Luego del acuerdo alcanzado con la Secretaría de Gobernación para transformar Calica en un bioparque, se espera que la estadunidense Vulcan Materials se desista de la demanda en tribunales internacionales contra México, bajo el alegato de violaciones al Tratado de Libre Comercio. En septiembre de 2018 –aún en el gobierno de Peña Nieto–, la empresa notificó a la Secretaría de Economía su intención de someter a arbitraje al país, conforme al capítulo 11 del TLCAN, luego de que la Profepa canceló sus operaciones en la mina de material pétreo en Quintana Roo

Con el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación y Vulcan Materials Company para transformar la mina Calizas Industriales del Carmen, SA de CV (Calica, ahora denominada Sac-Tun) en un parque recreativo ambiental, se espera que la empresa de origen estadunidense se desista de la reclamación a arbitraje, de conformidad con el capítulo 11 del TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte], en contra de México por la cancelación de sus operaciones de extracción de material pétreo en Quintana Roo.

La notificación de la demanda en tribunales internacionales la recibió la Secretaría de Economía el 3 de septiembre de 2018. Los abogados defensores de Calica fueron los despachos Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez –fundado por Luis J Creel Lujan tío del panista Santiago Creel Miranda– y Covington & Burling, Llp.

El capítulo 11 del TLCAN –entonces vigente– estaba dedicado a la “Inversión”, y en éste se señalaba que “una parte tiene el derecho de desempeñar exclusivamente las actividades económicas señaladas en el Anexo III, y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en tales actividades. Este capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una parte en la medida en que estén comprendidas en el capítulo 14, ‘Servicios financieros’.

Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de ‘impedir a una parte prestar servicios o llevar a cabo funciones tales como la ejecución y aplicación de las leyes’”.

La notificación se dio luego de que ese mismo año, 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró indefinidamente las operaciones de Calica en los predios de El Corchalito, en Quintana Roo. La autoridad también inició un procedimiento para imponer sanciones a la minera por “presuntas violaciones a la autorización de impacto ambiental (AIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que podrían resultar en la revocación de dicha autorización”. Profepa alegaba que Calica había excedido la cantidad permitida de extracción de piedra caliza bajo la AIA.

Los estragos de la minera en la zona aledaña al tramo 5 del Tren Maya fueron evidenciados públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 3 de abril, mediante un video en el que se observa la zona afectada por la mina de Vulcan Materials. Las imágenes dieron cuenta de la devastación  que provocó la constructora de carreteras estadunidense.

El Acuerdo

Aunque la mina de la empresa estadunidense minó una región importante de Playa del Carmen –pues acabó con los mangles de la zona y, en consecuencia, derribó parte de la barrera protectora contra las condiciones climáticas extremas–, ningún ambientalista se había pronunciado públicamente en contra.

En reiteradas ocasiones, el propio presidente López Obrador ha criticado a los activistas que se oponen al tramo 5 del Tren Maya por guardar silencio en torno a la devastación de Calica. Incluso durante su alocución de este viernes 22 de abril, el primer mandatario reiteró su administración tomó “la decisión de detener la destrucción de Calica, que tienen más de dos mil hectáreas y estaban usando desde los tiempos de Zedillo y de la señora [Julia] Carabias [exsecretaria del Medio Ambiente] como banco de material toda esa área para llevarse la grava a construir caminos en Estados Unidos, una gran destrucción”.

En esa misma conferencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló que la mina Calica –ahora denominada Sac-Tun– será un parque recreativo ambiental. Tal como sugirió en reiteradas ocasiones el presidente a Vulcan Materials Company, para que cambiara el giro o accediera a vender los terrenos a su gobierno. El acuerdo se alcanzó ayer e incluyó la petición de la empresa de que se construya una estación del Tren Maya a la altura de ese lugar.

López Hernández indicó que sostuvo una reunión con el representante de Vulcan Materials Company el día de ayer, 21 de abril, y “ya aceptó la propuesta: [Calica] va a ser un parque natural. La Semarnat [Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales] entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad”.

López Hernández agregó que entre los acuerdos alcanzados, el gobierno aceptó que el material pétreo que Vulcan –empresa líder en producción de agregados pétreos en Estados Unidos– ya había extraído de la zona afectada sí podrá ser exportado al vecino país del norte. “Se les dio un permiso por parte del área de Aduanas, [que encabeza] Horacio Duarte, se les dio un permiso, primero por dos meses que se va a aumentar en términos de ley hasta tres años”.

