Lejos del escrutinio público y a pesar de ser el órgano de la “transparencia”, el Inai ha ocultado sistemáticamente su propia corrupción. Casos de presunto nepotismo, extorsiones, viajes y gastos de representación injustificados, compras irregulares, e incluso lo que se conoce como aviadores (personal que cobra sin trabajar), quedan al descubierto en las recientes auditorías forenses practicadas por la ASF. Éstas descubren desde familias completas laborando en el Instituto Nacional de Transparencia –padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos–, hasta personal que tuvo que entregar a sus superiores entre el 10 y el 60 por ciento de su sueldo para no ser despedido. A esto se suman los hallazgos en el manejo presuntamente irregular de las tarjetas American Express en viajes y gastos de representación de todos los comisionados y comisionadas, así como las contrataciones de productos y servicios que representarían daños al erario nacional. En diciembre de 2023, la comisionada Julieta del Río señaló públicamente que ella misma tuvo que promover quejas ante el Órgano Interno de Control en contra de esas prácticas enquistadas. En 2023, el organismo autónomo costó al pueblo de México 1 mil 47 millones de pesos; para este 2024, su presupuesto asciende a 1 mil 97 millones, pero ante la propuesta presidencial de extinguirlo, la bandera desde sectores políticos como el PAN y algunas corporaciones mediáticas sigue siendo: “el Inai no se toca”

Nepotismo, extorsiones, viajes y gastos de representación injustificados, contratos y compras irregulares, e incluso aviadores (personal que cobra sin trabajar) forman parte de la serie de presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la cuenta pública 2022, revisión extendida a la cuenta de 2023.

Además, documenta que los siete comisionados –entre ellos, los cuatro que se mantienen vigentes– habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como en el manejo de la tarjeta corporativa American Express. Incluso se detectaron gastos personales, lo que podría implicar el delito de peculado, como se le denomina al desvío de dinero público, tal como adelantó Contralínea. No obstante, la fiscalización de la ASF no alcanzó a revisar casos como el que este semanario documentó, del uso del plástico por parte de uno de los comisionados –Óscar Guerra Ford– en 2014 en un table dance.

En el caso del presunto nepotismo, los informes de resultados –que se presentarán mañana ante la Cámara de Diputados y a los que este semanario tuvo acceso– revelan que familias completas se han enquistado en el Inai: padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos. Todo ello, bajo la supuesta anuencia de los integrantes del pleno, pues hasta la fecha el órgano autónomo no cuenta con filtros para evitarlo.

De acuerdo con los resultados de las auditorías forenses, se detectaron servidores públicos que laboran en el Instituto Nacional de Transparencia con lazos de parentesco, porque el organismo autónomo carece de mecanismos para identificar casos de presunto nepotismo y prevenir posibles conflictos de interés, previo a la contratación de los mismos.

Adicionalmente, los resultados documentan que a algunos funcionarios del Instituto se les solicitó entre el 10 por ciento y el 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal para continuar laborando. Estos hechos, señalan las auditorías, fueron referenciados desde 2018 y continuaron hasta 2023, sin que se tenga actualizado lo correspondiente a enero y lo que va de febrero de 2024.

De acuerdo con la ASF, los servidores públicos presuntamente extorsionados que se atrevieron a denunciar estos hechos ante comisionados y comisionadas, así como ante el Órgano Interno de Control, fueron indebidamente despedidos.

Al revisar el ámbito laboral, los auditores federales también tuvieron referencias de personal que no acude a laborar al Inai, pero que sí cobra quincenalmente por los supuestos servicios que presta. Esto configuraría lo que se conoce popularmente como aviadores, y que constituye una malversación de fondos públicos. Además, documentaron que en el ámbito administrativo se generó indebidamente una adecuación de perfiles de puesto para incorporar al personal que no cumplía con los requisitos originales.

Esto es que el organismo autónomo –que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y debería contribuir a erradicar este flagelo en el sector público– ni siquiera cuenta con estrategias ni herramientas para evitar que sus propios funcionarios incurran en hechos ilícitos o ilegítimos con el manejo de dinero público, con la asignación de cargos o incluso con la contratación de servicios y adquisición de bienes, problema que alcanza a las cabezas del Inai.

Bajo acusaciones de que el Inai es tapadera de la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en sus iniciativas de reformas constitucionales que esta institución –junto con otros organismos autónomos que privilegian a la iniciativa privada– desaparezca, y sus funciones sean asumidas por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Ello, porque cada año esa institución gasta más de 1 mil millones de pesos del dinero del pueblo. Tan sólo en 2023, su presupuesto ascendió a 1 mil 47 millones de pesos; y para este 2024, asciende a 1 mil 97 millones de pesos. Pese a la corrupción ahora documentada por la Auditoría Superior, sectores políticos como el PAN y algunas corporaciones mediáticas sigue con la bandera desde “el Inai no se toca”.

Pero la opacidad y las presuntas anomalías no son secretas al interior del Instituto Nacional de Transparencia. El 10 de diciembre de 2023, la comisionada Julieta del Río señaló públicamente que ella misma ha promovido denuncias ante el Órgano Interno de Control en contra de esas prácticas enquistadas, y acusó al actual comisionado presidente –Adrián Alcalá– de carecer de solvencia moral.

En aquella sesión extraordinaria, que derivó en la imposición de Alcalá por un solo voto del pleno (el de la entonces presidenta Blanca Lilia Ibarra, que ejerció la figura del voto de calidad), Del Río manifestó lo siguiente: “estoy convencida que la presidencia [del Inai] la debe encabezar una persona con calidad moral, que se necesita en este momento para enfrentar las adversidades. No es malo denunciar, no es malo ingresar denuncias, nadie puede estar en contra de la honestidad. Siempre he actuado apegada a mis valores personales, éticos y morales, durante toda mi trayectoria profesional. A pesar de la desinformación, yo soy una mujer limpia, congruente.

