Al estilo de la omertà, Genaro García Luna ha guardado silencio sobre la red de cómplices que permitió que en México operara un Estado criminal dentro del Estado. Entre los compinches del exsecretario de Seguridad Pública está su propio jefe –el expresidente Felipe Calderón Hinojosa– y cabeza de la estructura delictiva que usó la principal política pública (la “guerra”) para posicionar a una organización criminal. Declarado culpable en una Corte federal de Brooklyn por pertenecer al Cártel de Sinaloa y conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, la mano derecha de Calderón también contó con la complicidad por acción u omisión de más de una veintena de secretarios de Estado –entre los que destacan: Guillermo Galván, Fernando Gómez-Mont, Salvador Vega Casillas–; además, de los titulares de la PGR –Medina Mora, Marisela Morales, Arturo Chávez–, del Cisen –especialmente Guillermo Valdés–, la UIF, el SAT, la Consejería Jurídica de la Presidencia y otros altos funcionarios del sexenio calderonista. Todos ellos, bajo la mira de las autoridades mexicanas y estadunidenses
El político de ultraderecha y expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó la estructura que permitió que en México operara un Estado criminal dentro del Estado, capaz de usar la principal política pública del gobierno entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 –la supuesta “guerra” contra el narcotráfico– para posicionar al Cártel de Sinaloa.
En la Presidencia de la República, específicamente en Los Pinos, inició la cadena de complicidades que hicieron posible una alianza abierta entre el grupo criminal que lideraba Joaquín el Chapo Guzmán y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de acuerdo con todas las evidencias presentadas por el gobierno de Estados Unidos en el juicio que se le siguió en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, y en el que un jurado de 12 ciudadanos lo encontró culpable, el pasado 21 de febrero, de los cinco delitos imputados, entre ellos pertenecer a la empresa criminal de forma continuada.
Además de lo revelado en el juicio, están las evidencias en México que apuntan a que la corrupción llegó hasta la silla presidencial. Entre las pruebas destacan, sobre todo, los testimonios de exfuncionarios del propio gabinete que advirtieron directamente a Calderón del nexo entre García Luna y el Cártel de Sinaloa (como el exsecretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña; el general Tomás Ángeles Dauahare; y el excomisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles), y a quienes el expresidente prefirió correrlos o encarcelarlos en vez de destituir e investigar a su mano derecha. Asimismo, están los hechos: más allá de la expansión territorial del Cártel de Sinaloa en México y su predominio en la venta de drogas ilegales en Estados Unidos y la Unión Europea, sobresale el hecho de que el Chapo Guzmán y su socio Ismael Zambada García gozaron de plena libertad e impunidad para operar a su antojo, a pesar de que el primero de ellos estaba fichado como el hombre más buscado del mundo en aquel momento.
La red de cómplices
Al estilo de la omertà –como se conoce al pacto de silencio de la mafia siciliana–, García Luna rechazó convertirse en testigo cooperante del gobierno estadunidense y con ello cargó con la culpabilidad por los nexos del gobierno calderonista con el crimen organizado. Es más, ni siquiera se arriesgó a caer en contradicción o abiertamente mentir ante la Corte que encabeza el juez Brian Cogan: declinó su derecho a declarar durante el juicio, con lo que tácitamente admitió los delitos.
Al menos por ahora, con su silencio evitó que todos los implicados del gobierno de Felipe Calderón –empezando por su jefe– fueran citados ante la justicia no sólo de Estados Unidos, sino también de México. Sin embargo, la red de cómplices –responsable de haber entregado las instituciones públicas a los intereses del Cártel de Sinaloa, por acción u omisión– que encabezó Calderón se encuentra actualmente bajo la mira de las autoridades de ambos países, pues como se explicó en el propio juicio contra García Luna, la conspiración para traficar cocaína implicó a muchas más autoridades del gobierno mexicano en el periodo de 2006 a 2012, incluido el expresidente.
Además de Calderón, entre los compinches del exsecretario de Seguridad Pública también se encuentran más de 20 exsecretarios de Estado de aquel sexenio; además, quienes fueron titulares de la Procuraduría General de la República, del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Consejería Jurídica de la Presidencia, entre otros altos funcionarios en el sexenio calderonista, todos sujetos a investigación por sus responsabilidades en esta trama de corrupción al más alto nivel gubernamental.
En primer término estarían implicados por acción u omisión los integrantes del gabinete de seguridad:
-General Guillermo Galván Galván, quien fue secretario de la Defensa Nacional y tuvo control de la Sección Segunda encargada de la inteligencia militar, misma que en aquel sexenio se hizo de la plataforma Pegasus, considerado el malware más avanzado a nivel mundial para el espionaje y con el que supuestamente combatían el narcotráfico.
-Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina y quien estuvo al mando del área de inteligencia naval. Además, este exfuncionario ya fallecido tuvo estrecho contacto con las autoridades estadunidenses a lo largo del sexenio, y la institución que encabezó fue responsable de la ejecución extrajudicial del Jefe de Jefes, Arturo Beltrán Leyva, el 16 de diciembre de 2009 y cuyo cuerpo fue profanado por los marinos, en el contexto del rompimiento del Cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán Leyva.
