La familia Tricio, propietaria del Grupo Lala, tiene derecho a explotar más de 44 millones de metros cúbicos de agua anuales en la región de La Laguna, revela la base de datos de la Conagua sobre los concesionarios. Apenas hace unas semanas, el presidente López Obrador lanzó un programa para limpiar los mantos acuíferos en esa zona del arsénico que provoca la actividad industrial, y donde la productora de lácteos se asienta
Datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que en la región de La Laguna, Coahuila, existen 33 registros de concesiones que involucran a integrantes de la familia Tricio, propietarios de Grupo Lala. Éstos les dan derecho a explotar un volumen de 44 millones 513 mil 782 metros cúbicos anuales, en 162 cuentas de título con vigencia de concesión de entre 5 y 30 años.
La compañía fundada en 1949 es una de las principales productoras de lácteos en la región y exportadora para América Latina. También ha figurado como una de las causantes de la sobreexplotación de los acuíferos. En esa misma zona donde se asienta, la actividad industrial ha contaminado los mantos freáticos con arsénico.
En respuesta a Contralínea, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en la etapa del neoliberalismo, cuando Vicente Fox Quesada asumió el gobierno de México, “la corrupción” llevó, incluso, a un gerente de Lala a la dirección de la Conagua.
El primer mandatario hacía referencia a Cristóbal Jaime Jáquez, otrora director de Coca Cola y directivo del Grupo Industrial Visa (líder en la industria de aguas envasadas). También participó en la Corporación Industrial Escorpión, integrada por empresas embotelladoras, hasta que llegó a la dirección de Lala.
Las concesiones
La información de Conagua indica que el empresario José Antonio Tricio Haro es quien mayor volumen concesionado de agua tiene, con 7 millones 274 mil 912 de metros cúbicos anuales. Los hermanos María Isolina, con 4 millones 315 mil 936 metros cúbicos, y José Manuel Tricio Cerro, con 3 millones 748 mil 930 de metros cúbicos, por el mismo lapso de tiempo.
En la cuarta posición se encuentra Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, con 3 millones 411 mil 162 de metros cúbicos anuales. Este último fue opositor en campaña del presidente de la República. Ahora, se hace presente en los actos públicos con el programa de Agua Saludable en La Laguna.
Otros miembros de la familia beneficiados con concesiones de explotación de agua son: Eduardo Antonio Tricio Sierra, con 3 millones 171 mil metros cúbicos anuales; Myriam Tricio Cerro, 2 millones 903 mil 19 metros cúbicos al año; José Ignacio Martínez Tricio, 2 millones 660 mil metros cúbicos; Gregorio Tricio Sierra; 2, millones 647 mil 437 metros cúbicos anuales; Ana Carmen Tricio Haro, 2 millones 258 mil 775 metros cúbicos, al año; Indalecio Tricio Gómez 1 millón 468 mil 320 metros cúbicos anualmente; Rafael Tricio Haro, 1 millón 248 mil 12 metros cúbicos al año; Juan Carlos Ruiz Tricio, 1 millón 174 mil 477 metros cúbicos anuales; Ana María Martínez Tricio y Jorge Fernández Martínez, 1 millón 64 mil 854 metros cúbicos por año.
