María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se comprometió a buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reciba al grupo de indígenas desplazados de Tierra Blanca Copala que se mantienen en plantón frente a Palacio Nacional
La titular del organismo encargado de garantizar el respeto a los derechos humanos en el país, recibió hoy por la tarde a representantes de la etnia triqui, de Oaxaca, quienes tuvieron que salir de su comunidad el pasado 20 de enero, tras haber sobrevivido a varios días de disparos.
Ataviadas con sus huipiles tradicionales, las mujeres piden poder regresar de manera segura a su población, pues no hay otro lugar a dónde ir. Una de ellas llora frente a la presidenta de la CNDH, mientras denuncia que uno sus primos fue asesinado.
Con respecto a las medidas cautelares emitidas por este organismo en enero pasado, “no se cumplieron por parte de las autoridades o fueron insuficientes”, dice Francisco Estrada, secretario Ejecutivo de la CNDH por lo que se insistirá a las instancias correspondientes para que garanticen el retorno seguro a las víctimas, dijo.
Medidas cautelares
El pasado 21 de enero de 2021, mediante el comunicado DGC/016/2021, la CNDH emitió medidas cautelares para proteger los derechos humanos de los habitantes de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, municipio de Tierra Blanca.
“Ante los hechos de violencia suscitados recientemente, solicita a las autoridades estatales garantizar la vida y seguridad de la población la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades del Estado de Oaxaca para garantizar los derechos humanos a la vida, integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social de los habitantes de las comunidades de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala, pertenecientes al municipio oaxaqueño de Santiago Juxtlahuaca”, expone el documento.
Añade que “ante los hechos de violencia ocurridos entre el 17 y el 19 de enero del presente año, que dejaron como saldo varias personas lesionadas”, el organismo nacional solicita al gobernador de la entidad, Alejandro Murat, al secretario General de Gobierno, al fiscal General, al secretario de Seguridad Pública y al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca “cumplir con la vigencia del Estado de Derecho, además de privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz social”.
Si bien es cierto que, a principios de enero, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región, “días después se retiraron, hecho que provocó que la población quedara en estado de indefensión.
“Al respecto, la CNDH recuerda a dichas autoridades que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas, aunado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población”, expone el comunicado.
Ese 21 de enero, la CNDH exigió “un alto a la violencia contra las comunidades indígenas”.
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