-Francisco Ramírez Acuña (quien supuestamente sí habría hablado con Calderón de los nexos de García Luna con el crimen organizado), Juan Camilo Mouriño (fallecido), Fernando Gómez-Mont, Francisco Blake Mora (fallecido) y Alejandro Poiré, secretarios de Gobernación en aquel sexenio, y quienes tenían entre sus funciones garantizar la seguridad interior, participar en la política pública de la “guerra”, coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública para la operación de la Plataforma México, e incluso hacer inteligencia civil a través del Cisen. De esta última institución, otros responsables son: Guillermo Valdés Castellanos (quien ha defendido públicamente a García Luna), Alejandro Poiré Romero y Jaime Domingo López Buitrón (socio del exsecretario de Seguridad Pública en empresas de seguridad), directores generales del Centro y quienes debieron indagar hasta dónde llegaba la corrupción gubernamental relacionada con el crimen organizado.
–Eduardo Medina Mora, Marisela Morales y Arturo Chávez Chávez, quienes en aquel sexenio se desempeñaron como procuradores generales de la República, y eran responsables de ejecutar operativos de combate al narcotráfico –como detección y quema de plantíos–, además de desarrollar indagatorias en torno a cada una de las organizaciones criminales que operan en México y sus nexos con políticos y servidores públicos, además de estar ligados a decisiones relevantes de carácter binacional, como lo fue el operativo Rápido y Furioso que convalidó en su momento Medina Mora.
-Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos, quienes fueron secretarios de la Función Pública y estaban encargados de fiscalizar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos, incluido Genaro García Luna. Además, entre sus funciones estaba la de detectar actos de corrupción en las dependencias públicas, como el peculado por más de 745 millones de dólares en el que incurrió el exsecretario de Seguridad Pública, al obtener ilegalmente contratos con el propio gobierno federal a través de sus empresas Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; y GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
–Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade (excandidato presidencial por el PRI), secretarios de Hacienda y Crédito Público en el calderonismo. Éstos le autorizaron recursos a García Luna para la compra de sistemas de espionaje. Además, estaban al mando de dos instituciones que generan inteligencia civil para evitar actos corruptos: la UIF y el SAT. La primera se concentra sobre todo en operaciones relevantes, preocupantes y sospechosas en el sistema financiero y actividades vulnerables, por lo que su principal objetivo es evitar el lavado de dinero y fiscalizar a toda persona políticamente expuesta, es decir, desde Calderón hasta todos sus subalternos. La segunda institución, el SAT, está encaminada no sólo a recaudar impuestos sino también a evitar negocios ilícitos de particulares (por ejemplo las factureras y nomineras), de particulares con gobierno (fraudes financieros) y del propio gobierno. Por ello se derivan responsabilidades para Luis Urrutia Corral y José Alberto Balbuena Balbuena, que se desempeñaron como directores de la UIF; y José María Zubiría Maqueo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (actual ministro de la SCJN), quienes fueron titulares del SAT.
-Patricia Espinosa Castellanos, secretaria de Relaciones Exteriores. La exfuncionaria estuvo al frente de las negociaciones con Estados Unidos y la cooperación con el país vecino para la llamada Iniciativa Mérida (financiamiento estadunidense a la “guerra” de Calderón). En ese contexto, la SRE es clave para la relación y operatividad de las agencias estadunidenses en el país (DEA, CIA, FBI, ATF) y para operativos como el Rápido y Furioso, que en 2009 proveyó 2 mil 500 armas de alto calibre al Cártel de Sinaloa.
Otros que tienen responsabilidad en este macro caso de corrupción son los más cercanos a Felipe Calderón, que operaron directamente en Los Pinos y tenían contacto frecuente con García Luna, mano derecha de su jefe. Entre sus funciones se encontraba la de revisar la legalidad de cada una de las acciones del presidente y su gobierno; llevar la agenda del entonces primer mandatario; coordinar trabajos con el gabinete legal y ampliado; realizar análisis sobre los resultados de las políticas públicas del gobierno federal, en especial la de la “guerra”; monitorear toda la información periodística –tanto favorable como crítica a la administración; tratar [o en muchos casos corromper] a la prensa. En ese grupo compacto estaban:
-Miguel Alessio Robles Landa, consejero jurídico de la Presidencia de la República.
-Juan Camilo Mouriño, Gerardo Ruiz Mateos y Patricia Flores Elizondo, titulares de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.
-Alejandra Sota Mirafuentes, coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental.
-Dionisio Pérez-Jácome, coordinador de asesores de la Presidencia.
-Patricia Flores Elizondo, coordinadora general de Administración.
-César Nava Vázquez, Luis Felipe Bravo Mena y Roberto Gil Zuarth, secretarios particulares del presidente.
-Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota, coordinadores de comunicación social.
Todos ellos deberían ser citados en México como parte de la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Cada uno de ellos puede aportar información valiosa a la averiguación previa y, sobre todo, explicar por qué no denunció en su momento la corrupción de Calderón y García Luna, así como dar detalles de su papel en esta trama de corrupción al más alto nivel, que permitió la creación de un Estado criminal dentro del Estado en beneficio del Cártel de Sinaloa.
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