También se estableció que se van a hacer trabajos de ampliación en el puerto “para que sea una especie de puerto de cruceros y habrá un área, una administración portuaria, que tendrá la Secretaría de Marina”.

Adicionalmente, expuso el secretario, “se acordó que el día de hoy habrá una inspección de los ingenieros militares para determinar si el material que ellos tienen puede ser utilizado en la construcción de las obras del Tren Maya y eso no se ha determinado todavía. Piden ellos la posibilidad de que haya una estación del Tren Maya y se comprometen a donar una parte del terreno para que se pudiese construir ahí”.

López Hernández finalizó diciendo que “el desarrollo en una primera etapa abarca un predio de 400 hectáreas y todas las demás van a quedar como un área de reserva natural”.

La notificación de demanda contra México exponía que desde noviembre de 2001, Quintana Roo emitió el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (POET de 2001) que permitía actividades extractivas en hasta el 80 por ciento de los terrenos denominados El Corchalito y La Adelita. Bajo ese programa, eran los “únicos terrenos en esa región que contaban con uso de suelo para actividades extractivas”.

La devastación

Cecilia Elizondo, doctora por en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico por el Instituto Politécnico Nacional, explica a Contralínea que Calica se estableció a mediados de la década de 1980, atraída por la calidad de la piedra caliza que hay en la zona. El material se iba directamente a Estados Unidos, aunque hubo mucho que se quedó en toda la zona de Quintana Roo.

Para la otrora responsable del Jardín Botánico “Doctor Alfredo Barrera Marín” 2006-2016, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo, es increíble que un proyecto así se haya aprobado y que haya funcionado durante tantos años, porque en el fondo estás trasladando tu suelo a otro país. “Vas dejando huecos enormes en el territorio nacional y se va perdiendo [espacio territorial]”.

La investigadora indica que se perdieron manglares y duna. “Si uno ve las imágenes de Calica, está en el área de Playa del Carmen a un costado de lo que es Xcaret, una zona donde ha sido muy difícil entrar a hacer investigación. Ahora se ha hecho más público, pero se debe saber que para poder hacer extracción de material pétreo en esta zona es necesario quitar manglar, toda la selva para poder acceder a la roca caliza”, expone la doctora.

El daño ambiental es muy grande, comenta. Ejemplifica que es como si tuvieras en el fondo de tu casa un jardín y que alguien hiciera un hueco para llevarse la tierra, y se lleve las rocas que encuentre abajo. “Aquí no sucede de manera natural, sino que una empresa se lo lleva y esa empresa vende ese material”, acusa.

Toda la costa de Quintana Roo ha perdido muchas áreas de manglar debido a todo el desarrollo de la zona, dice. Hay alta biodiversidad, las pérdidas han sido de los cuatro tipos de manglar: el Blanco, Negro, Rojo y Botoncillo, expone. Estos sirven de refugio contra las condiciones climáticas extremas y de hogar de numerosas especies, como crustáceos, mamíferos y aves, explica.

El contendiente

La notificación de la demanda en tribunales internacionales que recibió la Secretaría de Economía el 3 de septiembre de 2018 no sólo estaba impulsada por Calica, sino también por Legacy Vulcan, filial de Vulcan Materials Company. Este es el mayor productor en Estados Unidos de materiales pétreos para la construcción, principalmente “piedra triturada, arena y grava, y un importante productor de materiales de construcción a base de pétreos, entre ellos, asfalto y concreto premezclado”.

El documento legal presentado por los despachos Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez y Covington & Burling indicaba que Legacy Vulcan es una sociedad constituida y legalmente existente de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos. Como tal, “es un inversionista de una parte del TLCAN de acuerdo con su Artículo 1139”.

Agregaba que la empresa mantenía en 2018 varias inversiones en México a través de diferentes filiales. El origen de sus inversiones en este país se remonta a la década de 1980, cuando, junto con su entonces socio Grupo ICA, “constituyó a Calica de conformidad con las leyes de México para llevar a cabo un importante proyecto de extracción de piedra caliza y otros materiales pétreos para su exportación a los Estados Unidos”.

En 2001, Legacy Vulcan adquirió la participación del Grupo ICA en el proyecto. Como resultado de esta transacción, Legacy Vulcan se hizo propietario único de Calica y de los bienes relacionados con el proyecto en México. Su domicilio legal se encuentra en km 282.6 de la carretera federal Chetumal-Cancún sin número. Ahora, con el acuerdo alcanzado entre Vulcan Materials y Gobernación se espera que se desistan de este recurso internacional.

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