El SAT investiga a 200 mil contribuyentes a los que les cancelaron adeudos fiscales en 2019 por 300 mil millones de pesos. Entre los descubrimientos destaca una red de corrupción integrada por funcionarios, grupos empresariales y cientos de personas físicas que pagan sobornos millonarios para evadir impuestos
Primera parte. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisa a 200 mil contribuyentes (personas físicas y morales) a los que en 2019 les cancelaron créditos fiscales por alrededor de 300 mil millones de pesos, de los cuales casi el 50 por ciento (141 mil 361 millones) está en proceso de recuperación en beneficio de las arcas públicas.
Muchas de esas cancelaciones de adeudos fiscales por supuesta “insolvencia” operada “dentro del marco normativo” para beneficiar a 200 mil contribuyentes mediante la evasión fiscal, que corresponden al ejercicio 2019 –cuando al frente del SAT estaba la ahora ministra Margarita Ríos Farjat–, fueron parte de una planeación orquestada por una enorme red de corrupción integrada por servidores públicos de oficinas centrales, directivos de algunas Administraciones Desconcentradas de Recaudación (en total suman 55 ADR en todo el país), grupos empresariales y cientos de personas físicas a cambio de jugosos sobornos.
De esa compleja red de corrupción que opera al interior del SAT para que personas morales y físicas eludan pagar impuestos, han sido denunciados 90 servidores públicos y 1 mil 14 particulares, a quienes les siguen procesos penales y administrativos ante la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. En ese grupo delictivo están involucrados 69 funcionarios de Aduanas, uno de ellos con la responsabilidad de administrador. En total, hay 49 denuncias penales y 247 expedientes administrativas abiertos ante Función Pública.
De los 141 mil 361 millones de pesos que el SAT está en proceso de recuperar al reactivar créditos fiscales a 13 mil 419 deudores, corresponde apenas al 6.7 por ciento del total de contribuyentes a quienes les fueron cancelados dichos créditos.
La red de corrupción de servidores públicos, muchos de ellos retirados del cargo y sujetos a proceso, operaba con total impunidad desde gobiernos priistas y panistas en los últimos 30 años; por ejemplo, en 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la cancelación de créditos fiscales, condonaciones y perdones rebasó los 700 mil millones de pesos.
En las últimas tres décadas esa banda de burócratas corruptos planeó leyes y reglamentos para poder defraudar al fisco aplicando la normatividad en la materia, con lo cual no sólo se podía evadir el pago de impuestos, sino que además estaban a salvo de ser acusados penalmente, mientras que sus cuentas bancarias personales se abultaban.
Los créditos fiscales se determinan mediante resoluciones emitidas por la autoridad, ya sea por incumplimiento de obligaciones fiscales o por cualquier otra infracción interpuesta por motivos distintos a la naturaleza fiscal; siendo el SAT para estos últimos la instancia encargada de realizar las acciones de cobro conforme a las disposiciones aplicables.
El Código Fiscal Federal prevé la cancelación de créditos fiscales por razón de incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.
Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios que no tengan bienes embargables para cubrir el crédito o que éstos ya estuvieran embargados; cuando no estén localizables o cuando hubiera fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativos de ejecución.
Sin embargo, la cancelación de créditos fiscales únicamente implica un registro administrativo que no extingue la obligación de pago siempre y cuando esté dentro de los últimos cinco años al momento de reactivar el crédito.
De los 300 mil millones de pesos de créditos cancelados, casi el 90 por ciento fue por insolvencia y el 10 por ciento restante por incosteabilidad, insolvencia de origen e insolvencia de origen con requisitos.
Desde enero de 2020, cuando Raquel Buenrostro tomó el mando del SAT, se realizó un análisis de los créditos fiscales por insolvencia a 200 mil contribuyentes, a fin de determinar la viabilidad de su reactivación, y lo descubierto permitió abrir procesos para recuperar casi el 50 por ciento de los 300 mil millones de pesos eludidos.
De los créditos cancelados en 2019, el 96 por ciento corresponde a créditos determinados por autoridades internas, de los cuales el 88 por ciento son créditos fiscales autorizados por la Administración Central de Auditoría Fiscal Federal y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. El 4 por ciento restante de los créditos cancelados por insolvencia, poco más de la mitad (53 por ciento) corresponde a los determinados por la Auditoría Superior de la Federación.