Entre quienes poseen concesiones menores al millón de metros cúbicos anuales, se encuentran: Ignacio Martínez Tricio, 750 mil metros cúbicos; María Cristina Tricio Haro, 733 mil 200 metros cúbicos; Daniel Ruiz Tricio, 645 mil metros cúbicos; María Del Pilar Tricio Haro, 584 mil metros cúbicos; Santiago Gómez Tricio, 540 mil metros cúbicos; María Teresa Tricio Haro, 480 mil metros cúbicos; Eduardo Tricio Gómez, 357 mil 480 Metros Cúbicos; Carlos Villarreal Tricio, Lazarita Espicueta Rodríguez, Pedro Pachecano Reyes, María del Rocío Crispín, en un solo título 300 mil metros cúbicos; María Cristina Tricio Haro, Gumaro Herrera Espinoza, José Trinidad Landeros Hernández y Esther Hernández García, asociados en un título con 300 mil metros cúbicos; Martín Eduardo Tricio Sesma y Miriam Tricio Cerro, con 300 mil metros cúbicos, respectivamente; Rafael Tricio Haro, José Luis Collazo Manriquez, Carlos Gallegos Castañeda, Julián Salinas Rivera, Eudelia Muñoz Garay, Josefina Coronado Fraire, César Torres Olivas, en conjunto, 270 mil metros cúbicos; María del Milagro Tricio Sierra, 264 mil metros cúbicos; José Manuel Tricio Cerro, y Armando Rafael Carra García, con 240 mil metros cúbicos; María Cristina Tricio Haro, María Amparo Molina Pérez con 240 mil metros cúbicos; Ramón Contreras Picón, Jesús Montoya Juárez, Luis Montoya Juárez, Ismael Esparza Martínez y José Antonio Tricio Haro, con 240 mil metros cúbicos; María De Los Ángeles Tricio Haro, 233 mil 280 metros cúbicos; Carlos Villarreal Tricio, 209 mil 988 metros cúbicos; Ana Cristina Estrada Tricio, 180 mil metros cúbicos.
Con una dotación de 250 mil metros cúbicos anuales por persona, la cifra de explotación es equivalente a lo que requiere una población de menos de 3 mil habitantes o para el riego de una parcela de menos de 25 hectáreas por el mismo lapso de tiempo.
Los más de 44 millones de metros cúbicos de agua que puede extraer la familia Tricio es el equivalente a la dotación de agua para las alcaldías Benito Juárez, Azcapotzalco, Xochimilco y Miguel Hidalgo (en la Ciudad de México); o los municipios de Tonalá, en Veracruz; Mazatlán, Sinaloa; y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Con este volumen también podría abastecerse al Organismo Intermunicipal de Agua Potable Alcantarillado Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.
Proyecto para limpiar el agua
El pasado 15 de agosto, el presidente López Obrador estuvo en La Laguna para proponer la construcción de un acueducto –con una inversión de 10 mil millones de pesos y bajo el nombre de Agua Saludable– para que los habitantes de la región tengan acceso a agua limpia. Entre los invitados al estrado se encontraba Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala.
En ese acto, el director general de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, destacó que la inversión será superior a los 10 mil millones y, detalló “que se trata de aprovechar los escurrimientos de agua del río Nazas para abastecer de agua potable a un millón 600 mil personas de cuatro municipios de Durango y cinco de Coahuila”.
Agregó que el compromiso de la Conagua es entregar agua saludable en bloque, y que los estados serán los que fijen el mecanismo de entrega a los organismos operadores de los nueve municipios.
“Cuando funcione en su totalidad el sistema de distribución del proyecto, será un compromiso de los municipios y organismos operadores cancelar cerca de 160 pozos que actualmente abastecen de agua potable con contenido de arsénico por arriba de lo que marca la Norma Oficial Mexicana”, añadió. Asimismo, se cancelarán los pozos irregulares que propician la sobreexplotación del acuífero principal de la Comarca Lagunera.
Días después de esa reunión, el 20 de agosto, el presidente de la República comentó a Contralínea que en la región de La Laguna hay cáncer por el arsénico que ha contaminado los mantos acuíferos: “no es posible, o sea, están perforando pozos para extraer agua a 2 mil metros de profundidad”.
Por la gravedad de los casos de cáncer, añadió: “estoy viendo la posibilidad, analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos”. Durante su conferencia matutina, López Obrador tampoco descartó revisar las concesiones de explotación del vital líquido.
