México depende de las importaciones de alimentos en más del 45 por ciento de lo que consume. Ello, debido “al abandono generalizado y sistemático del campo mexicano” por los gobiernos priístas y panistas, asegura el subsecretario de Alimentación, Suárez Carrera. Para revertir este panorama serían necesarios 20 años y una serie de políticas transexenales que trabajen de forma holística, consideran especialistas en sistemas agroalimentarios

A la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) encontró “un país que no produce sus propios alimentos, que depende de la importación de sus alimentos del extranjero” en más del 45 por ciento, explica a Contralínea Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sader. Agrega que ello se debe a un abandono generalizado del campo mexicano durante los gobiernos priístas y panistas.

Por su parte la investigadora Elena Lazos Chavero, doctora en antropología y socioeconomía del desarrollo, coincide en que “estamos en una dependencia alimentaria muy fuerte sobre todo en el maíz amarillo, de arroz, trigo, leche…” La cual se intensificó en la última década del siglo XX.

“En maíz importamos 33 por ciento de la demanda interna, en arroz 90 por ciento, la leche del 25 al 30 por ciento, el trigo 60 por ciento. Cada vez se importan más productos cárnicos como el cerdo”, informa el ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo, Víctor Suárez.

El ingeniero explica que los gobiernos priístas y panistas apostaron por la importación de alimentos en vez de producirlos en el país. Recuerda que con la llegada del libre comercio durante el sexenio de Miguel de la Madird –en 1982– fueron retirados todos los apoyos y la promoción de las actividades productivas en el campo bajo el argumento de las llamadas ventajas comparativas, las cuales planteaban exportar alimentos a bajo costo de Estados Unidos y que el país produjera alimentos para la agroexportación.

La política se profundizó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la contrarreforma que atacó el corazón de la Revolución Mexicana: el artículo 27 constitucional, con el que se dio el reparto de la tierra y con el que se lograría brindar de infraestructura y recursos al campo. Con esta acción se propició la privatización del ejido y la comunidad para establecer el mercado de tierras. Y posibilitar una nueva concentración de la tierra en pocas manos agroempresariales.

Una tercera acción que dejó en el abandono al campo nacional fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el capítulo agropecuario, implantando un modelo de alimentación industrializado que ha tratado de sustituir la dieta mexicana, un modelo dictado a nivel internacional. Lo que ha hecho depender a México de varios países latinoamericanos.

Ese sexenio significó la retirada total del Estado en la promoción del campo. El subsecretario Suárez Carrera recuerda que desaparecieron la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Fertimex (Fertilizantes Mexicanos), Productora Nacional de Semillas (Pronase) y demás instituciones, programas y acciones desarrolladas durante el cardenismo hasta la década de 1980. El periodo de Salinas representó el abandono del campo y de la política de producción de alimentos por los productores mexicanos, principalmente de los pequeños y medianos productores. La atención se centró en la agroindustria de gran escala.

Lo que derivó en que no más del 8 por ciento de las unidades de producción de todo el país se volvieron muy rentables y con grandes ganancias, en las que no solamente tuvieron utilidades de la actividad económica fundamentalmente vinculada a la exportación, sino que capturaron el 90 por ciento de los subsidios públicos que canalizaba la Secretaría de Agricultura, expone el funcionario Víctor Suárez.

El sistema neoliberal en México despojó de derechos a los agricultores, campesinos e indígenas para decidir sobre los sistemas agroalimentarios; es decir, atentó contra la soberanía que había florecido en la década de 1970 con el modelo de desarrollo estabilizador en el país. Sumió en la pobreza a 5 millones de pequeñas y medianas unidades de producción. A 2018, 7 millones de zonas rurales carecieran de apoyos y alternativas de vida.

Sobre el término de soberanía alimentaria, la especialista en ecología política de los sistemas agroalimentarios Lazos Chavero explica que éste nace como un concepto político de una exigencia al control y derechos de las decisiones en todo lo que significan los sistemas agroalimentarios, desde su producción, su consumo hasta su desecho. Pone en primer plano la decisión de los agricultores sobre qué cultivar, qué comercializar y lo que hay para su propia seguridad alimentaria. Significa poseer todos los derechos de decisión sobre su territorio.

Necesarios, 20 años para revertir dependencia alimentaria

Una política transexenal que tenga como eje central el impulso de los pequeños y grandes productores, durante un periodo en promedio de 20 años, sería necesaria para revertir la dependencia alimentaria de México y la brecha de desigualdad existente en el campo nacional. Así como la puesta en marcha de no sólo un programa enfocado en los pequeños y medianos productores.

