Como parte de la resistencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a su propia transformación se ha desatado una campaña de ataques y mentiras, se desoye la voz del pueblo que exige democratizar a la institución, e incluso se ha ocultado una encuesta en la que la mayoría pide que se reduzcan los gastos, incluidos los de las y los consejeros electorales, consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un comunicado, la CNDH también desmintió que su Recomendación General 46/2022 invada la esfera de competencia del INE, “pues no hace referencia a procesos electorales específicos, sino a temas de administración y política pública, y antes bien promueve su fortalecimiento mediante la afirmación de su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y de su identificación y empatía con el pueblo de México”.
El organismo autónomo indicó que “tras el cúmulo de ataques y mentiras vertidos en los últimos días en contra de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, es importante precisar su extrañamiento, “en primer lugar, frente a la postura del Instituto Nacional Electoral que, desoyendo la voz del pueblo –que él mismo recogió en una encuesta que ha tratado de esconder– se resiste a su transformación”.
Asimismo, expuso que la Constitución limita su actuación sólo respecto de los asuntos electorales, pero la Recomendación General 46/2022 cumple totalmente con el mandato otorgado por el artículo 102 Fracción B, ya que “no aborda la materia electoral, no se inmiscuye en las funciones del INE ni pretende rectificar sus decisiones. Lo que pretende es incidir en una transformación del sistema democrático, para fortalecer sus instituciones”.
La CNDH añadió que “al evocar el uso faccioso de los órganos electorales del Estado en las elecciones de 1952, por supuesto no pretende corregir su resultado, lo hace con el objeto de brindar herramientas que permitan a las autoridades a las que se dirige, establecer de manera diligente todas aquellas medidas necesarias para la implementación de políticas públicas de progresividad referente al derecho a la democracia, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a la protesta social, así como a los derechos de memoria y de verdad, con relación a las graves violaciones a derechos humanos derivadas de la práctica sistemática de la violencia política ejercida por el Estado en México, durante el periodo 1951-1965, con miras a garantizar su no repetición”.
Acerca del contenido de la recomendación en el apartado dedicado al derecho a la democracia, aclaró que se señala que “de la revisión al marco nacional citado (los antecedentes de la CFE y del IFE) puede concluirse, además, lo viciado que ha resultado el aparentemente novedoso sistema de la ‘heterocalificación’ introducida en la legislación de la década de 1990, toda vez que a la consigna del presidente de la República en turno le siguió un acuerdo entre poderes fácticos, tan o más cerrado que el anterior de ‘autocalificación’, que ni de lejos ha podido superar la apariencia democrática de nuestro régimen político y muy por el contrario, ha sido el fermento de procesos de dudosa legitimidad, como los de 2006 y 2012, y todavía en la actualidad parece más un freno a la participación ciudadana plena, que su promotor y protector.
“Cuando se habla de poderes fácticos se hace referencia a la alianza de intereses políticos, económicos e incluso religiosos que se crearon en el régimen del partido hegemónico, que lo sostuvieron por espacio de 70 años, y que persisten a la fecha, con el empeño, que los mantiene unidos, de defender el sistema de simulación que impidió por todos esos años no sólo el libre ejercicio de los derechos políticos, sino también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
“La verdad es que México no ha tenido a la fecha la reforma político-electoral que es un reclamo desde hace muchos años, una de las demandas del movimiento henriquista en los años 50, que garantice unas elecciones libres, auténticas y periódicas, como mandata nuestra Constitución, y como establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos (desde 1948), la Carta de la Organización de Estados Americanos (también desde 1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (desde 1969), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (desde 1976), la Carta Democrática Interamericana (desde 2001), así como varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU, entre otros instrumentos internacionales.”
Específicamente del INE, se apuntó que la recomendación de la CNDH es:
“1. Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.
“2. Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.
“3. Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.”
