Los llamados autos chocolate, conocidos así por ser introducidos de Estados Unidos irregularmente y no contar con documentación legal en México, ya podrán iniciar con su trámite para regularizarse, informó esta mañana Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de dar seguridad y certeza a las familias que poseen estos vehículos.
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Velázquez señaló que el primer mandatario “es un hombre que se ocupa de la necesidad de la gente y que todos los días, desde muy temprano, atiende temas de seguridad con su gabinete. Este contexto es el que nos permite saber que muchas veces los autos sin matrícula, de procedencia extranjera, son utilizados por grupos criminales para cometer perjuicios en contra la sociedad”.
Actualmente, se tiene el registro de 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, “muchos de los cuales impactan en la inseguridad, ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular”, explicó la secretaria de Seguridad. Ejemplificó que en Baja California hay 500 mil vehículos irregulares y, según datos del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, fueron puestos a disposición 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados.
También en Chihuahua, circulan más de 119 mil 500 vehículos en estas condiciones, “lo que genera condiciones propicias para la impunidad en caso de ser usados para cometer un delito. Además, el 80 por ciento de los homicidios dolosos que se registran en esta entidad se encuentran relacionados con autos irregulares”… La realidad es que este tipo de unidades circulan en nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todos, sacarlos del anonimato”, destacó la funcionaria.
Este programa se llevará a cabo en Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur, se suman Durango, Michoacán, y Nayarit, será para autos con antigüedad de más de cinco años, y con el propósito de brindar certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a la población.
Los recursos que obtendrán por este trámite, con un costo de 2 mil 500 pesos por unidad, serán empleados para la reparación de baches en esas mismas unidades. El trabajo será coordinado por las secretarias de Gobernación, Hacienda, Economía, Seguridad Pública, así como por el Sistema de Administración Tributaria y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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