Al pensar una política pública de economía solidaria con carácter popular-comunitario, para el sexenio 2024-2030, es importante señalar que no es –y nunca ha sido– sencillo para los gobiernos progresistas formular, implementar y evaluar políticas públicas, especialmente cuando están relacionadas con temas históricamente vinculados a las luchas de los movimientos populares.
Este desafío se presenta por varias razones, y destacaré dos de ellas: en primer lugar, una de las “reglas generales” en la relación entre movimientos populares y gobiernos progresistas sugiere que estos últimos llegan al poder con el respaldo de los movimientos. Esto implica, por un lado, un alto grado de cercanía entre ambas partes y, por otro lado, la creación de grandes expectativas por parte de los movimientos hacia las políticas públicas que el gobierno implementará. Sin embargo, aquí surge el segundo motivo antes señalado: una vez en el gobierno, los políticos electos con el respaldo de los movimientos se encuentran ante una institucionalidad que históricamente fue diseñada para atender las demandas de las clases dominantes, es decir, una institucionalidad que generalmente no opera para “el bien de todos”, sino para el bien de los más privilegiados.
Este diagnóstico es crucial porque, muchas veces, aunque los gobiernos progresistas lo intenten, no pueden cambiar las estructuras institucionales existentes, a menos que la correlación de fuerzas entre la sociedad civil y la sociedad política –en términos gramscianos– lo permita; pero ésta no suele ser la ecuación más común en América Latina.
La importancia de lo anterior se intensifica cuando las políticas públicas se orientan hacia las demandas del movimiento de la economía solidaria mexicana. Esto se debe a que dentro del propio movimiento no existe un consenso sobre cómo deberían diseñarse dichas políticas y cuáles deberían ser sus objetivos. Por ejemplo, experiencias de agroecología, los tianguis/mercados alternativos, las cooperativas de vivienda y consumo, las monedas comunitarias, entre otras, muchas de ellas influidas por los ideales del movimiento zapatista de Chiapas han apostado por la autonomía y autogestión. Esta apuesta no implica una negación total del Estado y del gobierno en turno, sino más bien un estímulo a una relación crítica, incluso cuando el gobierno en cuestión es considerado coloquialmente como un “gobierno amigo”, como suelen ser catalogados los gobiernos progresistas en América Latina. En resumen, se trata de una idea más o menos expresada como “vamos bien con nuestra autonomía y autogestión, ¡simplemente no nos molesten!”
Sin embargo, hay otro conjunto de experiencias, especialmente las cooperativas de ahorro y préstamo, que entienden que la relación cercana con los “gobiernos amigos” es importante. Consideran que es a través de esta relación que se pueden construir políticas públicas que atiendan a las demandas del movimiento.
Por un lado, nos encontramos con un tipo de relación entre movimientos populares y gobiernos progresistas que es inherentemente compleja. Por otro lado, tenemos un movimiento específico, el movimiento de la economía solidaria mexicana, que carece de consenso sobre cómo debería relacionarse con el Estado y los gobiernos. Ante esta realidad, en México lo que se ofrece tanto a los movimientos populares como a la población en general, desde la institucionalidad histórica, es clientelismo, corporativismo y corrupción; la institucionalidad relacionada con la economía solidaria no es una excepción.
La atención institucional hacia la economía solidaria en el país se remonta a 1927, con la aprobación de la Ley Cooperativa durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. En 1933, durante el gobierno de Abelardo L Rodríguez, la ley experimentó pequeños ajustes. Sin embargo, fue en 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se realizaron ajustes profundos de carácter social y la ley pasó a llamarse Ley General de Sociedades Cooperativas. Después de varios años, en agosto de 1994, Carlos Salinas de Gortari transformó completamente la ley, alineándola con las demás políticas de su gobierno, es decir, convirtiéndola en una ley de corte neoliberal. Posteriormente, se aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001, y la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria en 2013.
En el contexto previamente mencionado, la Ley de 2013 fue la que transformó el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes), que operaba desde 1991 en el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes). Esta entidad, desde entonces, ha tenido la responsabilidad de formular, implementar y evaluar las políticas públicas destinadas a las experiencias de economía solidaria en México. Sin embargo, el Inaes no estaba aislado de la estructura institucional mexicana; es decir, se convirtió en parte de una institucionalidad clientelista, corporativista y potencialmente corrupta.
Hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al gobierno federal, en 2018, el Inaes se limitaba principalmente a asignar recursos públicos a fondo perdido a determinadas organizaciones; siempre las mismas. Con AMLO y su política de austeridad republicana, por un lado, la mencionada dinámica de asignación de recursos disminuyó, y, por otro lado, se implementó una política de alcance nacional que prometía mucho: los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (Nodess). Aunque en teoría los Nodess se presentan como una política pública que se debe celebrar, en la realidad no funcionó según lo esperado, principalmente debido a su enfoque universalista, la falta de personal calificado para su implementación y el presupuesto casi inexistente asignado al Inaes y a los Nodess.
Es a ese contexto que Claudia Sheinbaum –en caso de ser electa en las elecciones de junio– se enfrentará. Considero que las políticas públicas para la economía solidaria mexicana en el sexenio 2024-2030 solo podrán funcionar si se observan los siguientes puntos:
1. Por una política pública de carácter popular. Ausente en la institucionalidad mexicana hasta la fecha, será tarea de Sheinbaum construir instituciones participativas en las cuales la población, en este caso los sujetos y sujetas de las experiencias de economía solidaria, encuentre espacio para co-crear las políticas públicas en conjunto con el gobierno.
2. Por una política pública local y diversa. La diversidad cultural y territorial de México es una gran fortaleza; quizás la principal del país. En este sentido, es indispensable que “lo nacional” en relación con las políticas públicas de economía solidaria sea meramente coordinador. Cada estado, región y localidad en el país merece y necesita una política propia que considere sus particularidades. No es factible pensar en una política pública de corte universalista en un país tan rico en diversidad como México.
3. Por una política pública estratégica. Será necesario definir temas/áreas estratégicas y tratarlas con prioridad. Al menos, se deben considerar 1) la autonomía presupuestaria del Inaes, 2) la formación técnica y política, y 3) el campo/cultivo de alimentos. En el primer caso, es importante buscar la integración del Inaes a la Secretaría de Economía en lugar de la de Bienestar. Así, además de dejar de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar y pasar a la estructura de Economía, por un lado, las políticas públicas de economía solidaria podrán dejar de ser vistas como “políticas de los pobres” y. por el otro. una vez dentro de la estructura de Economía se podría conseguir presupuesto con mayor facilidad. En el segundo caso, se debe enfatizar la formación tanto de cuadros institucionales como de las poblaciones involucradas con las experiencias de economía solidaria, desde la dimensión técnica y política a la vez. En el tercer caso, se debe enfatizar el cultivo agroecológico de alimentos y la recuperación de formas tradicionales de cultivo, así como priorizar el cultivo del maíz nativo libre de agrotóxicos. La vinculación y colaboración con la academia son de suma importancia en los dos últimos puntos.
4. Por una política pública transitoria. Superar el carácter asistencialista y permanente de las políticas sociales de AMLO será una tarea crucial de Sheinbaum. Las políticas públicas –especialmente, las de economías solidarias– deben tener un carácter transitorio y emancipador, sirviendo como base y estímulo hacia la autonomía y autogestión de las experiencias, para que éstas no dependan del Estado a largo plazo; la política pública no puede generar dependencia económica.
5. Por una política pública anticolonial y antiextractivista. Reconocer quehaceres económicos milenarios implica reconocer el papel y peso de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos; de manera más amplia, de los pueblos campesindios como en su momento planteó Armando Bartra. Las políticas públicas de economía solidaria deben considerar de forma integrada a ambos públicos (los de la economía solidaria en sí y los pueblos/comunidades indígenas y campesinas), lo que exige observar también la relación humanidad-naturaleza, ya que afirmar y reproducir la vida es gestionar el trabajo y la relación con el ambiente a la vez. Sólo una mirada anticolonial y antiextractivista podrá conectar a México con las discusiones ya más avanzadas en otros países de América Latina sobre el Buen Vivir como sistema alternativo (anticolonial y antiextractivista) al desarrollo capitalista.
Gustavo M. de Oliveira*
*Profesor investigador titular del CIDE
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