“Defendamos entonces las auditorías, que no nos molesten las auditorías, denunciemos la corrupción, denunciemos las peticiones del personal de este Instituto, no hagamos caso omiso y si alguien de la prensa me pudiera preguntar: ‘¿y usted lo ha hecho?’ Aquí están, desde 2021 que ingresé, todas y cada una de las denuncias, ingresadas donde deben estar, en el Comité de Ética y en el Órgano Interno de Control. Los pongo a su disposición. Pero no puedo, no, no, no, no puedo, es algo más fuerte que yo… no es el cargo, es

el encargo que yo tengo, yo voy de paso, pero quiero regresar a mi tierra

caminando como camino hoy, con paz y con libertad, porque eso no lo da una

silla, eso viene de otro lado. Entonces, bajo mi candidatura: no veo condiciones, no se quiere atender las denuncias, no se quieren atender las auditorías y la verdad necesito refuerzos.

“Por lo tanto y públicamente, porque yo no necesito una urna para esconder mi voto, porque siempre he denunciado en esta mesa de manera frontal todo lo que he visto en este Instituto. Mi voto será para Josefina Román.”

Excesos de los comisionados

En el Instituto Nacional de Transparencia, el problema viene de origen. El máximo órgano de fiscalización del país encontró casos de presunta corrupción en las cabezas de esa institución autónoma, que no incluyen excesos del pasado, como el caso del excomisionado Óscar Guerra Ford, quien destinó más de 22 mil pesos del erario nacional al pago de servicios en un table dance de la Ciudad de México, donde se cometía trata de personas en su modalidad de prostitución, revelado por Contralínea en noviembre de 2023.

Como parte de la intervención de la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero, se revisaron viáticos y pasajes nacionales e internacionales en el ejercicio 2022, que efectuaron los comisionados del Inai. Al respecto, se apunta que los comisionados y comisionadas activos en 2022 (Alcalá Méndez, Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Mauricio Guerra Ford, Norma Julieta del Río Venegas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román Vergara) presentaron CFDI que no correspondieron con los periodos de las comisiones autorizadas; incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas American Express sin acreditarlos con oficio de comisión; en pago de viáticos sin acreditar que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión; CFDI que no cumplieron con la totalidad de los elementos requeridos en los lineamientos, y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados.

Como esta publicación lo adelantó, la ASF documenta que el ahora comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá, utilizó la American Express para pagar consumos en cantinas y restaurantes de lujo, lo que se confirma en los informes finales. Mientras que en otros casos se comprobó que la tarjeta corporativa se usó en compras de medicamentos y artículos personales, y hasta para pagar cuentas del Walmart.

Los siete comisionados –de los cuales dos renunciaron por el escándalo del table dance– habrían incurrido en inconsistencias o incumplimientos por 1.4 millones de pesos en comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales.

 Ver documento completo

Hallazgos relevantes

Entre los hallazgos relevantes de las dos auditorías forenses que practicó la ASF al Inai también destacan compras presuntamente irregulares. Por ejemplo, se refieren adquisiciones en el ejercicio 2022 por 4 millones 66.7 mil pesos que no se sujetaron a los tiempos establecidos en al normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

También, la compra de tres vehículos en la que no se garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, pues uno de los participantes solicitó ampliar el plazo de entrega debido a al escases de unidades en al industria automotriz –derivado de la pandemia de covid-19–, lo que fue negado.

Aunado a ello, la ASF apunta en sus resultados que la investigación de mercado que realizó por el Instituto Nacional de Transparencia confirmó que había escasez de unidades y que los tiempos de entrega eran superiores a los 60 días naturales. Y aunque uno de los proveedores ofertó precios más bajos, fue rechazado porque incumplía el plazo establecido.

Para los auditores federales, las autoridades del Inai no dimensionaron las necesidades del Servicio de Soporte, Mantenimiento y Desarrollo de Aplicativos, lo que derivó en recursos adicionales erogados mediante la celebración de un convenio modificatorio para los servicios de noviembre y diciembre de 2022.

Además, se detectó que el Inai habría realizado pagos en exceso y no habría aplicado penalizaciones ni deducciones a la empresa B2B Mail &Courier Services, S de RL de CV, proveedor de mensajería y paquetería, por 1 millón 434.1 mil pesos. Ello, porque la empresa “no acreditó contar con el personal mínimo y que este cubriría el horario requerido, aunado a que los registros de asistencia difieren entre los reportes del Inai y el proveedor”.

Otro caso similar se observó en el servicio integral de limpieza para las instalaciones del órgano autónomo: “no se acreditó el total de elementos requeridos por día”. En ese caso, se apunta que se emitieron 762 recibos de nómina quincenales; sin embargo, 14 recibos no se vincularon con las listas  de asistencia por 37 mil pesos, pero 58 personas que aparecieron en las listas de asistencia no tienen recibo de nómina. Por ello, se determina que no se acreditó que dicho personal laboró en el periodo referido.

Aunado a lo anterior, en los archivos administrativos del Inai se encontró el pago de horas extras, lo que acreditó que no contaron con el total de elementos establecidos, para realizar al prestación del servicio.

Te puede interesar:

ASF revela que presidente del Inai usó American Express en cantinas

Comisionados del Inai pagan viajes, comidas y hasta Sabritas con dinero público