El programa Producción para el Bienestar, impulsado por la Cuarta Transformación, que atiende a 2.3 millones de pequeños productores de granos básicos, tendría que ser una política consistente al menos en los próximos 20 años. Ya que el de la autosuficiencia alimentaria es un “camino largo y no de corto plazo” que pueda lograrse en 3 ni 6 años, considera Víctor Suárez Carrera, expresidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Cederssa).

Esto porque además, se enfrentan desafíos en la producción de alimentos en términos del cambio climático global; y porque en el último año y medio de la pandemia por Covid-19 trajo la parálisis económica por el cierre de actividades económica, lo que alentó el logro de objetivos en esta materia, precisa el especialista en economía agrícola. “Nuestro planteamiento establecido en el plan nacional de desarrollo es avanzar”, enfatiza Suárez Carrera.

La administración lopezobradorista propone, para revertir la dependencia, recuperar las decisiones de qué producir, cómo, para quién y cómo consumir en el país. El Estado mexicano en función del interés público y del interés nacional y no la mano invisible del mercado, dice Suárez Carrera. Como segundo punto, señala, recuperar el empleo rural y la reactivación de la economía local, comunitaria, impulsando la producción local y nacional de alimentos. El tercero, transitar a la agroecológica estableciendo un modelo de producción respetuoso de la naturaleza.

Por otro lado, respecto del programa principal Producción para el Bienestar, el doctorante en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de México, Alonso Gutiérrez-Navarro, opina que el problema de la desigualdad marcada entre la agroindustria y las comunidades campesinas “no es algo que se resuelva en pocos años o solamente con el apoyo particular del gobierno con ciertos programas.

Es una desigualdad y una estructura económica muy fuerte que justamente si, en todo caso se convierte en una política de gobierno transexenal pues va a tomar muchos años ese cambio, o sea, pensar en la autosuficiencia alimentaria, todavía le queda un buen tramo”.

Las necesidades

Los programas prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación (Producción para el Bienestar y Sembrando Vida) para alcanzar la soberanía alimentaria no bastan por sí solos, consideran la doctora Elena Lazos Chavero y el doctorante en Desarrollo Rural, Alonso Gutiérrez-Navarro.

Aunque, este gobierno plantea la autosuficiencia alimentaria y ha habido algunos casos importantes como algunos programas que están más enfocados en la pequeña agricultura, Elena Lazos, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IISS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, expone que “falta mucho”. Porque estos dos programas son “apenas un inicio para fortalecer las economías nuevamente de los productores rurales de las familias indígenas para encontrar caminos y puedan manejar sus tierras como sus cultivos. Estamos viendo si hay algunas posibilidades o viendo cuáles son los otros programas para apuntalarlos”.

Para ella un sólo programa enfocado especialmente al fortalecimiento de los pequeños productores puede resolver los problemas. Es necesaria “toda una conjunción desde la producción, comercialización, la producción, el consumo y si no se ve toda la cadena completa, pues sólo se pone énfasis en un puntito pero le falta al mosaico de lograr la suficiencia alimentaria en muchos términos. Debemos tener diferentes tipos de políticas que vayan trabajando holísticamente”, comenta.

Alonso Gutiérrez-Navarro, colaborador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) considera que los dos programas dichos no “son el parteaguas” para la recuperación de la soberanía alimentaria. “No es sólo un tema de programas públicos, me parece sino que depende de la estructura social agraria del país y depende del apoyo de trasnacionales”. A su parecer no podrían superar la barrera de los financiamientos a los productores de gran escala.

No obstante, resalta que Producción para el Bienestar es interesante, ya que la forma de implementarlo es a partir de metodologías provenientes de los movimientos sociales como campesino a campesino o de las comunidades de aprendizaje campesino. El inconveniente que observa el miembro del Cesder es que si el programa no es transexenal, como lo planteó el subsecretario Víctor Suárez, “quien le agarró el rollo y quien se metió de lleno a esos cambios en términos de la producción agrícola o en términos de un diseño agroecológico, de diferentes formas de producción, pues eso ya no se para”.

Además de que el tener que cumplir con objetivos específicos, metas y dar resultados “le quita la sustancia a las propias metodologías, a los grupos organizados”, puntualiza Gutiérrez-Navarro.

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