Diputados de oposición solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar las reformas a la ley de Aguas Nacionales y la ley general para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua, ahora denominada ley Minera. Fueron efectuadas el 8 de mayo de 2023.
A través de un comunicado, el Gobierno Federal cuestionó las acciones de los legisladores de oposición. Señaló que “se estaría manteniendo una situación injusta que sólo favorece a unos cuantos grupos de interés privado que se niegan a asumir su responsabilidad social”.
“El decreto impugnado permite recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación. La pretensión de invalidar esta reforma sólo responde a los intereses económicos privados y no al beneficio colectivo de las comunidades”.
Con la ley Minera, el Estado tiene la facultad de otorgar, supervisar y regular las concesiones mineras y de agua para uso industrial. Ello, con el objetivo de garantizar la protección de los recursos naturales y los derechos a un medio ambiente sano, a la salud y al agua.
Las reformas a la ley Minera protegen a las poblaciones indígenas mediante la promoción de consultas y el pago a las comunidades por el uso de las tierras y aguas.
Por último, el Gobierno Federal reiteró que “los diputados de oposición se niegan a reconocer que el Estado mexicano cuenta con capacidad técnica y científica para la exploración de minerales”.
La importancia de la industria minera está relacionada a la posición de México a nivel mundial en producción de minerales. Actualmente se explotan 30 minerales en nuestro país, siendo la plata el metal de mayor relevancia.
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