Por ello, la Comisión consideró “preocupante que esto les parezca ofensivo y moleste. Nuestro extrañamiento, mayor, por lo que han dicho algunos senadores con claros fines inhibitorios, respecto a que en lugar de discutir la reforma electoral deberíamos ‘centrarnos’ en la defensa de las garantías individuales, porque denota un profundo desconocimiento de los derechos humanos –uno de los cuales es el derecho a la democracia–, pero también de nuestras funciones, que cumplimos a cabalidad, y con creces, en comparación con lo que acaecía en el pasado. Hoy, bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, en efecto tenemos mucho trabajo, por eso se emiten el mayor número de recomendaciones de toda la historia de la CNDH, y también de acciones de inconstitucionalidad. Nunca como ahora la CNDH ha trabajado tanto, con menos recursos (de hecho operamos este año con menos presupuesto del que se tenía en 2017) porque hemos eliminado todos los gastos superfluos, desde luego los sobresueldos por encima del Presidente de la República y las prestaciones y los bonos millonarios para los altos mandos, y lo más importante, que todo lo que hacemos es privilegiando el interés de las víctimas”.
Asimismo, la Comisión emitió un extrañamiento dirigido a las y los siete consejeros electorales –encabezados por Lorenzo Córdova– “que emitieron un comunicado descalificatorio, que es la repetición de las consabidas consignas de los partidos pero una contradicción de su propia actuación. La legitimidad no la da o la quita un comunicado, sino los propios actos, la congruencia mostrada y la solidez de los argumentos, y en este caso, los argumentos se caen frente a los hechos”.
Al respecto, citó el acta de la sesión ordinaria 405 del 25 de abril de 2022, publicada en su página institucional, “donde se analizó y discutió ampliamente, por todas y todos los consejeros, el contenido de la Recomendación General 46/2022, que por cierto recibieron cada uno de ellos con 15 días de anticipación, como señala nuestro Reglamento, para su lectura y análisis, previo a la sesión en la cual la aprobaron en todos sus términos, POR UNANIMIDAD. ¿No se percataron de lo que ellos mismos revisaron y aprobaron? ¿O alguien los hizo cambiar de opinión? Porque hay que decir, además, que antes del último comunicado, que tanta preocupación dicen les infunde y reprueban, se publicaron hasta dos comunicados respecto al contenido de la recomendación general, el primero el 7 de abril con motivo de la publicación del Informe Especial que dio sustento a la recomendación, y otro el 1 de mayo a raíz de su emisión, el cual contiene casi los mismos elementos del comunicado de domingo pasado, documentos que, además de poderse consultar en nuestra página institucional, puntualmente se les envía a las y los consejeros”.
En ese contexto, la CNDH señaló que “no puede dejar de expresar su preocupación por la interpretación de normas realizada tanto por legisladores como por algunos de los consejeros, toda vez que si no es por ignorancia, lo que sería grave, tendría que ser con toda mala fe, lo que es peor, porque pone en grave riesgo institucional a esta Comisión. En relación a este diferendo, esta Comisión Nacional considera que, como país regido por leyes y además respetuoso y garante de la normativa internacional, no podemos callar ante tan preocupante actuación que, además de poner en evidencia los intereses que se juegan con motivo de la reforma electoral, denota extralimitación en la actuación, por un lado, del INE, de algunos grupos parlamentarios partidistas y de varios partidos políticos, pero también y sobre todo de las y los consejeros, entre cuyas atribuciones no se encuentra ser parte de la intromisión injustificada que estamos viendo en la actuación de un órgano autónomo, como es la CNDH, a la que sin recato alguno se amenaza, por parte de unos, con amordazarla o, por lo menos, con eliminar a su titular ‘como castigo’. Y por los consejeros, con estarle saboteando cada paso o cada decisión tomada en el marco de su propia legalidad interna”.
Finalmente, alertó “sobre los intentos de partidos políticos y de grupos parlamentarios para acallar a la CNDH y desviar su trayectoria. Y nos defenderemos, ante las instancias nacionales, pero también internacionales, porque el asedio está llegando a límites que ponen en peligro la autonomía y la misión constitucional de esta Comisión, y es nuestro deber preservarla de la politiquería para que siga afirmándose y fortaleciendo como la defensoría del pueblo que estamos empeñados que sea. La CNDH, y menos su presidenta, no hacen “interpretaciones políticas”, lo que hacemos y estamos obligados a hacer es el seguimiento de la Recomendación 46/2022, y lo seguiremos haciendo, que no quepa duda, por lo que ojalá a él se sumen autoridades y representantes, en especial las y los legisladores que tienen en sus manos actuar sobre su cumplimiento”.
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