Mapuches de la costa y pescadores llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno y a la trasnacional Celco. Los indígenas señalan que sus derechos a la cultura y territorio han sido violados; además, la contaminación de la productora de papel ya ha dejado una mortandad de especies animales y vegetales
Pamela Sepúlveda / IPS-Voces de la Tierra
Santiago, Chile. Pescadores artesanales y comunidades indígenas llevaron ante la justicia internacional 15 años de conflicto con la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) –a la que acusan de querer arrojar residuos tóxicos– y con el Estado chileno. Los acusan de violar derechos humanos.
La fábrica de celulosa Valdivia, propiedad de Celco, está a unos 500 metros de la ribera Sur del río Cruces, en la Región de los Ríos, aguas arriba del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter y a unos 40 kilómetros de la Bahía de Maiquillahue, o Mehuín, hogar de comunidades que viven de los recursos del océano Pacífico.
La empresa quiere tender una cañería de 36.9 kilómetros desde la fábrica hasta Mehuín, con un emisario subacuático de 2 mil 75 metros de largo que descargaría mediante difusores los residuos de la celulosa en el mar, a una profundidad de 18 metros.
La Bahía de Mehuín, al Suroeste de la capital, está habitada por pescadores artesanales y mapuches lafkenches (“gente de la costa”), quienes desde 1996 se oponen a esta intención.
La empresa buscó en 2004 desaguar sus residuos en el río Cruces. Pero, tras una generalizada mortandad de cisnes de cuello negro en el Santuario, dos años más tarde retomó la idea inicial del ducto hacia el Pacífico.
Valdivia produce 550 mil toneladas anuales de celulosa de exportación. En marzo, el caudal variable del río Cruces la obligó a frenar las labores, cuando llegó por debajo de los cinco metros cúbicos por segundo, límite mínimo establecido por las autoridades para la producción de celulosa, que insume mucha agua.
Chile aporta 6 por ciento de los 48 millones de toneladas de celulosa para papel que se comercian cada año en el mundo. Las ventas del producto ascendieron el año pasado a 1 mil 790 millones de dólares. El sector forestal es responsable de 3.1 por ciento del producto interno bruto nacional.
La población afectada por el ducto –autorizado el 24 de febrero de 2010 por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) y cuya construcción se desarrollaría en dos años– se compone de 20 comunidades lafkenches y pescadores artesanales de Mehuín, Cheuque, La Barra y Mississippi.
Hay además otra veintena de comunidades indígenas situadas algo más al Sur y organizaciones sindicales con casi 1 mil pescadores asociados que también podrían sufrir en caletas y áreas vecinas.
“Aquí hay víctimas, comunidades indígenas”, de las que se vulneran “espacios ceremoniales”, como un cementerio indígena que sería cortado por el trazado del ducto, dice a IPS el portavoz del Comité de Defensa del Mar, Eliab Viguera.
El Comité interpuso ante la justicia recursos contra la autorización de la Corema y reclamó la defensa de la integridad y la vida de los pescadores y lafkenches y el derecho de pertenencia costera de esos pueblos indígenas, establecido por ley. Pero el pedido fue rechazado en la Corte Suprema de Justicia.
“El estado de violencia que se ejerció en Mehuín fue brutal, hubo muchas personas que fueron víctimas de las mafias, pagadas por Celulosa Arauco, que persiguieron a todos los defensores del mar, sin importar que fueran ancianos, que fueran niños”, agrega Viguera.
El dirigente asegura que en los últimos años soportaron desde amenazas de muerte hasta ofertas de dinero para que desistieran de su lucha.
“Les pasaron dinero para firmar un convenio de colaboración, después les hicieron un pago para apoyar los estudios técnicos que la empresa necesitaba para generar el estudio de impacto ambiental, después les hicieron un pago cuando se autorizó el permiso ambiental y, supuestamente, les van a hacer otro pago cuando el ducto esté construido”, abunda el coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del no gubernamental Observatorio Ciudadano, José Araya.
Pero el intento de desarticular el movimiento sólo consiguió la voluntad de un puñado de pescadores de Mehuín, según las fuentes.
Agotadas las instancias internas, el Comité presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares urgentes y la paralización de cualquier faena ligada a la construcción del ducto.
“El Estado debe responder por las vulneraciones que aquí se ejercieron”, dice Viguera.
Araya subraya que uno de los puntos de la denuncia se refiere a los derechos de las comunidades nativas, que no fueron consultadas sobre una obra a realizarse en su territorio, como establece el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor en Chile el 15 de septiembre de 2009.
El ducto fue aprobado cuatro meses después y, si bien el Estado tenía un año de plazo para adecuar leyes y normativas internas al Convenio, no ha avanzado mucho en este aspecto.
La demanda ante la CIDH pone énfasis en “el derecho al territorio, porque estamos hablando de mapuches y porque no fue respetado el Convenio 169; y en el derecho a la vida, por cuanto los efectos ambientales son perjudiciales para comunidades que viven de la pesca y actividades recreativas ligadas al mar”, dice Araya a IPS.
IPS consultó a la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería chilena, que debe representar al Estado ante la CIDH, pero ésta no quiso hacer declaraciones.
Celco, que posee cinco fábricas de celulosa en Chile y una en Argentina, tiene antecedentes de contaminación. Varias veces debió detener la operación de Valdivia por orden judicial, entre otras razones por trabajar más allá del límite de producción.
La descarga de desechos en el río Cruces –presunta causa de la muerte de los cisnes– fue comprobada por peritajes judiciales presentados a fines de marzo en el marco de una demanda civil contra Celulosa Arauco por daño ambiental, iniciada por el Consejo de Defensa del Estado.
Esos resultados “son bastante concluyentes; la empresa tiene responsabilidad en la contaminación: sobrepasó los límites y ocultó información a la autoridad pública”, dice Araya.
En este contexto, causó escándalo que el único canal público del país, Televisión Nacional de Chile, emitiera el 2 de abril un reportaje favorable a la empresa. El Consejo Nacional de Televisión, la Asociación de Documentalistas de Chile y el Consejo de Defensa del Estado rechazaron el tratamiento periodístico del trabajo, que no mostraba equilibrio entre las partes.
Poco después la empresa reconoció que había contratado al realizador, Sergio Nuño, para la elaboración de un documental que presentó en el juicio que le sigue el Consejo de Defensa del Estado.
Mientras los pescadores esperan que la CIDH acoja su demanda, especulan con que Celco no pueda iniciar la cañería, pues el permiso ambiental que ostenta no le permite ingresar al mar. Para hacerlo, debe tramitar autorizaciones marítimas.
Pese a la insistencia de IPS, Celco no quiso comentar estos hechos.
