La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, acogió con beneplácito la decisión de México de enviar al Senado para su ratificación el Tratado Regional sobre el Medio Ambiente, conocido como el Acuerdo de Escazú. “La decisión de avanzar en la ratificación del Acuerdo de Escazú refleja la responsabilidad de México con el medio ambiente, y el reconocimiento de quienes lo protegen”.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, además de establecer el derecho a un medio ambiente sano, el Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países, establece claras garantías para la protección de las personas defensoras del medio ambiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo envió al Senado Mexicano en agosto para su ratificación en los próximos meses.
“La ratificación de Escazú sería una muestra importante del compromiso de México con los defensores y defensoras de los derechos humanos que, junto con los y las periodistas, afrontan altos niveles de violencia en el país”, consideró la relatora Lawlor.
Agregó que “esta decisión debería inspirar a otros poderes del gobierno a asegurar que las reformas legales, fiscales y políticas ahora en curso también refuercen la protección de quienes defienden los derechos humanos”, manifestó la experta, refiriéndose a las medidas que se encuentran actualmente ante el Senado. “Con estos avances legales, México tiene la gran oportunidad de mejorar la protección de los defensores y defensoras”.
El Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso en 2012, debe contar con los fondos y recursos adecuados para su correcto funcionamiento, dijo Lawlor. “La vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos –incluyendo a los defensores del medio ambiente– puede depender de ello”.
La relatora indicó que “la voz de las personas defensoras debe ser escuchada en cualquier decisión acerca de políticas que se refieran o afecten a su protección, y a capacidad de continuar con su legítima labor en materia de derechos humanos. Alentamos al gobierno a que siga adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en México”.
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