguera recibió un fuerte proceso inversionista y su puesta en marcha fue anunciada hace unos días en la red social Twitter por Rodrigo Malmierca, titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

“Contamos con cinco atraques disponibles para buques de tráfico internacional, el último de ellos recién concluido en 2018 y ahora en fase de puesta en marcha”, acotó a su vez José Antonio Olivares, director de la ESPO.

Todos los inmuebles del “Guillermón Moncada” son patrimonio de esa empresa, según consta en el Registro de la Propiedad de Cuba. Además, la nacionalización de la instalación, por vía de la expropiación forzosa, tuvo lugar con apego a la ley 841, del 6 de julio de 1960, en pleno respeto al derecho internacional.

En el propio año 1996, cuando se aprobó la Helms-Burton en Washington, en La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular adoptó la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana, que declara al engendro legislativo estadunidense como ilícito, inaplicable y sin valor ni efecto alguno. Tres años después, en febrero de 1999, el Parlamento cubano aprobó la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que complementa a la anterior.

Cual otro antídoto, el Tribunal Provincial de La Habana emitió un fallo favorable en noviembre de 1999 a la Primera Demanda del Pueblo de Cuba contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos.

Washington fue sancionado a reparar e indemnizar al pueblo cubano por 181 mil millones de dólares. Después, en mayo del año 2000, una Segunda Demanda condenó a Estados Unidos a pagar por los daños económicos unos 121 mil millones de dólares, cifra que desde entonces ha aumentado con el recrudecimiento del bloqueo.

Ambas leyes y las dos demandas forman parte del escudo legal con el que Cuba defiende a sus población, patrimonio y soberanía patria, cuando desde Washington se confabulan para hacer retornar el pasado en el que primaban usurpadores, latifundistas y explotadores.

Orlando Oramas León/Prensa Latina

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