En Estados Unidos, con todo respeto, las corporaciones económicas tienen mucha influencia –más que los ciudadanos– en el Congreso, porque aportan dinero a los senadores y diputados, incluso a los presidentes, criticó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al abordar ampliamente las estrategias usadas por la estadunidense Vulcan Materials para ocultar el ecocidio de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo. “Entonces, cuando un senador llega a su cargo tiene que defender a la empresa que le dio dinero”, expuso.
El primer mandatario señaló que Vulcan Materials es muy influyente: “es una de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos, y tiene muchos defensores en el Congreso, senadores en el Congreso. Entonces, como esta empresa Vulcan desde el tiempo de Salinas y Zedillo recibió un permiso para extraer grava, arena, para explotar un banco de materiales en Playa de Carmen […], empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas, y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio”.
Afirmó que los permisos los otorgó Julia Carabias –a la que criticó por hacerse pasar ahora como paladina del medioambiente–, incluso para utilizar dinamita en una de las zonas más bellas del mundo.
López Obrador recordó que al asumir el gobierno se estableció diálogo con Vulcan para evitar el ecocidio, y al mismo tiempo la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el banco de materiales. “Nosotros, con el interés de llegar a un arreglo, les dijimos: Les compramos. Creo que por más de 2 mil millones [de pesos]. Se hizo un avalúo y les mandamos a decir, incluso les envié una carta ofreciéndoles comprarles la parte impactada, porque tienen como mil 500 hectáreas de selva de reserva, y les planteé que les comprábamos todo, más de dos mil hectáreas”.
A la par de esa propuesta, indicó, la empresa inició un juicio contra México. Incluso, reveló que “ya vinieron los jueces internacionales, ya vieron la destrucción, hace como seis meses. Que esto es independiente de la clausura que tiene la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente”.
Cuando el presidente López Obrador habló con el representante de Vulcan, éste aceptó los términos del acuerdo, que incluía no explotar más el banco de materiales para evitar mayores daños al ecosistema, pero mintió. “Como yo iba cada mes por allá y sobrevolaba para supervisar las obras del Tren Maya, luego ya cada 15 días, resulta que ya me tenían tomada la medida, ya sabían que iba yo el fin de semana; pero el lunes, el martes, el miércoles, que sabían que no iba yo, seguían sacando material. Y de repente voy, porque no lo creía, alguien me dijo: ‘No están respetando el acuerdo, siguen sacando material’. Entonces, fui como un lunes, un martes, un miércoles, y claro, ahí estaban las dragas”.
Por ello, el primer mandatario señaló que tras descubrir esta presunta anomalía intervino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: “ya tenía clausurado, pero ya fueron más estrictos en vigilar que ya no siguieran destruyendo el área. Bueno, nos pasamos como un año, les hicimos el ofrecimiento, también para que no fuesen malinterpretar que queríamos hacer negocio porque esta gente nada más piensa en eso, y ahorita voy a… Desde ahora hago un paréntesis para subrayar la hipocresía que significa levantar la bandera de evitar el cambio climático y al mismo tiempo estar destruyendo el territorio. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Y con qué autoridad, ética, moral, se habla de defender el medioambiente si se protegen estas cosas? Entonces rechazaron de plano la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso, hasta ayer, que creo que fue el señor Blinken al Congreso, y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadunidense”.
Acerca de las declaraciones de Blinken de que la expropiación del área afectada por Vulcan afectaría las inversiones, López Obrador señaló: “creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra, afectaban la inversión, cuando no”.
Claramente, el titular del Ejecutivo federal advirtió que México no quiere “atraer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio, no, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces, eso es lo que les puedo informar, no estamos expropiando, es una clausura, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio”.
Y reiteró que desde un inicio se buscó una salida consensuada, e incluso se les ofreció que en el área impactada y “cuidando el uso del suelo –porque ellos tendrían que rehabilitarla, porque ellos destruyeron esa área– que íbamos a ver si se podía poner algo ecológico aprovechando las albercas naturales que provocaron con toda la excavación que hicieron para sacar la arena y la grava; y que las mil 500 hectáreas de selva, que las íbamos a convertir en reserva natural protegida, es decir, no tocarlas, reserva natural protegida. Pero que no queríamos que ellos nos regalaran las mil 500 hectáreas, que se las comprábamos; no quisieron”.
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