Se complica la apertura total de los archivos del Cisen, la DFS y otras agencias de inteligencia que cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. A pesar del decreto de López Obrador para supuestamente liberar esos fondos documentales, hoy está a disposición de la sociedad –en el AGN– apenas el 15.16 por ciento de las versiones públicas que ya habían sido integradas en los últimos 3 sexenios. Peor aún, se considera cerrar definitivamente la consulta directa y elaborar sólo versiones censuradas de los documentos.
Hace un año, durante los primeros días de enero de 2019, fueron echados del Archivo General de la Nación (AGN) los elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que controlaron, de manera ilegal por 17 años, los fondos documentales generados por ese centro y por las demás policías políticas del viejo régimen. Pero hasta el día de hoy, poco ha cambiado para historiadores, investigadores sociales y periodistas que buscan acceder a los documentos que dan cuenta de uno de los periodos más sangrientos de la historia mexicana moderna.
Apenas habían transcurrido unas semanas desde que Andrés Manuel López Obrador asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo federal cuando, en la euforia, el presidente de la República y los nuevos funcionarios dieron por concluido un periodo oscuro en la historia de México. Prometieron transparentar la vida política del país y, en específico en lo referente al AGN, poner a disposición del público todos los documentos que dan cuenta de la persecución criminal contra la disidencia política.
Fueron retirados los elementos del Cisen enquistados en el Archivo más grande de América Latina pero los documentos siguen sin ponerse a disposición del público. Incluso hoy apenas están disponibles 455 versiones públicas de un total de 3 mil que ya se habían elaborado, es decir el 15.16 por ciento del total. Y el AGN ha puesto en manos de un órgano autónomo de la administración pública –el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)– la decisión de liberar los documentos en su totalidad o testar (censurar) los datos considerados “sensibles”.
Hoy el director general del AGN es el historiador Carlos Enrique Ruiz Abreu, un antiguo usuario frecuente de los fondos documentales resguardados en la institución. Licenciado, maestro y doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es autor de 28 libros; la mayoría de ellos escrita con información descubierta, consultada e interpretada dentro de los muros de la antigua penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro de triste memoria, sede del Archivo desde 1976.
En entrevista con Contralínea, Ruiz Abreu explica cómo al asumir la dirección del Archivo encontró un área vedada para las propias autoridades del AGN. “Al llegar en diciembre de 2018 aquí, me di cuenta de que había una puerta sereta. Quise entrar y me dijeron que no. Había nueve personas: personal del Cisen que cuidaba y controlaba todos estos documentos. El Archivo [General de la Nación], el director en sí, no tenía acceso a ese lugar y, menos, a los documentos”.
Tuvo que hablar con el presidente López Obrador y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que le dejaran asumir el control total de todos los archivos.
“Les dije que yo no iba a permitir, si yo iba a estar encargado del Archivo, que esto siguiera. Él [el presidente] dijo que él también tomaba esa idea y la instrucción fue retirarlos de aquí. Entonces se retiraron en enero [de 2019] las nueve personas. Me dieron la llave de la puerta secreta. Ellos incluso nos enseñaron cómo estaban los documentos y las diferentes etapas que abarcaba la documentación.”
En consonancia con el discurso del presidente de la República, se pronuncia por la apertura de todos los fondos documentales. “Las tareas que tenemos hacia adelante son las de la apertura de los archivos, una apertura total. Yo como historiador tengo la convicción de que tenemos que abrir los archivos”.
Desde el 27 de febrero de 2019, el titular del Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que se ordena la apertura de los archivos secretos custodiados en el AGN. Paradójicamente, hoy se encuentran menos documentos disponibles y la apertura no ha sido automática, aun cuando el presidente hubiera anunciado entonces que los documentos podrían consultarse “en una semana”.
Carlos Ruiz rechaza que se deba a una falta de voluntad del gobierno. Hay menos archivos disponibles porque se están reelaborando expedientes con documentos que anteriormente no se habían considerado. Y los documentos que llegan ahora procedentes de distintos fondos deben cumplir con un proceso de entrega que ya estipula la nueva Ley General de Archivos. Habla de “años” para tener toda la documentación abierta.
“No es culpa de nosotros ni es por burocratismo, sino simplemente por cómo está el acervo.”
Señala que ahora no se trata de que las dependencias vayan a depositar los documentos al AGN sin ningún tipo de organización. “Se va a tardar algún tiempo, algunos años, porque yo no voy a permitir que lleguen aquí los documentos como llegaron los del Cisen en su momento […]. Yo tengo que aprobar el catálogo de disposición documental con todas las de la ley para que vengan ordenados. Yo no debería estar ordenando ningún archivo. No es la tarea. […] Si tú no me entregas la documentación bajo estas normas archivísticas, no ingresa”.