Durante 2020, las únicas cancelaciones de créditos fiscales que se han llevado a cabo por parte de las Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR), son aquellas que corresponden a créditos incosteables; es decir, aquellos que resulta más caro auditar e investigar que recuperar el monto adeudado al fisco.
La auditoría 44-GB que la ASF hizo al SAT
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2019, este jueves 10 de diciembre la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza el economista David Colmenares, sostendrá una reunión con funcionarios del SAT para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría 44GB, que lleva por título “Cancelación de Adeudos Fiscales”.
En su informe, la ASF reporta que en el ejercicio fiscal 2019, el SAT canceló adeudos fiscales por 279 mil 712.7 millones de pesos a contribuyentes calificados como “insolventes” en siete estados de la República: Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Nayarit.
La cancelación de créditos fiscales en la Ciudad de México fueron por 96 mil 656 millones 314 mil 700 pesos, que significó el 34.5 por ciento del total del dinero que no ingresó a las arcas públicas; Tamaulipas ocupó el segundo lugar en evasión fiscal con 26 mil 272 millones 522 mil 400 pesos, equivalente al 9.4 por ciento del total de cancelaciones de créditos en el país; Nuevo León fue el tercer lugar en deudas fiscales perdonadas por 18 mil 715 millones 196 mil pesos, que representa el 6.7 por ciento; Chihuahua esta en cuarto lugar de evasión de impuestos con 15 mil 77 millones 392 mil 100 pesos, el 5.4 por ciento del total; Estado de México es la quinta entidad con mayor condonación de impuestos por 13 mil 618 millones 394 mil 100 pesos, correspondiente al 4.9 por ciento; Jalisco está en sexto lugar de cancelación de créditos por 9 mil 634 millones 268 mil pesos, que es el 3.4 por ciento, y el séptimo lugar lo ocupa el estado de Nayarit con 8 mil 619 millones 771 mil 600 pesos, es decir el 3.1 por ciento del gran total.
A pesar de lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “en dos años hemos cobrado impuestos pendientes por 750 mil millones de pesos”, contrario a lo que sucedía en gobiernos anteriores, cuando “en el régimen neoliberal los que mandaban no pagaban impuestos”.
Y aunque tiene razón el presidente López Obrador en celebrar que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha logrado por un lado aumentar la recaudación fiscal y por el otro ha obligado a grandes contribuyentes a pagar deudas fiscales que antes negaban, también es cierto que en el primer año de gobierno de la 4T la cancelación de créditos estuvo cerca de los 300 mil millones de pesos sólo en 2019.
La Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero número 44-GB, elaborada por la ASF y correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2019, precisa que de los 279 mil 712.7 millones de pesos que dejó de cobrar el SAT, el 65.6 por ciento de esos créditos fiscales cancelados correspondientes al rubro de “impuestos”, que ascendió a 183 mil 450 millones 879 mil pesos.
Al rubro de “accesorios de los contribuyentes”, el concepto de multas fue el que tuvo más cancelaciones por 90 mil 467 millones 389 mil 200 pesos, que significa el 32.3 por ciento del importe total.
Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación verificó las principales cancelaciones de adeudos fiscales y seleccionó una muestra de 167 documentos determinantes por 135 mil 907 millones 590 mil 500 pesos, correspondientes a seis de las 55 ADR que operaron las bajas por cancelaciones de créditos en 2019.
En esa revisión, la ASF encontró que el 67 por ciento corresponde a cancelaciones de contribuciones, mientras que el 33 por ciento restante fue de accesorios como multas, recargos y actualizaciones.
Además, las principales situaciones que según la ASF originaron al SAT para determinar los adeudos fiscales mediante presuntivas de ingresos, correspondieron a dos situaciones:
1. Revisión de gabinete por contribuciones omitidas por 44 mil 114 millones 585 mil 600 pesos, con el 37.7 por ciento y 39 créditos cancelados.
2. No acreditó el retorno, regulación o cambio de régimen de la mercancía importada por 39 mil 628 millones 989 mil 500 pesos, con el 33.9 por ciento y 18 créditos cancelados.
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