Tras lo hechos de represión que se vivieron en la alcaldía Xochimilco, el pasado 5 de septiembre, existen diversas investigaciones, entre las que destaca una por el “posible uso excesivo de fuerza pública en la sede de la agencia del Ministerio Público Tlalpan III”.
De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, también se indagan otros hechos relacionados, como por ejemplo la “omisión de los policías de la demarcación, que presuntamente no actuaron durante los hechos ocurridos”. Y también, la indagatoria “por las agresiones al director general de Asuntos Jurídicos y Gobierno de la Alcaldía Xochimilco, Francisco Pastrana Basurto, quien presentó una denuncia por lesiones en su contra”.
En conferencia de prensa, el 7 de septiembre, Batres Guadarrama explicó que ya se tiene una reconstrucción de los hechos tanto de la manifestación, como de la violencia suscitada en ese contexto, por lo que se abrieron ya las investigaciones correspondientes, para deslindar responsabilidades.
“Quiero insistir, en el caso de Xochimilco, en tres conclusiones muy importantes: primero rechazamos la violencia venga de donde venga. La violencia nunca será un recurso político legítimo, no conduce a la resolución de ningún problema; la violencia solo genera más problemas. Dos, no vamos a solapar ningún abuso de autoridad. Tres estamos trabajando con la Fiscalía, solicitándole e insistiéndole para que se realicen las investigaciones minuciosas correspondientes sobre estos hechos ocurridos en Xochimilco”, expresó Martí Batres.
Asimismo, expresó que su gobierno ya solicitó a la Fiscalía General de Justicia que inicie las indagatorias en relación al grupo de personas que agredió a los manifestantes en la explanada de Xochimilco. Al respecto, detalló que por ese hecho no existen denuncias hasta el momento, por lo que llamó a las personas afectadas a realizarlas, a fin de que se sumen a la carpeta de investigación.
“Esta carpeta de investigación, como no tenemos hasta este momento ninguna denuncia, se puede abrir por lesiones y delitos que se acumulen con las denuncias que invitamos a hacer a las personas que fueron agredidas; a las personas que fueron agredidas las invitamos a realizar las denuncias, que se incorporarán a esta carpeta que se va a abrir en lo inmediato por lesiones, pero se va a ampliar por otros delitos que pudieran surgir a partir de las denuncias que se presenten”, dijo el jefe de gobierno Martí Batres.
Por su parte, el Congreso Nacional Indígena denunció que entre las víctimas hay integrantes de la comunidad otomí, que durante los hechos de represión fueron vejados y violentados. En un comunicado, aseguró que la represión ocurrió cuando un grupo de otomíes participaban en una movilización para exigir el cese a la persecución contra su compañera “Hortensia Telésforo, originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco, quien es criminalizada por la defensa de su pueblo”.
El CNI-CIG señaló que “alrededor de las dos de la tarde un grupo de cerca de 50 personas vestidas de civil, armados con palos y armas punzo cortantes, atacaron y persiguieron a compañeros, robaron cámaras y celulares, esto ante la mirada de los policías que se encontraban en el lugar. Compañeros del Frente de Pueblos y Barrios del Anahuac, la Asamblea General de San Gregorio Atlaplulco, miembros de medios libres y otros colectivos fueron golpeados, perseguidos y detenidos. Entre los compañeros agredidos hay gente de la tercera edad, jóvenes y mujeres”.
También indicó que “tras la detención de Anselma Margarito Francisco (comunidad otomí), Jorge Manuel Cancino García (Conciencia y Libertad, UNAM), Uriel García Rojas (Conciencia y Libertad, UNAM), Roberto Rodríguez Contreras (Coordinación Metropolitana), y Penélope Estefanía Galicia Argumedo (Radio Zapote), fue deliberadamente negada información sobre su paradero, manteniéndolos en calidad de desaparecidos, hasta que fueron trasladados a la fiscalía de Tlalpan, donde acudieron miembros de la comunidad otomí para manifestarse por su liberación y presentación”.
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