Insiste en que las demoras se deben también a que los archivos de los fondos documentales del Cisen, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) fueron recibidas en el sexenio de Vicente Fox “sin ninguna organización o con la organización que les dieron en su momento ‘x’ secretarías; y ahora nos enfrentamos a este problema de que yo abro el archivo y tú llegas a pedirme un documento y no te lo puedo dar, o te lo doy a medias o en cachitos, porque así lo tenían organizado ellos”.
—¿Se podrán consultar fichas originales? –se le pregunta.
—No. Se da una versión pública. Nosotros tenemos que ser cuidadosos ahí en ese punto porque muchos de estos expedientes contienen datos sensibles. Y tenemos que, incluso, estar pendientes de lo que dice la Ley General de Transparencia.
La entrevista de Contralínea con Ruiz Abreu se realizó antes de que el AGN solicitara al Inai que emitiera una declaratoria de interés público para la información de la DFS y la DGIPS. El jueves pasado (16 de enero) el Archivo solicitó al organismo autónomo la declaratoria con el objetivo de posibilitar la consulta íntegra de los documentos señalados.
El asunto es que tal declaratoria no era necesaria para abrir los archivos. Y ahora sólo se ha generado la posibilidad de que el Inai se pronuncie porque sólo se entreguen versiones públicas censuradas.
El historiador Alfredo Ávila Rueda es uno de los mayores especialistas en archivos históricos del país. Doctor en historia, investigador titular y definitivo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha escrito una decena de libros, el más reciente Camino de Padilla. México y Manuel de Mier y Terán en 1832 (Tamaulipas, Secretaría de Cultura/Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2016).
Señala que la Ley General de Archivos, aprobada en diciembre de 2018, prevé en su artículo 36 que todos los artículos que están en el archivo histórico, “por el sólo hecho de estar en el archivo histórico, ya son fuentes de acceso público”.
Por lo tanto, tales fondos ya no deben ser resguardados en secreto ni clasificados ni restringida su consulta. “De manera que, en principio, esto que acaba de hacer el Archivo General de la Nación, de pedirle al Inai que declare que estos documentos se pueden consultar por ser de interés público, me parece que es una medida no necesaria”.
Con líneas de investigación en historia moderna y contemporánea, Ávila Rueda abunda en que los fondos de la DFS, de la DGIPS y del propio Cisen son documentos que ya están en un archivo histórico. “La ley es clara. Lo que está en un archivo histórico ya se puede consultar sin importar si contiene datos personales, sensibles o no, o de cualquier otro tipo”.
Reconoce que tanto el presidente de la República como el director del AGN han mostrado la intención de dar a conocer todos los documentos; “pero también es verdad que en los hechos esto no se está viendo. En los hechos, de pronto los colegas llegan al Archivo y se encuentran con la noticia de que está cerrado un fondo hasta nuevo aviso, o se exige que se recurra al procedimiento de transparencia para consultar documentos que hace 10 años uno podía ir a consultar directamente al AGN como como cualquier investigador que consulta documentos de la época colonial o del siglo XIX”.
El doctor en estudios políticos y sociales Valeriano Ramírez Medina considera que los archivos no serán abiertos nunca en su totalidad. Señala que incluso pedir al Inai que determine si se deben liberar completamente o no es una manera de lavarse las manos y justificar por qué no se cumplirá una de las promesas del presidente.
“No se abrirán los archivos de las policías políticas. No creo que lo hagan por las implicaciones que tienen aún instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría [ahora Fiscalía] General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y, entre otras instituciones, los gobiernos locales que estuvieron involucrados en toda la ola de represión.”
Politólogo y sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ramírez Medina es un investigador registrado también ante el AGN y es visitante asiduo del mismo. Explica que actualmente ya se vive un clima de censura en el Archivo.
“Se vuelve más complejo el asunto. Dicen que sí dejan abrir los archivos pero bajo determinadas circunstancias; que sí se puede investigar a determinados personajes pero ellos deciden si se les señala o si se les nombra. De hecho, existe una coerción donde te dicen: ‘Bueno, esa información no te la puedo dar’. Cuando yo empecé a ir al Archivo, te daban las cajas y tú revisabas. Ahora ellos te dicen: ‘Este es el documento que pediste, aquí lo tienes’.”
Estudioso de los movimienos sociales, Valeriano Ramírez aporta un ejemplo. El académico ha investigado la participación del general Mario Arturo Acosta Chaparro en la represión de la sierra de Atoyac contra las comunidades que apoyaron a Lucio Cabañas. Aunque es sabido el papel del militar en la Guerra Sucia duramte la década de 1970, muy poca información le ha sido entregada en el AGN de este tema.
