Montevideo, Uruguay. La controversial Ley gubernamental de Urgente Consideración (LUC) trazó en Uruguay una ruta en 2021 de enfrentamientos parlamentarios, y reivindicaciones sindicales y de otras organizaciones sociales. Adoptada en julio de 2020 con los únicos votos de la mayoritaria coalición gobernante de derecha, plasmó en sus casi 500 artículos un proyecto de país de restauración conservadora y orientación neoliberal a la vista del opositor Frente Amplio.

Pronto decenas de organizaciones sociales aunaron fuerzas en una Comisión Pro Referendo Revocatorio que consumió meses en definir si se buscaba una derogación total o parcial, lo que a la larga se zanjó apuntando sólo a los 135 artículos más negativos y retrógrados.

La recolección hasta las 671 mil firmas con huellas digitales requeridas constitucionalmente para que la Corte Electoral habilitara la consulta popular comenzó al rayar 2021, con un plazo a expirar el 8 de julio.

Para sus promotores la meta se presentaba cuesta arriba en medio de los peores picos de la pandemia de Covid-19, con la movilidad social preventivamente restringida sin espacio para un democrático debate en la sociedad, ni tampoco suficiente tiempo con vistas al indispensable análisis legislativo.

A pesar de todos estos inconvenientes la campaña por las rúbricas ciudadanas caló y sus recolectores, sin descuidar protocolos sanitarios, se movilizaron a las salidas de centros de trabajos, en esquinas, ferias comerciales y puerta a puerta.

Paso a paso, la Comisión Pro referendo proyectó en febrero la obtención de 100 mil firmas, en marzo se contaron las primeras 250 mil 720, en mayo se tenía ya 445 mil 526 y en junio 572 mil 551.

Fue así que en fecha tope, la Corte Electoral recibió casi 800 mil adhesiones, festejado como victoriosa “patriada”  de la perseverancia popular y recibido como inesperado e incómodo resultado por el oficialismo.

A esa altura se proyectó una inminente una cita a las urnas, indeseada por la coalición derechista, que la compulsó a un debate sobre el contenido de la LUC rehuido, pero reclamado por el Frente amplio y la central sindical Pit-Cnt.

Ejes críticos

Entre los ejes críticos resaltaron la introducción de medidas represivas y saturación de cárceles en el capítulo de seguridad, la supresión de la participación de docentes en la política educacional, desalojos expresos por retrasos en pagos de alquiler y limitación al derecho al paro sindical reivindicativo.

Ante un eventual resultado adverso en la consulta, el gobierno congeló la aplicación de contenidos de reconocida impopularidad, sea el aumento mensual de precios de combustibles o enviar al parlamento la propuesta de reforma de la seguridad social, de extensión de años para jubilarse y reducciones de montos.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el presente año, el Frente Amplio y Pit-Cnt reclamaron en vano un apoyo temporal a más de 300 mil uruguayos que perdieron sus fuentes de trabajo y criticaron una política financiera para “privilegiar ante todo el resultado fiscal”.

Esto último se reflejó durante el debate parlamentario en torno a la Rendición de Cuentas presupuestal, caracterizado por drásticos recortes salariales y en gastos sociales, impugnados por la bancada opositora.

Distintas gremiales lo protestaron mediante paros de 24 horas y marchas hasta el Parlamento Legislativo y ante la casa de gobierno en la Plaza de la Independencia, y en sus reclamaciones defendieron las empresas públicas de amenazas de privatización.

Al entrar en su segundo año el gobierno encabezado por Luis Lacalle, el movimiento sindical priorizó la generación de empleo ante la presencia de 60 mil desocupados nuevos y 100 mil personas por debajo de la línea de la pobreza.

En junio la central obrera realizó un paro nacional de 24 horas contra el hambre, desigualdad, por la vida, salario y trabajo con un contundente acatamiento, lo que repitió en septiembre por trabajo, salario, desarrollo nacional y en defensa de las empresas públicas.

Entre escándalos políticos y económicos

Mientras, la firma por el Ejecutivo del país de un acuerdo de concesión por 50 años del monopolio de la Terminal de contenedores a la multinacional Kaoten Natie, a espaldas del parlamento, adquirió categoría de escándalo económico y político.

Para la bancada senatorial frenteamplista que interpeló a quien en su momento como ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, negoció y rubricó lo pactado, se trató de “la mayor entrega de la soberanía nacional de la historia reciente”, por lo que sus integrantes presentaron una acusación formal ante la Fiscalía.

También la destitución del ministro de Turismo, Germán Cardoso, estuvo envuelto en violaciones de normas financieras en el ejercicio del cargo, que desembocaron en una comisión investigadora parlamentaria y denuncia de legisladores de la fuerza de izquierda ante la justicia.

En septiembre, el Frente Amplio celebró su VII Congreso Nacional con un fuerte acento autocrítico sobre causas y factores de su derrota electoral en 2019, y una proyección rectificadora hacia los comicios de 2024.

De ahí salió su militancia en declaración adoptada con la proa enfilada hacia la revocación en referendo de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y tres candidatos a la presidencia del FA a elegir, el sindicalista Fernando Pereira y previsible ganador, la exsenadora Ivonne Pasada y el diputado socialista Gonzalo Civila.

El 5 de noviembre la central sindical única uruguaya realizó su XIV Congreso Nacional bajo la divisa de Una Clase, Una perspectiva, y por unidad, solidaridad y lucha.

Reconocido protagonista de las últimas 6 décadas de la vida de la nación, condujo las principales reivindicaciones por seguridad en el empleo, contra despidos injustos, negociaciones por convenios salariales más equitativos y demás derechos laborales.

Hugo Rius / Prensa Latina

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