Acueducto, solución de corto plazo
Aunque el acueducto que propone el presidente López Obrador tiene respaldo de la sociedad civil, se ha señalado que se requiere un esfuerzo mayor para frenar la sobreexplotación del recurso hídrico. Al respecto, Gerardo Jiménez González –integrante del colectivo ambientalista Encuentro Ciudadano Lagunero– observa que el arsénico es el problema principal por el impacto en la salud. Sin embargo, considera que la propuesta es una solución de corto plazo. Primero, dice, se tiene que recuperar el acuífero porque es la fuente de abasto más importante para la población y la economía en la región.
El profesor universitario y maestro en ciencias con especialidad en desarrollo rural indica que el proyecto Agua Saludable no es el “más adecuado, porque el problema principal que tenemos en la Comarca Lagunera es la sobreexplotación y contaminación del acuífero principal, que es el más importante de los ocho que vemos en la región”.
Agrega que “cualquier diseño de política pública debe enfocarse a tratar de resolver el problema principal; es decir, a plantear una serie de acciones que permitan recuperar el acuífero”.
Agrega que, como hay una extracción ilícita de un volumen considerable de agua –440 millones de metros cúbicos– por encima de lo que está concesionado, lo primero que recomiendan los hidrólogos es recuperar ese volumen para que se quede en el acuífero y frenar la sobreexplotación. Lo segundo, establecer un sistema de medición confiable porque actualmente no se miden las extracciones.
También expone que el acuífero tiene ya 74 años en desbalance, porque se le extrae más agua de la que recarga. Entonces, indica, se debe considerar la posibilidad de realizar recargas controladas. “Controlando la extracción, lo que va a ocurrir es que nuestro acuífero no se va a recuperar pronto y vamos a requerir más de medio siglo para eso”.
Las recargas que sugiere necesitan un volumen disponible del río Nazas, señala. “Con el proyecto Agua Saludable, lo que se va a hacer es utilizar ese volumen para potabilizarlo y proveerle agua a la población durante los próximos 25 años; pero mientras no se considere una estrategia de recuperación del acuífero, el riesgo que tenemos es que no sólo se nos acabe la principal fuente de agua sino las reservas para el futuro. En términos científicos, es el diseño conceptual adecuado, pero lo que tenemos en la práctica es que hay un volumen que se extrae ilícitamente y una serie de intereses económicos asociados al uso ilegal de esta agua que se oponen a que se regule y el gobierno federal no le ha entrado a este problema. Estamos hablando de la extracción y tráfico ilegal del agua”.
Para el académico y activisra, los principales responsables “son los usuarios que tienen la mayor parte de las concesiones, son empresarios agroganaderos. Los corporativos son lácteos, son agroindustriales. Como tales, no tienen volúmenes concesionados elevados. Los que lo tienen son sus socios que tienen los ranchos agropecuarios, donde se produce el forraje y la leche bronca”.
Agrega que en la región de la Laguna hay empresas asociadas a esos corporativos, “como Lala, Nestlé, Alpura, que son corporativos de mayor escala. Son socios de los corporativos y de estos socios, los que producen los forrajes y la leche bronca son los que tiene las concesiones”.
—¿Sería viable la recuperación del acuífero, a la par el proyecto del acueducto?
—El problema es la potabilizadora: el acueducto es un componente de proyecto. En sí, es un proyecto de extraer agua de río y potabilizarlo para suministrar a las viviendas. Sus componentes son una presa derivadora, un cárcamo, una planta de bombeo, una potabilizadora y un acueducto que va a derivar el agua en megatanques, y de ahí se va a entregar a los organismos operadores, para que estos a su vez los entreguen a las viviendas. Aquí el problema principal, es que se va a comprometer un volumen considerable de agua para resolver el problema inmediato: estamos hablando de suministrar agua potable a la población, pero se va a posponer la solución del problema principal para las siguientes generaciones, esto es lo que nosotros pensamos que es un proyecto de corto plazo.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, a través de sus representantes en comunicación, Zimat Consultores. Asimismo, con el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, sin que al cierre de edición se haya obtenido respuesta.
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