En cambio, hay información más profusa de la patrticpación del general en el narcotráfico, un asunto por el que sí fue juzgado.
“Acosta Chaparro tuvo una actitud criminal, represiva, de violencia extrema y, luego, de complicidad. Es un personaje importante. Te dan [en el AGN] solamente la última parte de su vinculación con el narcotráfico donde sí lo acusaron. Pero la parte de la lucha contra Lucio Cabañas, la represión en la sierra de Atoyac, no aparece.”
Además, explica que cuando se consultaban directamente los documentos “en la caja encontrabas cosas interesantes. Pero ahora si no tienes la ficha y la referencia, pues no te van a dar nada”.
Valeriano Ramírez señala que aun con el nuevo gobierno y una pretendida “cuarta transformación”, las razones políticas siguen impidiendo la liberación de los archivos secretos. Considera que todavía la Presidencia de la República podría vulnerar su propia seguridad interna, “porque estamos hablando de crímenes perpetrados por gente del Ejército, la Marina y la Policía.
El doctor Alfredo Avila expone tres tipos de factores que juegan en contrario a la apertura de los documentos hoy. El primero no es de índole político, sino profesional. “Por la experiencia que yo he tenido, los archivistas son personas muy interesadas en conservar los documentos pero poco interesadas en darlos a conocer”. Observa esta tendencia entre los encargados de los archivos desde 2016.
El segundo tiene que ver con el “temor” que provoca a los funcionarios ser acusados de vioar la ley por entregar información sensible. “La propia gente del Archivo tiene miedo de dar información y que luego pueda repercutir en su contra si alguna persona se siente ofendida o cree que se vulneró su derecho de protección de datos personales”. En este sentido podrìa inscribirse la peteción del AGN al Inai de que emita la declaratoria que lo exima de reclamos.
El tercero sí es de carácter político y es, a decir, de Ávila Rueda, el más probable. “Debo decir que muchos de mis colegas consideran que es una posible razón de este cierre, de este no querer ser tan transparentes”.
Se refiere a que aún hoy están enquiastados en las esferas gubernamentales personajes que participaron en los hechos a los que se refieren los documentos.
“Aunque tengamos un gobierno electo democráticamente, un gobierno que además tiene un discurso de izquierda, también tenemos que reconocer que en este gobierno hay muchos políticos que son aquellos que estuvieron en las décadas de 1970 y 1980, precisamente encargados en esas unidades de inteligencia, de policía o en secretarías de Estado.”
Carlos Ruiz Abreu, director del AGN, cree que los archivos de la DFS, la DGPI y ell Cisen están completos. Lo anterior a pesar de que estuvieron bajo control del propio Cisen durante 17 años y no en manos de los trabajadores del AGN.
“Yo creo que la mayoría están completos. Ellos [los funcionarios del Cisen] no tuvieron la tarea de investigar sobre un personaje o de leerlos para sacar información que no les conviniera. No creo que fue la tarea de ellos. Era resguardo.”
Prefiere dejar atrás la discusión sobre el tiempo en que estuvo el Cisen a cargo de los documentos, al margen de la ley y con sólo un “acuerdo presidencial”. Considera suficiciente el asidero legal mediante el cual los agentes de seguridad nacional controlaron todos los archivos de las policías políticas.
“Me interesa tanto el archivo del Cisen como me interesa el también todos los fondos documentales y todos los demás archivos. Yo incluso le estoy dando la misma prioridad que tienen los demás. No llegué aquí para organizar ese archivo sino para organizar todos los fondos documentales, que son muchísimos. Es la tarea que tenemos que hacer.”
El doctor Alfredo Avila, por su parte, recalca que los archivos históricos no pueden estar sujetos a censura. Los investigadores deben tener acceso a toda la documentación. Y son ellos los que deben decidir, con base en su quehacer y su ética profesional, qué revelan y qué no.
“La Ley General de Archivos obliga a todos los archivos históricos a proporcionar el acceso irrestricto a sus documentos. Es como si uno fuera a la biblioteca y de pronto en la biblioteca a uno le dijeran: ‘Te voy a dar este libro pero le voy a arrancar tales páginas porque tú no las puedes consultar, pues puedes hacer mal uso de esas páginas. La responsabilidad del uso de los datos personales es de la persona que está haciendo la investigación.
“Tenemos que conocer todo tal cual está en los archivos y tener el criterio ético, académico y profesional para decidir qué se publica y qué no, pero la información tiene que estar disponible.”
Zósimo Camacho
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