El 3 de julio pasado, dos juzgadores dejaron en libertad a un par de presuntos secuestradores al modificar la medida de prisión preventiva oficiosa por la presentación periódica mensual, denunció el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública. Ello, dijo, a pesar del riesgo que corren las víctimas y los testigos, así como la población en general.
“En el caso de jueces que favorecen a delincuentes, en este periodo [del 1 al 14 de julio] tenemos a los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, esto en Puebla, [quienes] cambiaron medidas cautelares a dos secuestradores”. Al respecto, el funcionario explicó que los hechos delictivos ocurrieron el 23 de enero de 2018, “cuando una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla por los dos imputados: Diego ‘N’ y Juan Carlos ‘N’. Tres días después la víctima es rescatada en un motel, y los dos presuntos secuestradores son detenidos; se les formula la imputación y se les impone prisión preventiva oficiosa”.
En el reporte quincenal de seguridad que se rinde en la conferencia presidencial, Rodríguez Bucio agregó que para febrero de ese año, los presuntos delincuentes fueron “vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se les ratifica la medida cautelar. Pasa casi un año, la Fiscalía de Puebla formula la acusación; sin embargo, los reiterados cambios de defensores y también prórrogas pedidas por la defensa, la audiencia intermedia no ha podido llevarse a cabo”.
El subsecretario indicó que tras casi 5 años de proceso, la defensa de los presuntos secuestradores promovió “un amparo para la revisión de las medidas cautelares, mismo que fue otorgado por el juez Primero de Distrito en Materia Penal, en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Por ello, el 3 de julio se lleva a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el juez de Control de la Región Judicial del Centro del Poder Judicial de Puebla. En esa audiencia, el juez Francisco Javier Martínez Castillo –sin considerar que las prórrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada, ni el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad– resolvió con libertad de jurisdicción cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores e imponer nuevas medidas como la presentación periódica mensual”.
Para el funcionario federal, se trata de “un caso en el que, de manera atípica, se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores, cuando la pena por este delito va de los 40 a los 100 años de prisión”.
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